Rodolfo Carter (exmilitante UDI), José Manuel Palacios (vicepresidente del partido UDI), Isabel Valenzuela (UDI), son algunos de los alcaldes que han solicitado un estado de excepción Constitucional dentro de la Región Metropolitana, una discusión que ha sido constante a nivel país por la crisis de seguridad, el alza de homicidios y delincuencia.
Esta opción, ha sido respaldado por el gobernador Claudio Orrego, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), Ximena Ossandón (RN), Cristián Araya (Republicano), y también desde el oficialismo, en donde se han sumado cada vez más diversos políticos y autoridades.
Es necesario destacar que, el Estado de Excepción Constitucional, es una herramienta que restringe y limita las libertades de la población, y se realiza cuando existen razones extraordinarias que afectan a las personas y el orden público. Además, en caso de que se realice, las calles se encontrarían militarizadas.
Según Ciper y «la evidencia comparada»: «incorporar a las FF. AA. en acciones de seguridad pública, tanto en prevención como control, tendría una incidencia negativa tanto para las comunidades, las instituciones (armadas y policiales) y el propio Estado de Derecho, lo que demostraría ser una medida errónea. Su participación en tareas de control de orden público puede generar incremento de violaciones a los derechos humanos (en general, por uso desproporcionado de la fuerza) y mayores niveles de violencia y de número de víctimas civiles no involucradas en hechos delictivos, lo cual, en suma, debilitaría la propia legitimidad de las funciones de este tipo de agentes y del Estado en su conjunto».
Esta ha sido una interrogante que ha marcado al país durante el último tiempo, principalmente porque quienes lo han solicitado públicamente, han sido alcaldes o políticos de la oposición ante el alza de homicidios en la Región Metropolitana, pidiendo que sea de «carácter nacional».
Hay que resaltar también, que esta opción incluso ha sido criticada desde la misma derecha, Codina (RN), alcalde de Puente Alto, mencionó en una entrevista con Tele13 que: «cuando las personas creen que la única solución para el problema de seguridad es colocar a los militares en la calle, nos equivocamos, porque vamos a dejar de poner el acento en los cambios institucionales y de coordinación que necesita Chile». Agregado a esto, ha enfatizado en que es una medida prejuiciosa y discriminatoria hacia algunos sectores del país.
Acorde a esto, el presidente Gabriel Boric, ya lo ha descartado anteriormente, destacando que es una labor que se debe combatir a través del fortalecimiento de las policías y medidas políticas.
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