Un informe de auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía reveló que en -al menos- cinco oportunidades, la Sociedad de Profesionales Chikawal Ltda. habría recibido montos de entre 4 a 80 millones de pesos, de forma irregular, a través de la adjudicación de licitaciones por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para el desarrollo de proyectos vinculados a las lenguas originarias.
Según el informe N° 728 de 2023, la mencionada consultora se constituyó el 1 de febrero de 2023, y su objetivo principal está relacionado con la instalación de procesos pedagógicos para la recuperación de lenguas originarias desde la primera infancia.
Aunque en los concursos públicos en los que participó la sociedad solicitaban en sus bases varios años de experiencia, la sociedad limitada Chikawal -a los 28 días de ser creada- recibió 80 millones de pesos en la adjudicación de una iniciativa que pretendía revitalizar la lengua williche en jardines infantiles y establecimientos educacionales en sus niveles medio menores.
En las 60 páginas del informe, el ente fiscalizador dio cuenta de una serie de observaciones que, en la mayoría de los casos, se repiten. ·Desde la primera solicitud, se corroboró que la coordinadora no acreditó experiencia laboral parvularia, requisito esencial para adjudicar los recursos públicos, pero sin perjuicio de ello se le asigna “irregularmente el máximo puntaje”, señaló el ente contralor.
También se pudieron constatar diversos incumplimientos «relacionados a la experiencia de miembros del equipo; falta de experiencia ante lo establecido en las bases -tanto en tiempo como en cantidad de trabajo- para la realización de los proyectos; falta de criterio objetivo para medir lo que se entiende por “mejor, mediana, y menos calidad” o qué patrones se utilizarán como referencia para asignar el puntaje. Pese a todas estas observaciones, Chikawal siempre recibió el puntaje máximo para conseguir los recursos», indicó la Contraloría en una nota de prensa.
Luego de la primera ocasión, la sociedad siguió solicitando ingresos: $44 millones; $80 millones; $4 millones; y $37 millones más, hasta completar los 245 millones de pesos que se le traspasaron de forma irregular.
Ante los hechos observados y sobre los cuales la Conadi adjudicó cinco propuestas señaladas a la consultora Chikawal, la Contraloría decidió abrir un sumario con la finalidad de establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su acción u omisión permitieron los hechos descritos.
En paralelo, los antecedentes fueron derivados a las demás entidades estatales correspondientes para que, conforme a sus atribuciones, evalúen las acciones legales pertinentes.
Detalle de las licitaciones
La fiscalización del ente dirigido en subrogancia por Dorothy Pérez analizó dos procesos de licitación entre Conadi y Chikawal en el periodo comprendido ente 1 de enero y el 31 de julio de 2023, para determinar si los cinco procesos en los que la organización dirigida por Ana Chicahual -exintegrante del directorio de la Corporación Longo Kilapang- y Claudio Chicahual, se había ganado las licitaciones se ajustaron a las disposiciones legales y reglamentarias.
Tras el análisis pertinente, llegó a la conclusión que aquello no ocurrió, por loque derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Segín consignó La Tercera una de las primeras licitaciones adjudicadas a Chikawal fue de parte de la dirección regional de Los Lagos de la Conadi por un monto $80 millones, destinado a crear procesos pedagógicos de recuperación de la lengua williche en jardines infantiles y colegios de la región.
Sin embargo, en dicho proceso, la Contraloría irregularidades como el hecho de que la coordinadora del proyecto no acreditó la experiencia profesional, por lo cual jamás debió haber ganado la licitación.
En ese mismo proceso, se identificó también la falta de experiencia de otro miembro del equipo de Chikawal, el cual tampoco demostró su historial laboral según lo establecido en las bases de licitación.
Con base en estas irregularidades, la entidad fiscalizadora determinó que “la decisión de ese servicio de adjudicarle la aludida licitación pública no se ajustó a derecho. Sin perjuicio de lo anterior, además se le asignó irregularmente el máximo puntaje en el rubro citado”.
En otro proyecto por $44 millones en Antofagasta, en el cual se le solicitó a la organización dirigida por los Chicahual, ofrecer información respecto a la experiencia con la que contaba y describir su trabajo durante los últimos cinco años, lo que debía acreditar para poder adjudicarse el proyecto, Chikawal “omitió mencionar que no cuenta con experiencia como consultora”.
En este proceso de licitación también se corroboraron una serie de errores sobre el puntaje que se le asignó a la sociedad para ganarse la licitación. Según el cálculo realizado por el ente fiscalizador s se pudo concluir que de haberse hecho correctamente serían 52 puntos, por debajo de los 60 mínimos requeridos para participar en el proceso.
La última licitación que Contraloría señala que no debió adjudicarse a Chikawal, también es en Antofagasta e incluyó el traspaso de recursos por $37 millones, para la masificación de las lenguas quechua y ckunsa.
En dicho proceso se le otorgaron 60 puntos ala organización por tener un equipo con experiencia de entre uno y dos años; sin embargo, se pudo comprobar que el coordinador de la iniciativa tenía solo seis meses de experiencia y que correspondía, precisamente, a las otras licitaciones ganadas.
Adicionalmente, la Contraloría estableció que otras dos licitaciones si bien pudieron haberse adjudicado, presentaron una serie de irregularidades en su evaluación. Una de estas fue por $80 millones en las regiones de Biobío y Maule para la enseñanza de lengua mapuche en jardines infantiles y colegios.
«En las bases de dicho proceso se determinó que no existía un criterio objetivo para evaluar las ofertas, pese a eso la propuesta de Chikawal “fue calificada con el máximo puntaje en estos criterios, sin que se advierta del análisis del acta de evaluación de la comisión al efecto, el razonamiento que se tuvo a la vista para arribar a tal conclusión”. Irregularidades de similares características que se detectaron en el proceso de licitación de unos cursos de capacitación sobre patrimonio indígena adjudicados a la organización constituida meses antes», señaló La Tercera.
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