El Parlamento ugandés ha aprobado este viernes una ley que prevé la condena a cadena perpetua para quienes mantengan relaciones homosexuales «con agravantes». El borrador del proyecto de ley, convertido hoy en ley, fue presentado en 2009 con penas tan severas como la condena a muerte.
El Parlamento aprueba la Ley Anti-Homosexualidad, que en un borrador anterior contemplaba la pena de muerte.
Los supuestos que contempla la norma incluían la violación homosexual, las relaciones con menores de edad y discapacitados o cuando el acusado sea portador del VIH. Sin embargo, la revisión del texto suprimió la pena de muerte en cualquier caso. La mayoría parlamentaria, en poder del gubernamental Movimiento de Resistencia Nacional, rechazó hoy una propuesta para reducir la pena de cadena perpetua en algunos supuestos de relaciones homosexuales a una condena de 14 años de cárcel.
Tras la aprobación de la nueva Ley Anti-Homosexualidad, los diputados ugandeses votaron a favor de una moción para agradecer al presidente de la Cámara este «regalo». El Parlamento de Uganda aprobó ayer mismo otra ley contra la pornografía, y que prohíbe el uso de prendas como las minifaldas, que ahonda en la línea de intolerancia legislativa en el país del Este de África. La homosexualidad ya estaba tipificada en Uganda como delito, pero la nueva ley endurecerá las penas previstas para la comunidad gay. En la actualidad, muchos países africanos consideran ilegal la homosexualidad, y las autoridades, como en los casos de Uganda o Zimbabue, han hecho declaraciones en términos muy agresivos,
Amnistía Internacional (AI) ha pedido al presidente ugandés, Yoweri Museveni, que vete la ley por constituir una «discriminación salvaje» y un «asalto a los derechos humanos». «Además de violar los derechos a la intimidad, a la vida familiar y la igualdad, la ley amenaza la libertad de asociación y expresión. Se institucionaliza la discriminación contra los homosexuales», advierte la organización en un comunicado.
La aprobación de esta norma «supone un paso atrás» para un país que, a su juicio, había hecho «importantes avances» en materia de derechos humanos durante los últimos años. El pasado 10 de septiembre el Parlamento de este país trasladó una lista de derechos humanos a los legisladores para que las nuevas leyes no atentaran contra los derechos y las libertades protegidos por su Constitución. «Lo de hoy demuestra que se ha hecho caso omiso de este compromiso», lamenta Amnistía Internacional, que advierte que la nueva ley también institucionalizará «el odio y los prejuicios» contra la diversidad sexual.
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