Los medios de comunicación dan cuenta de una serie de hechos de violencia -incluyendo la quema de bosques, el ataque a helicópteros que combaten los incendios forestales, el incendio a la propiedad de un agricultor en un sector urbano de Temuco, entre otros-, ocurridos en la Araucanía en días pasados.
Tales hechos se verifican en momentos en que se conmemoran otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en años anteriores, como el homicidio de Matías Catrileo a manos de carabineros hace seis años atrás, y el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, cuya autoría aún es investigada, ocurrido el año pasado en esta misma fecha. Se trata de hechos lamentables que deben ser condenados con la mayor energía. Por lo mismo deben ser investigados, y sancionados quienes resulten ser responsables de su autoría. Como lo hemos señalado en el pasado reiteradamente, la violencia -provenga ésta de agentes del estado, de integrantes del pueblo mapuche, de agricultores, o de cualquier otro sector de la sociedad- no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de relaciones interétnicas pasados y presentes que persisten en esta parte del país, y solo contribuyen a dificultar la superación de las situaciones de injusticia, postergación y discriminación que siguen afectando al pueblo mapuche.
Su ocurrencia en las fechas conmemorativas de los hechos antes señalados, así como las reivindicaciones que grupos mapuche habrían realizado de algunos de estos hechos -otros habrían sido reivindicadas por grupos anarquistas- han llevado nuevamente a algunas autoridades, así como a medios de comunicación, a presumir la responsabilidad de los mapuche. Cabe rechazar categóricamente esas presunciones de responsabilidad realizadas antes de que la justicia investigue y determine quiénes están detrás de estos hechos, las que por lo mismo deben ser consideradas arbitrarias y discriminatorias.
Junto a ello, las autoridades han vuelto a proponer la aplicación de la ley antiterrorista para la investigación de estos delitos. Al respecto cabe observar el doble estándar de dichas autoridades, las que tratándose de delitos cuya autoría presumen corresponde a los mapuche, proponen la aplicación de la ley antiterrorista, en contraste con aquellos delitos en cuya autoría existen antecedentes del involucramiento de agentes policiales del estado, casos en los que ellas parecen seguir tolerando la competencia de la justicia militar para conocerlos. Sin instar además por la realización de las modificaciones legales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Palamara (2005), para poner término a la competencia de dichos tribunales para conocer casos que involucren a civiles.
Cabe recordar que la justicia militar ha dejado sistemáticamente en la impunidad los delitos cometidos en los últimos años por agentes policiales en contra de mapuche en el marco de los conflictos por tierras. El caso del homicidio de Matías Catrileo, ocurrido el 3 de enero del 2008, es ilustrativo en este sentido. La justicia militar que conoció el caso condenó al cabo de carabineros Walter Ramírez a la pena de tres años y un día de libertad vigilada por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, pena que cumple en libertad. Ello a pesar de que la pena que tiene asignada el delito por el Código de Justicia Militar es de entre 5 años y un día a 15 años de presidio. Es más, el cabo Ramírez permaneció en las filas de la institución hasta inicios de 2013, cuando las autoridades -frente al reclamo de la familia y de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales- decidieron exigir a Carabineros lo diera de baja. En la misma impunidad que este crimen han quedado los homicidios, también a manos de efectivos de carabineros, de Alex Lemún y Jaime Mendoza Collio, procesos que igualmente fueron sustanciados por la justicia militar.
El doble estándar de la autoridad vuelve a quedar en evidencia estos días con los dichos del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando manifestó su preocupación por los elevados estándares de pruebas exigidos por la justicia, lo que dificulta desarrollar acciones que permitan terminar con la “cadena de impunidad”, refiriéndose evidentemente a la impunidad en que hasta ahora han quedado los delitos que han afectado a propietarios agrícolas, pero no a aquellos que han afectado a los mapuche.
Parece pertinente a este respecto recordar las palabras del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Ben Emmerson, al concluir su visita a Chile el 2013, donde sostuvo que la ley antiterrorista “se ha aplicado en forma desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no.” En su informe de visita al país dicho Relator concluyó que la aplicación de esta ley en el marco de las protestas por tierras “se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución”, recomendando por ello poner término a su aplicación frente a estas situaciones.
Llama la atención también el que las autoridades de gobierno propongan como alternativa para abordar esta espiral de violencia, la del reforzamiento de las fuerzas policiales en la región. La militarización de la Araucanía que algunos proponen y a la que las autoridades parecen apostar en el contexto actual, no solo resulta una opción riesgosa, puesto a que en última instancia se trata de una propuesta de violencia represiva para enfrentar la violencia que se imputa al mundo mapuche, sino que además, es inconducente para dar respuesta a los problemas de fondo que están detrás del complejo escenario que hoy se vive en la Araucanía y regiones aledañas.
Como las autoridades bien saben, dichos problemas no solo son históricos y tienen su origen en la forma -a sangre y fuego- como el estado y la propiedad se establecieron en esta parte del país, sino que son también presentes, y están relacionados con el insuficiente y errático actuar que el estado ha tenido en las últimas décadas frente a los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular. En efecto, a pesar de toda la retórica y promesas de un nuevo trato para con ellos, dichos pueblos no solo siguen sin contar con un reconocimiento de su existencia y derechos en la Constitución Política, sino que además no cuentan con mecanismos -cuotas de representación especial, legislación sobre partidos políticos, entre otros- que posibiliten su participación política en instancias de toma de decisión al interior del estado, como el Congreso Nacional, los gobiernos regionales y comunales. Tampoco la institucionalidad chilena considera mecanismos que posibiliten formas de autonomía indígena en aquellos espacios territoriales -regionales, comunales u otros- en donde estos pueblos constituyen una mayoría demográfica. Más aún, la institucionalidad del estado para los pueblos indígenas -la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, creada por ley en 1993- es una instancia reconocidamente sobrepasada y carente de representatividad y de poder para abordar los problemas que hoy afectan a estos pueblos. Sigue pendiente a su vez en el Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como instancia pública de representación indígena ante el estado.
