En respuesta al asesinato del fiscal antimafia César Suárez y como parte de una intensificación en la lucha contra la creciente violencia criminal, cientos de militares y policías realizaron un extenso operativo en el complejo penitenciario de Guayaquil, Ecuador.
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El comandante de la Policía, general César Zapata, anunció la detención de dos sospechosos vinculados al asesinato de Suárez. Las imágenes compartidas revelaron la incautación de armas de fuego, municiones y uniformes en la operación, enfocada en el Centro de Privación de Libertad Guayas, donde recientemente se había fugado Adolfo Macías, alias «Fito», líder de una temida banda narco.
Este operativo se enmarca en una serie de eventos que han sacudido a Ecuador, incluyendo la toma de un canal de televisión y la declaración de un «conflicto armado interno» por parte del presidente Daniel Noboa.
La fiscal general Diana Salazar, quien denunció amenazas de muerte, destacó los vínculos entre las bandas criminales y altas esferas del poder, señalados en la investigación Metástasis.
La escalada de violencia llevó a una respuesta sin tregua por parte del gobierno de Ecuador contra una veintena de bandas. La operación ha resultado en más de 20 mil 800 operativos y la detención de mil 975 personas, marcando una intervención significativa en cárceles y calles, aunque ha generado preocupaciones de organizaciones de derechos humanos.
El fiscal Suárez, reconocido por destapar la infiltración de mafias en el sistema judicial y escándalos de corrupción, fue asesinado mientras investigaba ataques armados y el ocupamiento de un canal de televisión. Su trabajo también reveló conexiones entre bandas criminales y figuras de alto perfil.
La respuesta del gobierno de Ecuador incluye el fuerte compromiso del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en apoyar a las instancias de la administración de justicia. La situación se complica con la fuga del líder de la banda «Los Lobos», generando una crisis en las prisiones.
Estos eventos resaltan los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, subrayando la importancia de abordar de manera integral los problemas sociales y judiciales para garantizar la seguridad y la justicia en el país.
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Foto: Archivo El Ciudadano
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