Durante la jornada de este jueves, Fiscalía Metropolitana Oriente fijó la fecha de formalización de la periodista Lorena Díaz, por el polémico caso de la filtración de un audio desde Cancillería, lo cual gatilló la salida de la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, hace casi un año.
En la audiencia de formalización programada para el próximo 12 de febrero a las 11:00 horas, a la exdirectora de comunicaciones de la Cancillería se le imputarán cargos por delitos contra la vida y la privacidad de las conversaciones.
La solicitud, ingresada el pasado 5 de enero por la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien dirige la causa, le asigna la calidad de autora del mencionado delito anteriormente.
El audio filtrado el 24 de enero de 2023, correspondió a una conversación privada en dependencias del ministerio a cargo de las relaciones internacionales, donde la entonces canciller Antonia Urrejola se refirió en duros términos sobre el embajador de Argentina en nuestro país: Rafael Bielsa, luego que éste criticara el rechazo del Comité de Ministros al proyecto portuario Dominga.
Recordemos que fue el 24 de enero cuando se filtró un audio de una reunión donde la Cancillería debate su molestia y la respuesta a las críticas del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.
En la instancia se escuchó hablar a Urrejola, con un lenguaje informal e incluso insultos.
“Es que sabí qué, basta, este hueón hace lo que quiere cuando tiene ganas ¿y la explicación es que está loco?”, dijo en la conversación.
La frase de la exministra de Relaciones Exteriores, se filtró a la prensa “por error” generando un impasse internacional de proporciones en enero del año pasado.
Además, la filtración se dio justo en el momento en que el presidente Gabriel Boric se encontraba en una gira en Buenos Aires, específicamente en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Tras la polémica, Lorena Díaz presentó su renuncia a la cartera, mientras que Urrejola entabló una denuncia ante el Ministerio Público y ordenó un sumario administrativo buscando dilucidar el entuerto.
El presidente Boric la reemplazó por el exagente de Chile ante La Haya, Alberto Van Klaveren, en marzo del año pasado.
La investigación de la fiscalía se centró en la eventual vulneración del artículo 161 A del Código Penal, introducido luego del denominado kiotazo que involucró a Evelyn Matthei y Sebastián Piñera en el año 1992, que castiga con 500 UTM conversaciones realizadas en recintos particulares o sitios sin libre acceso público.
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