El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se refirió este viernes al polémico informe presentado por la Contraloría sobre el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia, otorgadas por el Estado a víctimas del estallido social de 2019.
El informe del ente reveló que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también que 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.
Al respecto, Monsalve explicó que el otorgamiento de las pensiones de gracia tuvo» una base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta número 16 del 4 de enero de año 2022″, promulgada durante la gestión de a su antecesor, Juan Francisco Galli, la cual estableció los antecedentes que debían solicitarse.
«Esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales», indicó.
“Creo que esa resolución dictada por ex subsecretario Galli no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad nunca, en la historia del país, se habían solicitado antecedentes penales para solicitar pensiones de gracia”, enfatizó Monsalve.
«Esta falencia -continuó-, que nosotros hemos reiterado que demuestra que los procedimientos legales y administrativos eran completamente insuficientes para proteger a los presidentes de la República cuando entregaban pensiones de gracia, de entregársela a personas con antecedentes penales, es lo que finalmente produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente (Sebastián) Piñera, 21 personas tengan antecedentes penales».
A juicio del subsecretario, esto o hace «que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del Presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales”.
«Eso evidentemente, a la vista de los hechos, parece completamente razonable de corregir. No debió haber ocurrido, y por eso como me comprometí con la comisión investigadora y con la Contraloría, fue reparado (…) a través de una resolución que modifica el procedimiento de entrega de pensiones de gracia, estableciendo por primera vez en Chile que para la entrega de pensiones de gracia siempre deben pedirse los antecedentes penales para que el país nunca tenga que vivir una situación de esta naturaleza», Zanjó.
Antecedentes médicos son solicitados por el INDH
Al ser consultado sobre la situación de los 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, Monsalve aclaró que «toda esa información no la pide el Ministerio del Interior directamente a los afectados antecedentes médicos, esos los solicita el INDH».
Explicó que estos antecedentes médicos “vienen en la carpeta del INDH que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior en el marco de la postulación y allí viene la fecha de solicitud, el consentimiento informado, los antecedentes personales, los antecedentes médicos y viene un certificado del INDH que es muy clave”.
Detalló que ese certificado es “muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de todos los antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde se detalla la fecha y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”.
“Eso es lo que dicen todos los certificados. Lo que ha cuestionado la Contraloría por lo tanto, es que, en 19 casos considera que los antecedentes provistos en la carpeta del INDH no son suficientes para verificar ese menoscabo de esos 19, el INDH ya entregó antecedentes complementarios a la Contraloría en nueve casos, en esos nueve la Contraloría recibió esos antecedentes y levantó las observaciones al respecto. Por lo tanto, ya no son 19, son diez casos en los cuales la Contraloría mantiene la posición de que los antecedentes médicos contenidos en la carpeta del INDH no son suficientes”, precisó desde el Palacio de La Moneda
Cabe destacar que las declaraciones del subsecretario Monsalve, concuerdan con las que ofreció la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la polémcia.
«Aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás»
«En Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca ha sido un requisito para entregarla, los antecedentes penales. Entonces, esto es algo que tiene que modificarse a futuro, eso es lo que nos ha instruido el presidente», añadió la secretaria de Estado.
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