Pese a que Puebla fue el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de agresiones a periodistas, la entidad aún no cuenta con una legislación para proteger a los trabajadores de la comunicación, mientras que los protocolos de atención y la Comisión local de protección no han emitido medidas contundentes para frenar la problemática.
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En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció que Puebla, junto con otros 13 estados, no cuentan con una ley propia que establezca los lineamientos y casos en que se deba actuar en defensa de la prensa.
Desde entonces, dos diputadas de la LXI legislatura manifestaron su intención de impulsar una legislación que llene este vacío legal. La primera fue la representante de Puebla capital por Morena, Xel Arianna Hernández, quien desistió luego de señalar que para expedir una ley se tendría que llegar a un acuerdo con el gremio.
De igual forma, la legisladora panista del distrito 16, Guadalupe Leal Rodríguez, anunció que buscaría una ley para la protección de periodistas y activistas, no obstante, durante su informe de labores 2023 reconoció que seguía “trabajando” en el proyecto.
La única propuesta de su tipo que llegó al Poder Legislativo se presentó durante la LX legislatura, cuando la diputada de Morena, Bárbara Morán Añorve, con la cual buscaba tipificar en la ley que el Estado poblano debe garantizar la libertad del ejercicio periodístico.
Mecanismos existentes
En la entidad poblana, desde 2017 el gobierno local estableció la Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, no obstante, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación estatal carece de recursos para su funcionamiento.
Así lo advirtió el Observatorio de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana, en su reporte “Balance de la situación de derechos humanos en Puebla”, publicado el pasado 10 de diciembre de 2023
Por otra parte, está la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), no obstante, fue hasta octubre de 2022 cuando se emitió el protocolo de atención especializada para estos casos.
Destaca que desde 2021 hasta junio de 2023 se han iniciado apenas siete carpetas de investigación por crímenes contra el gremio, entre los cuales figura las amenazas, abuso de autoridad, lesión dolosa y una averiguación por homicidio, según las cifras difundidas por la Ibero.
A nivel nacional, fue expedida la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la cual se crea el mecanismo por el cual se salvaguardan a víctimas y posibles víctimas.
En el país, la libertad de expresión y a la información es un derecho humano, consagrado en los artículos 6, donde se señala que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, mientras que el sucesivo dice a la letra “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión”.
Puebla cuarto lugar en agresiones
La organización Artículo 19 documentó que Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en agresiones a periodistas, con 18 casos durante el primer semestre del año. A nivel nacional, sumaron 272 denuncias.
Según datos de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, desde 2019 hasta junio de 2023 suman 41 quejas por violaciones a las garantías de los periodistas.
Uno de los últimos altercados contra la prensa ocurrió en San Pedro Cholula, en el marco del informe de gobierno de la alcaldesa panista Paola Anón Silva, cuando la policía municipal reprimió una protesta civil y detuvo al reportero Juan Carlos Cacho, quien documentó agresiones físicas.
También este año ocurrió la retención presuntamente ilegal y agresión sexual contra dos periodistas en Izúcar de Matamoros, gobernado por la morenista Irene Olea Torres. Las reporteras Michelle y Natalie Hoyos denunciaron que policías municipales las detuvieron, mantuvieron aisladas y las agredieron sexualmente mientras permanecían en los separos.
Asesinan a cuatro periodistas en Puebla
En 11 años, hay registro de cuatro asesinatos de periodistas en los cuales se presume que el crimen estuvo relacionado con su labor. El último fue el de Marco Aurelio Ramírez, quien fue ultimado en Tehuacán el 23 de mayo.
El 14 de septiembre de 2016, fue asesinado Aurelio Cabrera Campos, cuando regresaba a su hogar en Huauchinango tras imprimir su semanario “El Gráfico de la Sierra” en Xicotepec.
El 15 de abril de 2013, en la ciudad de Puebla, el periodista y exconductor del noticiero “Hechos en Guerrero”, Alonso de la Colina Sordo, fue ultimado a balazos, mientras que un año antes murió Adrián Silva Montero.
Ilustración: Iván Rojas
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