La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el pasado 19 de enero, un recurso presentado por la Agrícola El Cerrito S.A. -cuyo controlador es Andrónico Luksic- que buscaba dejar sin efecto una multa por más de $60 millones aplicada en su contra por la Dirección General de Aguas (DGA).
El caso se remonta a tres años atrás, cuando un grupo de agricultores del Valle del Elqui, comuna de Paihuano, Región de Coquimbo, denunció que en el Fundo El Cerrito, donde opera la compañía Agrícola El Cerrito, propiedad del multimillonario empresario , y que se dedica a la producción de uva de exportación, había un punto de extracción de agua irregular del Río Claro.
Los pequeños productores agrícolas señalaron que solo recibían aguas los domingos, lo cual era justificado en la escasez hídrica y la sequía, pero lo cierto es que por 15 años, la compañía El Cerrito desvió, acumuló y canalizó ilegalmente aguas precordilleranas de la localidad para regar las viñas.
De hecho, un reportaje de Ciper, publicado en febrero de 2021, dio cuenta de que la empresa agrícola , controlada por el magnate, mantenía un estanque artificial, un conducto y una bomba hidráulica para extraer agua del estero «El Derecho».
Los afectados señalaron que Luksic se quedó con millones de metros cúbicos de agua, mientras ellos no tenían ni para regar sus maceteros.
«Imagínate una bomba de 50 hp extrayendo agua, ocho, diez horas al día, agua que fue usada para que esta empresa regara sus uvas. Regaron durante años con agua que no era de ellos. Es muy grave», relató Sergio Alemparte, el agricultor que denunció los hechos en octubre de 2020, y quien nunca ha sido atendido por los gerentes o los abogados de la compañía del empresario.
Varios productores de la zona señalaron que la bomba de extracción de agua que fue instalada por la empresa agrícola permaneció allí por un lapso aproximado de 15 años, un dato que no fue refutado por El Cerrito.
“Esta antigua bomba funcionaba de forma muy esporádica cuando el río traía mayor abundancia, y su aporte representa en torno al 5% del total del consumo de agua para riego de la Agrícola. Actualmente, como hemos hecho ver a las respectivas directivas de los canales, no estamos recibiendo de éstos el agua que nos corresponde, no solo producto de la escasez hídrica, sino por posibles captaciones irregulares que se estarían produciendo aguas arriba, por lo que insistiremos en que se refuerce la fiscalización para evitar que este problema siga afectándonos a nosotros y a otros agricultores” afirmó a Ciper, Rodrigo Santander, gerente de operaciones de la agrícola, propiedad de Luksic.
DGA confirmó extracción no autorizada de agua
En 2021, Greenpeace y el abogado Luis Mariano Rendón denunciaron los graves hechos, a su entender constitutivos del delito de usurpación de aguas, ante el Juzgado de Garantía de Vicuña, pero el tribunal residido por el juez Felipe Ravanal, decidió sobreseer a los representantes de la empresa, a instancias de su defensa.
Sin embargo, como consecuencia de la denuncia del agricultor Sergio Alemparte, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició en 2021 un procedimiento administrativo contra El Cerrito.
Una resolución del 21 de noviembre de 2022, determinó la confirmación –por la DGA en Santiago– de la sanción impuesta por la DGA Regional «por extracción no autorizada» de agua, que incluye una multa de por 1.050 UTM (60 millones de pesos).
En la misma resolución, la DGA instruyó a la seccional regional de la entidad realizar la apertura de un nuevo expediente de fiscalización contra la empresa, por «una presunta obra no autorizada en el cauce del estero Derecho».
La resolución inicial aplicó a la agrícola una multa de 1.100 UTM por la extracción no autorizada de aguas superficiales, desde una bocatoma ilegal ubicada en la ribera izquierda del Estero Derecho, en el tramo que recorre el Fundo El Cerrito, en el sector Pisco Elqui, de la comuna de Paihuano. Además, se ordenó a la empresa deshabilitar totalmente el sistema de captación de aguas superficiales no autorizadas, y retirar todas las instalaciones correspondientes a la caseta de la bomba, tablero eléctrico y tubería, informó la DGA.
Frente al dictamen de la DGA, desde la empresa El Cerrito negaron todos los cargos y acusaciones.
«Las acusaciones que se hicieron desde el comienzo de esta investigación han demostrado ser infundadas en todas las instancias que corresponden, tanto judiciales como administrativas», señalaron a El Mostrador.
«La DGA, si bien optó por rebajar la multa originalmente aplicada, reiteró su parecer de que se habría cometido una infracción de carácter administrativo. La empresa se encuentra estudiando en detalle toda la documentación y fundamentación de la decisión de la DGA, y en base a ella determinará las acciones a seguir», indicó la firma.
Sin embargo, en febrero del 2021, el propio Andrónico Luksic, a través de sus redes sociales, había admitido ser el controlador de la compañía y afirmó que si «Agrícola El Cerrito incurrió en una falta grave, debe ser sancionada por la autoridad con toda la fuerza de la ley».
Corte de apelaciones confirmó resolución de la DGA
Pese a los dichos del magnate, la empresa agrícola concurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto la sanción de la DGA, sin obtener los resultados esperados.
En una sentencia de 14 páginas, el tribunal de alzada capitalino confirmó la resolución de la DGA, que aplicó la multa superior a $60 millones por extraer aguas del Estero Derecho sin autorización.
“No hay discusión que la Agrícola El Cerrito S.A., ejecutó una extracción no autorizada de aguas superficiales desde el Estero Derecho, perteneciente a la cuenca del río Elqui, declarada agotada mediante Resolución DGA N° 1515 de fecha mayo de 2009 y además declarada zona de escasez hídrica por el Ministerio de Obras Públicas en julio de 2020, lo que evidentemente agrava la infracción”, señala la sentencia consignada por Ciper.
El medio citado se contactó con Agrícola El Cerrito para conocer su reacción frente al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Desde la empresa propiedad de Luksic lamentaron “que la Corte haya dictado una sentencia que no se hace cargo de los fundamentos y vicios denunciados en nuestra reclamación. La Resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) fue reclamada judicialmente porque el servicio infringió diversas disposiciones legales, al haber omitido numerosas pruebas aportadas durante el curso del procedimiento, las que forman parte de nuestra defensa y a las que la resolución sancionatoria no hizo mención alguna, como obliga la ley”.
Ante la consulta de Ciper, no aclararon si recurrirán a la Corte Suprema, última instancia a la que pueden acudir para dejar sin efecto la multa.
Sobre el cumplimiento de la multa impuesta por la DGA por la extracción no autorizada de agua respondieron lo siguiente: «Estamos evaluando las acciones a seguir, pero de quedar establecida la sanción impuesta, por supuesto que se cumplirá con el pago respectivo».
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