Fiscalía abre investigación para detectar posibles delitos en el otorgamiento de pensiones de gracia

El Ministerio Público anunció este viernes que abrirá una investigación para detectar posibles delitos cometidos en la entrega de pensiones de gracia a personas con condenas y/o antecedentes penales.

“El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia”, señaló la Fiscalía, a través de un comunicado.

Para dirigir la investigación penal de oficio se designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

“Dentro de los delitos que podrían configurarse- dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal”, se precisa en el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, “la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas”.

El anunció de la apertura de la investigación, se produce luego de que un informe de la Contraloría sobre las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social de 2019, revelara que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas en delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.

Asimismo, a raíz de este informe, Renovación Nacional presentó ante una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado por posibles delitos de fraude al fisco y prevaricación.

En el documento de 10 páginas, consignado por La Tercera, se expresa: “Venimos en formular la presente denuncia por los hechos que se detallan, los que configurarían los delitos de prevaricación administrativa y fraude al fisco, previstos y sancionados en los artículos 228 y 239 del Código Penal, respectivamente, solicitando al Sr. Fiscal disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos“.

«Nunca se habían solicitado antecedentes penales para las pensiones de gracia»

Desde La Moneda han defendido que en la actual administración se apegaron a la norma y que posibles deficiencias en la certificación de víctimas se remitirían al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También han señalado que las falencias en la materia se arrastran desde el gobierno anterior.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve explicó este viernes que el otorgamiento de las pensiones de gracia tuvo «una base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta número 16 del 4 de enero de año 2022″, promulgada durante la gestión de a su antecesor, Juan Francisco Galli, la cual estableció los antecedentes que debían solicitarse.

«Esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales», indicó.

“Creo que esa resolución dictada por ex subsecretario Galli no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad nunca, en la historia del país, se habían solicitado antecedentes penales para solicitar pensiones de gracia”, enfatizó Monsalve.

«Esta falencia -continuó-, que nosotros hemos reiterado que demuestra que los procedimientos legales y administrativos eran completamente insuficientes para proteger a los presidentes de la República cuando entregaban pensiones de gracia, de entregársela a personas con antecedentes penales, es lo que finalmente produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente (Sebastián) Piñera, 21 personas tengan antecedentes penales».

A juicio del subsecretario, esto o hace «que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del Presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales”.

Monsalve aclaró, que en ambos gobiernos se respetaron los procedimientos existentes, pero lamentó que los mismos no fueran suficientemente rigurosos, lo que permitió a decenas de personas acceder a montos pagados con fondos públicos pese a tener antecedentes criminales.

«Yo entiendo que en ninguno de los dos casos hubo mala fe, se respetó el procedimiento. Pero lamentablemente, este proceso no pedía como requisito los antecedentes. Eso ha sido reparado por este Gobierno, y no solo en materia administrativa, porque presentamos indicaciones para que, por ley, se pidan los antecedentes y que los presidentes tengan facultades para revocarlas», reafirmó.

«Eso evidentemente, a la vista de los hechos, parece completamente razonable de corregir. No debió haber ocurrido, y por eso como me comprometí con la comisión investigadora y con la Contraloría, fue reparado (…) a través de una resolución que modifica el procedimiento de entrega de pensiones de gracia, estableciendo por primera vez en Chile que para la entrega de pensiones de gracia siempre deben pedirse los antecedentes penales para que el país nunca tenga que vivir una situación de esta naturaleza», zanjó.

En sus declaraciones, Monsalve planteó que las normativas chilenas no protegieron adecuadamente a los presidentes involucrados en la firma de estos decretos, debido a la falta de requerimientos de antecedentes en el proceso.

«Ninguno de los presidentes fue protegido adecuadamente», enfatizó.

Sobre las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales, el subsecretario del Interior indicó que, tras su regreso de vacaciones, el Mandatario recibiría información detallada para tomar decisiones sobre posibles revocaciones.

Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, adelantó que 69 pensiones de gracia serán revocadas, basándose en el análisis de una comisión especial.

Se espera, que esta decisión se pueda ser concretada durante la próxima semana, una vez que el Jefe de Estado firme los decretos pertinentes.

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