Por otro lado, el Convenio 169 que el estado chileno demoró 17 años en ratificar, no ha sido, en lo sustancial, puesto en práctica. Uno de los derechos centrales en el establecido, la consulta frente a las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a estos pueblos directamente, solo fue regulada el 2013. Ello a través de un proceso que no ha generado consenso en los pueblos indígenas, y que estableció un procedimiento de consulta que está por debajo de los estándares del propio Convenio, dificultando el ejercicio de este derecho fundamental.
En materia política, las legítimas reclamaciones de tierras de los mapuche, siguen sin ser acogidas por el estado. La política del Fondo de Tierras de CONADI ha demostrado su ineficacia para abordar la demanda por la restitución de las tierras que les fueran reconocidas por el estado a los mapuche. Los escasos fondos destinados por el estado a estos efectos en los últimos años, unidos a los elevados precios de mercado que CONADI paga por su compra a sus propietarios legales -generalmente quienes les usurparon las tierras reconocidas por el estado- han impedido avances significativos en esta materia, prolongando innecesariamente conflictos por tierras. El estado sigue haciendo oídos sordos a las recomendaciones hechas por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato creada desde el estado, la que hace una década atrás propuso la utilización de un mecanismo constitucional-la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional- para dar solución efectiva y a precios justos, a un problema histórico provocado por el mismo estado.
Por otro lado, muchas comunidades mapuche siguen siendo violentadas cotidianamente al no poder decidir sus prioridades en materia de desarrollo, derecho que les es reconocido a los pueblos indígenas por el Convenio 169. Ello toda vez que el estado sigue empecinado en imponer su propuesta de desarrollo en los territorios indígenas. Lo que se manifiesta en esta parte del país en la expansión de las plantaciones exóticas sobre tierras de propiedad legal y ancestral mapuche, plantaciones que hoy ocupan al menos 1.5 millones de hectáreas al sur del Bio Bio, así como en la imposición de centrales hidroeléctricas, de pisciculturas sobre los ríos y playas de ocupación y uso tradicional, sin procesos de consulta y sin considerar su participación en los beneficios económicos que estas generan.
No es casual entonces que un porcentaje de la población bajo la línea de pobreza en la Araucanía, región con casi un tercio de población mapuche, alcance al 27%, siendo la más pobre del país; y que en las comunas de mayor expansión de la forestación exótica -como Lumaco, Ercilla, Chol Chol, Galvarino, donde la demografía mapuche es superior al 50%-, se encuentren todas entre las comunas más pobres del país, siendo a su vez las comunas donde los hechos de violencia interétnica es más álgida.
Se trata de una situación que deberá abordar el futuro gobierno de Bachelet. El desafío no será menor, puesto a que el tratamiento que ella dio a los mapuche como presidenta frente a los conflictos por tierras verificados durante su administración -al menos en el plano policial y persecutorio-, no difirieron en lo sustancial al que fue otorgado frente a la misma realidad bajo la presidencia de Piñera.
Los dilemas que se presentan para el estado en el futuro próximo en su relación con el pueblo mapuche son significativos: o se sigue en la lógica del abordaje policial y la criminalización de su protesta, o entiende que, tratándose de un problema esencialmente político, se requiere de un abordaje mucho más integral, que debe tener al diálogo, el entendimiento y la negociación -y no la represión- como elementos centrales.
Aquí también resulta pertinente tener presente las recomendaciones que sobre esta materia realizó el Relator Especial Ben Emmerson al concluir su misión a Chile, subrayando la urgencia de impulsar la que denominó una “estrategia nacional” para abordar no solamente el tema de las tierras mapuche, sino además los temas más amplios relativos al “reconocimiento constitucional del derecho Mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile” y “el fin de la discriminación institucional y judicial.” Ello, junto con recomendar el establecimiento de una institucionalidad adecuada -que el identificó como un Ministerio de Asuntos Indígenas, dotado adecuadamente de personal y financiamiento- para coordinar la política estatal hacia estos pueblos.
Para el diseño e implementación de esta estrategia nacional el Relator Emmerson propuso a su vez la conformación de una Comisión Consultiva Nacional, con representación de los propios pueblos indígenas, de los partidos políticos, de pequeños y grandes propietarios rurales, víctimas de la violencia rural, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expertos nacionales e internacionales. Comisión cuyo objetivo sería la construcción de un consenso sobre los principales desafíos y posibles soluciones a los problemas que afectan a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche.
Todo parece indicar que ha llegado la hora de un diálogo de esta naturaleza para abordar un tema histórico nunca resuelto; el de la justicia para el pueblo mapuche como base para una convivencia interétnica armónica en la Araucanía. Sino lo hacemos ahora, es muy posible que sigamos lamentándonos, quizás por muchos años, por escenarios de conflicto y de violencia como el que hoy concita el interés de los medios.
José Aylwin
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