El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este lunes al informe de Contraloría que apunta graves falencias en el proceso de entrega de pensiones de gracia a las víctimas del estallido social de 2019.
Cabe recordar, que el informe del ente reveló que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también que 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.
Durante una actividad por el lanzamiento de la segunda etapa del Plan Verano Seguro, Monsalve declaró a la prensa que “nadie asume esta subsecretaría para enfrentar problemas simples; se hace para afrontar temas complejos, dar la cara y resolverlos”.
Destacó, que desde La Moneda solicitaron revisión de estos beneficios con los extractos de filiación, y reiteró que “nunca ningún gobierno había pedido la verificación de los antecedentes penales a través de la solicitud de esos extractos. Eso nos ha permitido saber que son 69 personas de las 418 las que tenían antecedentes penales“.
“Oficiamos formalmente a la Comisión Asesora para que revise esos 6 casos. Esa revisión será entregada hoy al presidente de la República para que tome la decisión de cuánto de eso revocar“, puntualizó.
La semana pasada, Monsalve explicó que el otorgamiento de las pensiones de gracia tuvo «una base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta número 16 del 4 de enero de año 2022″, promulgada durante la gestión de a su antecesor, Juan Francisco Galli, la cual estableció los antecedentes que debían solicitarse.
“Creo que esa resolución dictada por ex subsecretario Galli no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad nunca, en la historia del país, se habían solicitado antecedentes penales para solicitar pensiones de gracia”, expuso.
Por su parte, Galli acusó a la izquierda de presionar para que se aplicaran las pensiones gracia.
Sobre los dichos de su antecesor, el subsecretario del Interior manifestó que su intención no es entrar en la “pelea chica” y señaló que el informe de Contraloría al que se hace mención en las críticas no es el único: “También se hizo una auditoría y una fiscalización de las entregas de estos beneficios durante todo 2021“.
“Si este informe de Contraloría ha sido calificado como lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal. Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social”, aseveró.
Monsalve también se refirió a las acciones que han tomado desde el Ejecutivo para afrontar la as falencias en el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia.
«Nosotros hemos modificado el manual de procedimiento para la entrega de dichas pensiones, o sea, le hemos dotado al país por primera vez de un instructivo que exige presentar los antecedentes penales previos a entregar la pensión de gracia“, argumentó.
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