Por Leonardo Jofré, Cristóbal Rodríguez y Esteban Stutzin
Dentro de los próximos días, la institucionalidad medioambiental chilena será puesta a prueba de una manera poco antes vista.
De forma coordinada, diversas organizaciones territoriales, movimientos sociales locales y nacionales, la sociedad civil organizada y un grupo de Consejeros Regionales de la Región Metropolitana, ingresaron al Tribunal Ambiental y al Servicio de Evaluación Ambiental diversas reclamaciones y recursos con el objeto de retrotraer su autorización e invalidar la aprobación del proyecto minero Los Bronces Integrado de la transnacional AngloAmerican.
Desde Pascua Lama y posteriormente Hidroaysén no habíamos observado un proceso en el cual las comunidades aledañas, organizaciones sociales, autoridades democráticamente electas y el mundo científico, combinaran esfuerzos y manifestaran su oposición a un proyecto que no sólo es dañino para la salud de las personas y los ecosistemas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, sino que además amenaza con horadar la institucionalidad ambiental en nuestro país.
Los primeros en encender las alarmas frente a este proyecto fueron los mismos trabajadores del SEA, quienes públicamente cuestionaron el actuar de la dirección del servicio, la cual decidió no firmar un Informe Consolidado de Evaluación que daba cuenta de los argumentos esgrimidos en el tercer rechazo al proyecto por parte del organismo técnico, y decidieron abrir un inédito y extraordinario cuarto proceso que volvería a foja cero el trabajo de las y los funcionarios.
El extenso lobby de la compañía había logrado su cometido: dilatar la decisión del organismo para buscar una posterior aprobación que le permitiese expandir su faena minera hasta el año 2036, la cual consume 1380 litros de agua fresca por segundo, equivalentes al consumo total de agua potable y saneamiento para una población de 1.500.000 personas, lo que equivale a los habitantes de una ciudad como Concepción o toda la población de La Serena, Antofagasta y Temuco combinadas.
Por esto, además de otros puntos asociados a la afectación de glaciares o el impacto en la salud de las personas, la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ministros en abril de 2023 significó un balde de agua fría para sectores del mundo ambientalista y progresista, ya que se distanciaba de la promesa del actual gobierno de ser “el primer gobierno ecologista de la historia de Chile”.
Llegado a este delicado punto, creemos que un aspecto clave para enmendar el rumbo es generar las condiciones para construir en conjunto una política pública responsable capaz de hacerse cargo efectivamente del contexto de crisis climática y la vulnerabilidad climática a la que se encuentra expuesto nuestro país, con énfasis en la participación activa de todos los actores, ya sea desde el gobierno y la institucionalidad, como desde los territorios y la sociedad civil organizada.
Más democracia para abordar la crisis climática
Sin embargo, al enfrentar este desafío de ampliar la democracia para alcanzar mayor justicia socioambiental, debemos advertir a tiempo las tensiones y contradicciones que experimenta la institucionalidad, que a su vez es desafiada por las demandas de las comunidades afectadas, la evidencia científica y la presión de grupos organizados, generando así un complejo escenario que es aprovechado por el poder empresarial para instalar un enfoque determinado y acotado desde el cual enfrentar este problema.
De esta manera, vemos cómo la institucionalidad medioambiental y también política se ven doblegadas o al menos debilitadas, por un sistema de criterios basados en indicadores macroeconómicos referidos a aspectos como la empleabilidad, la estabilidad financiera y el crecimiento, imponiéndose en la toma de decisión los 3.300 millones de dólares de inversión por sobre la certeza de no estar atentando en contra de comunidades humanas y vastas zonas de gran riqueza ecosistémica.
Así, se va generando una presión política que injustamente crea una falsa dicotomía entre dos necesidades reales que, creemos, deben ser abordadas en conjunto y desde una perspectiva transversal, cuestionando la verticalidad entre economía y política a la que asistimos actualmente.
Como sea, las respuestas a dichas problemáticas no son simples de procesar y escapan a meras declaraciones de voluntad. Incluso a nivel institucional se manifiestan aquellas mismas contradicciones, ya sea en lo expresado desde el SEA o a nivel del Gobierno Regional Metropolitano, el cual ya se había pronunciado dentro de sus facultades contra el megaproyecto minero, expresando su coherencia a través de la acción de los consejeros y consejeras regionales en el recurso de invalidación interpuesto.
Al mismo tiempo, resulta inconcebible, por ejemplo, que un proyecto de esta magnitud se sostenga en un proceso de Participación Ciudadana (PAC) cuestionado por los mismos trabajadores y trabajadoras del SEA.
Por lo anterior, la presentación de reclamaciones contrarias al megaproyecto representan un esfuerzo de comunidades y organizaciones sociales por avanzar en mayores niveles de justicia climática y territorial, luego de ver cómo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho al agua y la protección de la naturaleza se han visto precarizados después de décadas de explotación minera a gran escala en las zonas afectadas.
¿Qué hacer en el mediano plazo, entonces? Más democracia para alcanzar mayor justicia socioambiental parece ser la clave.
Una participación con mayor incidencia de la expresión de las comunidades mediante los mecanismos de participación ciudadana resulta elemental para poder generar respuestas coherentes a las consecuencias que traerán dichos proyectos a sus comunidades.
Participación que no sea el mero cumplimiento de una etapa formal expresada en la ley, agotándose en su objetivo declarativo, sino que tenga a su haber verdadera incidencia para habilitar la búsqueda de acuerdos y entendimiento entre todas las partes involucradas.
La institucionalidad, en tanto, a nivel técnico y político, debe robustecer sus mecanismos de interacción interna para proyectar de forma consistente una política pública clara sobre este tipo de materias tan sensibles para la ciudadanía y el futuro del país.
En definitiva, es necesario matizar el predominio del actual enfoque economicista con el que se evalúa la viabilidad de estos proyectos y hacernos cargo del costo social y medioambiental real de los mismos, poniendo en el centro de la discusión sus efectos a mediano y largo plazo en los ecosistemas y las comunidades que habitan los territorios.
Solo así podremos ejercer la democracia y construir en conjunto una respuesta posible a la actual crisis climática.
Autores:
Leonardo Jofré, abogado, consejero regional por la Región Metropolitana, presidente de la comisión de seguridad ciudadana del CORE.
Cristóbal Rodríguez, profesor, miembro de MODATIMA y Territorios Democráticos, ex candidato a alcalde de Lo Barnechea.
Esteban Stutzin, profesor, miembro de Territorios Democráticos y coordinador de MODATIMA Lo Barnechea.
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