Después de tres años de investigación, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, ordenó al fiscal Centro Norte, Francisco Ledesma, formalizar la investigación del caso conocido como «Cámaras Motorola», donde la exsubsecretaria de Prevención del Delito del gobierno de Piñera, Katherine Martorell, está querellada por delitos de corrupción.
La información fue dada a conocer por Interferencia y detalla que el fiscal Ledesma tiene un plazo máximo de 120 días para resolver si formaliza o no a Martorell -y a otros exfuncionarios de la misma cartera- por los ilícitos de fraude al fisco, prevaricación y falsificación de instrumento público, entre otros.
Los hechos se enmarcan en el proceso de compra de cámaras corporales Motorola para Carabineros, por un monto de casi $400 millones, en el cual se detectaron varias irregularidades en la adjudicación. Además, los aparatos presentaron severos problemas en su implementación.
Factor Luis Hermosilla
De acuerdo al reporte de Interferencia, la decisión del juez Urrutia se basó en una audiencia solicitada por la empresa Pegasus, que fue desfavorecida por decisión de Martorell en la compra de cámaras.
«El magistrado aludió al ex defensor de Martorell en el caso, Luis Hermosilla, hoy investigado por el caso audios», señala la nota, que cita textualmente las declaraciones de Urrutia sobre este punto:
‘Lamentablemente, también, el abogado anterior (Luis Hermosilla) de la señora Martorell, escuchamos todos unas declaraciones, donde decía que las cosas se arreglan con plata. La verdad entonces es que hay que tener mucho cuidado en todos y cada uno de los pasos que se realizan, todos, sobre órganos públicos y seamos extremadamente cuidadosos, lo más transparentemente posible (…) y sobre todo cuando hay ataques de esa naturaleza a la probidad’, dijo el juez Urrutia.
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