La empresa Aes Gener reconoció falla en Termoelectrica de Ventanas (Central Campiche), controvertida central que fue aprobada a pesar de diversos fallos judiciales que rechazaron su emplazamiento, en una zona declarada saturada de contaminación y material particulado tóxico, y siendo un evidente peligro para la salud de seres humanos, evidenciado en las diversas demandas ciudadanas de la población expuesta al peligro altamente contaminante, de ex trabajadores y niños (Escuela La Greda) como para los ecosistemas y la biodiversidad.
Tras el varamiento y muerte de millares de sardinas registrado la noche de este martes 24 en la Caleta de Ventanas en Puchuncaví, la empresa AES Gener, que mantiene una de las termoeléctricas en la zona (Central Campiche), reconoció a través de un comunicado que debió paralizar sus faenas tras una falla en la central Ventanas, que coincide con la mortandad de peces en la costa de Quintero.
En el comunicado se señala que “a las 21:26 horas del martes 24 de diciembre de 2013, la unidad 4 de la central Ventanas, (conocida como Central Campiche) que se encontraba hasta ese momento con todos sus parámetros operacionales normales, dentro de los márgenes establecidos, y generando 273 MW, sufrió una interrupción intempestiva de su operación a raíz de una obstrucción en el sistema de enfriamiento por agua de mar”.
La versión de la empresa generadora de electricidad indica que “en la inspección en terreno del sistema de enfriamiento se detectó el ingreso de una avalancha de peces pequeños (del tipo sardinas) a los pozos de agua de entrada, los que por razones que se investigan, coinciden con el varamiento de peces en la bahía de Quintero”.
La nota señala además que “Central Ventanas y su unidad 4 se encontraban operando en pleno y cabal cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental vigente. Al momento de producirse este hecho fortuito, la central se encontraba con sus barreras y mecanismos preventivos conforme a lo que la regulación exige”.
Finalmente, según la versión de AES GENER “actualmente, la unidad 4 de Ventanas continúa fuera de servicio y la compañía se encuentra trabajando en la normalización de sus sistemas operativos para proceder a conectarla nuevamente al Sistema”.
La falta de Regulación Ambiental
En Chile, al menos un quinto de las termoeléctricas en operación funciona sin ninguna regulación ambiental.
Una de cada cinco de estas centrales fue aprobada antes de la primera Ley Ambiental de 1994, razón por la cual no integran medidas de mitigación ni participación ciudadana, mientras que la totalidad de ellas funciona desde antes de la nueva Norma para Emisión de Termoeléctricas, que entró en vigencia en julio pasado pero con efecto retroactivo diferenciado entre plantas antiguas y nuevas.
Lo delicado de esto es que al menos 46 plantas, equivalentes al 19,2% del total de la matriz eléctrica de Chile, funcionan con tecnología muy antigua y contaminante, puesto que fueron autorizadas antes de que se creara en 1994 el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto significa que no tienen medidas de mitigación, compensación y reparación, y tampoco se sometieron a ninguna participación ciudadana.
Más aun, la totalidad de las plantas térmicas de Chile existen desde antes de la nueva Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, vigente desde julio de 2013 para limitar las emisiones de material particulado fino, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y mercurio. Esta norma tiene un efecto retroactivo relativo, puesto que es más laxa para las plantas más antiguas y sólo aplica totalmente para las plantas que se inauguren en adelante.
El subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Guillermo Jiménez, ya ha señalado anteriormente que “lamenta que el sector público no tenga injerencia sobre la definición de mantener estas tecnologías antiguas”.
Las empresas dueñas de la mayor cantidad de estas plantas son Endesa, Colbún y AES Gener, mientras que las 10 comunas que concentran más termoeléctricas o aquellas de mayor tamaño y también más contaminantes, son las que se ubican en Puchuncaví, Tocopilla, Coronel, Quillota, Copiapó, Mejillones, Tal Tal, Diego de Almagro, Huasco, y Cabrero.
Oceana hace llamado a las autoridades
Mientras tanto la organización internacional de conservación marina Océana llamó a las autoridades de gobierno a no autorizar la operación de la termoeléctrica Ventanas 4, conocida como Central Campiche, hasta que se determine su responsabilidad en la muerte de miles de sardinas que aparecieron varadas en la playa de Ventanas el pasado 25 de diciembre.
“La empresa ya reconoció que la central tuvo que paralizar su operación luego de haber succionado miles de sardinas las que luego expulsó hacia la playa. Debido a la gravedad de los hechos, esperamos que no se autorice su operación mientras se determina su responsabilidad en esta muerte masiva de peces”, señaló el director ejecutivo de Oceana, Alex Muñoz.
Los mismos habitantes de Ventanas alertaron el 25 de diciembre sobre el varamiento masivo de sardinas en la playa aledaña al complejo industrial donde se encuentran las termoeléctricas y la fundición de cobre (Ventanas). Es sabido que las termoeléctricas producen la muerte de especies al succionar millones de litros de agua por hora y al usar fuertes químicos antiincrustantes en grandes cantidades. Tanto la autoridad marítima como el Servicio Nacional de Pesca se encuentran investigando las causas de este hecho y la responsabilidad que le pueda caber a la termoeléctrica Campiche.
