Familiares de los Detenidos Desaparecidos en la Operación Colombo y la familia Gallardo Rodríguez, víctimas en el caso Rinconada de Maipú, presentaron en los Tribunales de Justicia una querella criminal de asociación ilícita genocida contra civiles que resulten responsables en los montajes comunicacionales de la Operación Colombo de 1975.

La acción conocida como Operación Colombo, montada por el organismo represivo y de inteligencia de la DINA, fue llevada a cabo en conjunto con medios de comunicación, quienes escondieron y falsearon  información, por lo que se les acusa de encubrir delitos de lesa humanidad en dictadura.

Quien encabeza la lista de acusados es Agustín Edwards, dueño del conglomerado periodístico del diario El Mercurio (Emol, Las Últimas Noticias y La Segunda). A través de este último medio se publicó el titular “Exterminados como ratones”,  al referirse a la desaparición de 119 personas opositores al régimen militar. Junto a Agustín Edwards, se responsabiliza a Federico Willoughby y Álvaro Puga, entre otros.

La querella busca determinar las redes de colaboración y los responsables de los montajes. Para ello se considerará la declaración de los profesionales que fueron sancionados, por esta misma causa, por el Colegio de Periodistas en 2008.

Hiram Villagra, abogado en varios casos de derechos humanos y que lleva la causa, recalcó la importancia de la sanción penal contra quienes resulten implicados.

“Queremos derechamente una sanción al delito de asociación ilícita genocida, delito que tiene una penalidad baja pero es pena efectiva y creemos que corresponde una sanción penal. Porque acá, insisto, no hubo una cobertura, aquí hubo una colaboración, un consenso criminal en que se intentó crear un fantasma como parte de la operación de guerra sicológica”, puntualizó el abogado.

Por lo demás, la querella se unirá a la causa que lleva el ministro Mario Carroza, quien ya interrogó al dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, en la investigación sobre instigadores y causas de cómo se gestó el golpe cívico militar del 11 de septiembre de 1973.

Por su parte, los 25 familiares que firmaron la querella se encuentran organizados en la agrupación Colectivo 119, que reúne a familiares de las víctimas de la Operación Colombo y la familia Gallardo, afectada en el caso Rinconada de Maipú.

Roberto D’Orival, hermano de Jorge D’Orival detenido el 31 de octubre de 1974, es  coordinador del Colectivo 119. Respecto de la querella, recalcó en la importancia de que se haga justicia.

“Esperamos que en algún momento este país lea  en diarios como El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias un titular de similares características pero pidiendo perdón por su intervención, donde se rectifique la verdad, donde se diga que los nuestros efectivamente fueron detenidos, fueron torturados y hechos desaparecer en Chile, por organismos del Estado”.

Juan Carlos Chávez, hijo de Ismael Chávez Lobos, detenido el 26 de julio de 1974 y quien interpusiera por primera vez una querella criminal contra Agustín Edwards en septiembre de este año,  destacó la importancia de no dejar impune estos delitos, sobre todo en un año electoral.

“Más que nunca, previo a esta segunda vuelta que viene de las elecciones, queremos replantear lo que es la impunidad aquí en Chile. No queremos en que en el próximo gobierno se negocie con nuestros muertos”, aseveró.

Los familiares se encuentran a la espera de que los tribunales acojan la querella criminal, mientras hacen el llamado a que se sumen otras organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones para que defiendan la lucha por la justicia, el respeto por los derechos humanos y la verdad.

La presentación de la querella criminal se hizo en medio de la celebración internacional del día de los derechos humanos, a modo de reflexión y con el objetivo de llamar la atención de los medios de comunicación.

Recordemos que en el caso Rinconada, los periodistas sancionados con suspensión temporal de su colegiatura y censura pública fueron Claudio Sánchez, quien en 1975 trabajaba en el Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica; Julio López Blanco, Roberto Araya –el único expulsado–, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol (padre del sociólogo Alfredo Mayol, ex director de TVN y dirigente encargado de campañas de la UDI), todos de Televisión Nacional (TVN) – Canal 7, cuando ocurrió el montaje. Claudio Sánchez recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, pero su reclamo fue rechazado el 2 de junio.

Por la difusión de noticias falsas en la Operación Colombo fueron suspendidos y censurados públicamente los ex directores de medios Fernando Díaz Palma, de Las Últimas Noticias (de la cadena El Mercurio); y Alberto Guerrero Espinoza, de La Tercera; y la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio. Por haber fallecido, se declaró no imputables a los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda –también de El Mercurio–, Mario Carneyro.

