Operación contra Bolsonaro, exministros y militares por golpismo
La Policía Federal de Brasil investiga a una organización criminal acusada de «intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho», indicó en un comunicado y que fue difundido por agencias internacionales.
La trama se habría desarrollado en los períodos previos y posteriores a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, culminando en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en enero del año siguiente.
Su fin último, según la policía, era asegurar por medios no democráticos la «permanencia en el poder del entonces presidente de la República”, Jair Bolsonaro, y evitar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna desde el 1 de enero de 2023.
“El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenó al exmandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas y le prohibió mantener contacto con otros investigados, dentro de este operativo policial que cumplió diligencias en una decena de estados”, informó la Agencia EFE.
Una fuente de la policía federal directamente parte del operativo de este jueves, dijo, según trascendidos de medios, que los pasaportes incautados pueden indicar la posibilidad de futuros arrestos, obligando a los sospechosos a permanecer en Brasil para enfrentar cualquier cargo.
Los agentes cumplieron este jueves 33 órdenes de allanamiento, 4 de prisión y 48 medidas cautelares contra los investigados, que incluyen «la prohibición de mantener contacto» con el resto de sospechosos y de dejar el país; la suspensión de sus funciones públicas y la obligación de entregar el pasaporte, destacó EFE.
El diario ‘O Globo asegura que, los cuatro detenidos son: Filipe Martins, un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército.
Bolsonaro ya ha sido imposibilitado de ejercer cargos públicos hasta 2030 por difundir falsedades electorales y enfrenta varias investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel. Ha negado haber cometido delito alguno y afirma que las investigaciones tienen motivaciones políticas.
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