Los habitantes de Ventanas aseguran que el problema no se limita a este episodio, sino que sufren permanentemente los efectos de la grave contaminación producida por las industrias de la zona. Estudios realizados por Oceana en conjunto con el laboratorio GCL de la Fundación Chile revelaron que el 100% de las especies analizadas estaban contaminadas con cobre, arsénico y cadmio. De ellas, los valores más altos se detectaron en los locos del área de manejo de la Playa el Tebo, con 5 veces más cobre y 4 veces más arsénico que lo que permite la normativa chilena, y 5 veces más cadmio de lo que permite la norma europea.
“Las termoeléctricas a carbón están provocando costos sociales enormes para las comunidades locales, tanto en términos ambientales, económicos como de salud. Se deben tomar medidas mucho más profundas y urgentes para reemplazarlas por fuentes limpias, que son especialmente abundantes en Chile”, comentó Alex Muñoz.
CAMPICHE Y WIKILEAKS. LA PRESION DE ESTADOS UNIDOS
Durante el año 2009, Aes Gener, la embajada de Estados Unidos y varios ministros se encargaron personalmente de encontrar una solución a la paralización de las obras de la planta a carbón que la Corte Suprema había ordenado detener ese año 2009. Labor que rindió sus frutos a través de una silenciosa modificación hecha a la medida de la Central Campiche de Aes Gener, dando la espalda a la voz de la ciudadanía y a los fallos de los tribunales. Hoy, los pobladores de Puchuncaví continúan pagando las consecuencias. Según consignó en la época el periódico El Mostrador.
Tras diversas reuniones, en el año 2009, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, una carta escrita por el secretario de Comercio de Estados Unidos llegó a manos de varias autoridades. Entre ellos al asesor internacional de Bachelet, Marcos Robledo, quien se comprometió a hacerle llegar la misiva en que se reconocían los esfuerzos del gobierno para encontrar una solución al problema de Aes Gener (Central Campiche) y donde además se solicitaba que se tomaran las medidas adecuadas.
La carta también llegó a las carteras de Interior, Energía y Economía, donde estaba Hugo Lavados. Todos los ministros, según el cable fechado el 20 de noviembre de 2011, indicaron que eran conscientes de la situación y de la necesidad de que el gobierno de Bachelet resolviera el asunto para evitar un impacto negativo en el clima de inversión en el país.
El 9 de noviembre, el embajador de Estados Unidos, Paul Simmons, se reunía con la ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Patricia Poblete Bennet (y esposa del DC Jorge Navarrete), para entregarle una copia del documento y para presionar por una pronta solución a Campiche. Según el cable, la ministra hizo grandes esfuerzos para tranquilizar a Simons, afirmando haber recibido muchas peticiones para que Aes Gener pudiera reanudar el trabajo en la planta, “incluyendo una llamada de la Presidenta Bachelet”, señalando que era un tema prioritario y que el objetivo del gobierno era resolver el problema antes de fin de año. Lo que efectivamente se logró.
En el encuentro, Patricia Poblete Bennet, Ministra de Vivienda y Urbanismo, lamentó que, en lugar de llegar a ella directamente, la compañía hubiera perdido el tiempo en tratar de encontrar una solución con el Ministerio de Energía, asegurando que en esta etapa la solución era modificar el Plan Regulador para acomodar a Campiche.
Labor que fue interrumpida momentáneamente, a raíz de que la Contraloría General de la República rechazara el Plan Intercomunal Metropolitano de Valparaíso (Premval).
Pero la maquinaria ya estaba andando. Días después del encuentro con Paul Simons, embajador de Estados Unidos en Chile, la titular del Minvu, Patricia Poblete Bennet se reunía con Pérez Yoma, Marcelo Tokman, con el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro (UDI), y la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, para crear estrategias que permitieran agilizar una solución. Mientras tanto, las señales de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete Bennet a la embajada norteamericana fueron claras, señalando que ella requeriría de un decreto ejecutivo si era necesario.
Según informaba la embajada en el cable dado a conocer por Wikileaks, “los miembros clave de la administración Bachelet entienden la necesidad de rectificar la situación con rapidez para evitar la pérdida de la inversión extranjera tan necesaria en el sector energético de Chile. Por lo tanto, mientras que el marco de tiempo de composición abierta para esclarecer las leyes de zonificación y los procesos de permisos ambientales es un problema para AES, es probable que el gobierno chileno actuará para corregir la inseguridad jurídica”.
Lo que se cumplió cabalmente: el 31 de diciembre de 2009 el Diario Oficial publicaba el Decreto Supremo Nº68, una modificación realizada silenciosamente por la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete Bennet, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) respecto del uso de suelo de actividades productivas, firmada por la ministra Poblete y Edmundo Pérez Yoma el 1 de diciembre de ese mismo año (2009), en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet.
Por, David Rubinstein
El Ciudadano
Cable Embajada-AES Gener:
http://cablegatesearch.net/cable.php?id=09SANTIAGO1122&q=campiche
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