El año 2008 el Colegio de Periodistas reconoció que no estuvo a la altura de las circunstancias ni de las demandas de información veraz de la ciudadanía durante los 17 años de dictadura, pero también advirtió que los vacíos legales todavía no garantizan una tuición ética efectiva de los colegios profesionales. Básicamente, quiso cerrar un capítulo bochornoso del periodismo y, a la vez, dar una señal política a los medios involucrados, que todavía guardan silencio sobre su responsabilidad en la fabricación y edición de noticias falsas.

Haciendo un poco de Historia

El presidente del gremio señaló en aquel entonces que «la impecabilidad de nuestro Tribunal Metropolitano como del Tribunal Nacional ha sido una vez más respaldada y reconocida, ahora por la Corte de Apelaciones de Santiago». Añadió que las instancias éticas institucionales «no juzgan personas, juzgan hechos, y en sus casos, estos juicios dicen que algunos de los nuestros abandonaron la esencia del periodismo. Por decirlo de algún modo, dejaron de servir al Periodismo, a la Verdad, a la Libertad, a la Humanidad, para servir a otros amos. En ese tiempo, dicen los tribunales, el Colegio dejó de estar del lado de ustedes. Por eso hemos venido a pedirles perdón. Por eso les ofrecemos nuestras excusas públicamente». Asimismo, precisó que «si algunos periodistas, en algunas oportunidades, y el Colegio de Periodistas como institución no estuvieron a la altura, nuestros medios de comunicación, aquellos para quienes trabajábamos, aquellos que eran dueños de las cámaras, de los micrófonos, de las rotativas, también hicieron su parte y de ellos hasta hoy no he escuchado palabra alguna«. Señaló que «los periodistas y los medios nos sentimos autorizados a pedir cuentas a todos, a exigir transparencia a todos, a inmiscuirnos en la vida de todos», pero, «lamentablemente aún no se ven con la frecuencia que debiera nuestras propias cuentas públicas, la cuentas de los medios, los defensores del lector, del auditor; aún no se ve una actitud socialmente responsable de rendición de cuentas en la prensa chilena y quizás cuantas veces más estaríamos obligados a pedir perdón, no sólo por lo que pasó hace treinta años, sino por la falta de rigor o de impecabilidad en que incurrimos ayer o anteayer».

En la oportunidad, Alfredo Taborga, señaló que «así como la Constitución defiende a los medios de comunicación, así también debe defender a la sociedad contra el manejo interesado y manipulador de la verdad que pueden hacer esos medios». Puso de relieve «la necesidad de que se establezca, también con rango Constitucional, el derecho de la sociedad a estar adecuada, oportuna y verazmente informada, no sólo con el criterio del medio que entrega la noticia sino con aquel que respete la verdad, independientemente de los intereses empresariales, gubernamentales o municipales de los propietarios de medios».

«El Tribunal Metropolitano en una instancia que puede proyectarse ante la ciudadanía como un referente al que pueden concurrir los habitantes de Chile cuando estimen que los periodistas no estamos cumpliendo a cabalidad nuestras obligaciones éticas en el ejercicio profesional», dijo Taborga. Añadió que el Colegio de Periodistas «tiene la seriedad de poder investigar conductas y sancionar cuando corresponda a los periodistas que puedan apartarse del camino ético con que deben cumplir su deber en la sociedad».
«Y lo estamos haciendo adecuadamente, tal como lo acaba de ratificar la Corte de Apelaciones al rechazar la apelación impuesta por el colega Claudio Sánchez contra un fallo que lo sancionó en el caso Rinconada de Maipú. La Corte estableció que lo obrado por nuestra instancia fue correcto, apegado a las disposiciones y normas vigentes y con el respeto a las formalidades del caso», puntualizó.

Taborga llamó la atención ante «la total impunidad que hasta el día de hoy existe sobre un personaje que en todas las declaraciones e instancias de la investigación del caso (de Los 119) aparecía como un responsable central», incluso reconocido por altos miembros de la dictadura y en los documentos desclasificados de EEUU: «Me refiero, dijo, a un personaje que se hacía llamar Álvaro Puga o Alexis, del cual nunca más se tuvo noticias». Añadió que «con los escasos medios de los tribunales de nuestro colegio, se pudo establecer su alta participación en el montaje de estas operaciones de inteligencia que significaron una burla sangrienta para todo el pueblo de Chile».

Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de La Rinconada, expresó complacencia porque el Colegio “haya sido capaz, en forma auto crítica, realizar un acto simbólico de esta naturaleza por hechos ocurridos hace 33 años”. Dijo que la importancia de este acto, la vemos en el contexto de la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado, por sanidad mental, pero también la vemos en el contexto de dar un ejemplo, en tanto podemos sacar enseñanzas y conclusiones, para el presente y el futuro”. Agregó que “estas enseñanzas que son consecuencias de aquellos hechos de dolor, son las que aspiramos a que lleguen hasta las mismas personas que planearon, manipularon, ejecutaron y difundieron las distorsionadas informaciones que nos enlodaron”.
“Hoy comprendemos ¡qué distintas! pudieron haber sido las cosas, si aquellos periodistas, en esos momentos, hubieran usado todos esos medios todos esos recursos para decir la Verdad. La verdad de los terribles hechos de represión que sufrimos no sólo en este caso, sino también en un espectro más amplio, como pueblo chileno, durante 17 años de Dictadura Militar. Vemos en este acto un valor profundo, contenido en este gesto que el Colegio de Periodistas nos está ofreciendo; este valor es uno de los más preciados, de los más nobles de los seres humanos: el de asumir una culpa y pedir una disculpa; también vemos que en este acto, el gremio de los periodistas está asumiendo, colectivamente, la responsabilidad que le cabe a unas cuantas personas, con nombres y apellidos, lo que le da un valor mucho más alto; es decir, el Colegio nos está dando una Cátedra Magistral en tanto está asumiendo la responsabilidad de personas que no se han hecho cargo de sus actos”.

Roberto D’Orival, hermano de uno de Los 119, recordó que el periodista José Carrasco Tapia, asesinado por órdenes del esbirro Álvaro Corbalán en 1986, encabezó una huelga de hambre en la cárcel para denunciar en 1975 que la Operación Colombo era un montaje periodístico de la dictadura. Añadió que todavía quedan tareas pendientes en la cobertura de los medios, como “la constante criminalización y estigmatización de las protestas populares, en particular los reclamos de los estudiantes y el movimiento mapuche, sometidos, además, a una feroz represión”.

Hay que recordar también que el periodista Jorge Escalante destacó que Julio López admitió que al Canal 7 (TVN) llegaban agentes de la DINA a pautear a los editores y periodistas, y que estos entregaban incluso los libretos de lo que había que difundir. Además, conducían a los reporteros y camarógrafos a las locaciones de supuestos enfrentamientos, como ocurrió en Rinconada de Maipú.

Jorge Escalante señaló que en 1987, Julio López fue contratado por Álvaro Corbalán, el entonces jefe del cuartel Borgoño de la Central Nacional de Información (CNI), ex DINA, como “subdirector” de la revista “A Fondo”, creada para la difusión del movimiento Avanzada Nacional, un invento del sicario Álvaro Corvalán en sus esfuerzos por convertirse en líder político del pinochetismo.

También reveló que el ex director de La Tercera, Alberto Guerrero, fue estrecho amigo de Álvaro Corbalán. Asistió a una cena de gala el 13 de junio de 1987, en el hogar del sicario, «horas antes de que la dictadura asesinara a doce militantes del FPMR entre los días 15 y 16 de junio de 1987«, en la Operación Albania, afirmó Escalante. Su fuente es la hoja de la guardia de la CNI que custodiaba el ingreso a la casa de Corbalán, adjuntada «a fojas 5163» del expediente del proceso abierto por esta masacre: “A esta hora (la hora aparece borrada) ingresan los siguientes invitados: Patricio Vildósola y señora, Carlos Portales y señora, Sergio Miranda y señora, Carlos Cruz Coke y señora, señorita Dennis, Benjamín Matte y señora, Miguel Ananías y señora, Guido Poli y señora, Alberto Guerrero y señora, René Sotomayor y señora, Juan Carlos R. y señora, Manfredo Mayol y Willy Bascuñán”. Hoy Corbalán está preso por el asesinato del periodista José Carrasco, la Operación Albania y otros crímenes.

La «Operación Colombo» fue «montada en 1975 por el régimen militar (1973-1990) para encubrir la desaparición de 119 personas opositores a la dictadura, en la que incluso se fabricaron revistas ficticias en Argentina y Brasil para vincular las muertes a pugnas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)». En efecto, «las fuentes de información» de El Mercurio fueron las publicaciones O Novo Diario y Lea, que aparecieron en Brasil y Argentina por una sola vez, sólo para dar la «noticia» de dos enfrentamientos en «las pampas argentinas», donde hubo un total de 119 «extremistas muertos en combate», 60 ante la Gendarmería y 59 que “se mataron entre ellos mismos, por diferencias políticas”.

La prensa de entonces publicó titulares como «Exterminados como ratas», por las circunstancias en las que las 119 víctimas habían sido detenidas en Chile meses antes y por su posterior desaparición desde campos de tortura de la policía secreta, como constaba en los diversos recursos de amparo presentados por sus familias ante los tribunales que fueron rechazados». Ese título fue utilizado por el vespertino La Segunda, de la cadena periodística El Mercurio.

Por, David Rubinstein

El Ciudadano