Cinco años al interior del Congreso y aún no puede ver la luz verde. Con 14 votos en contra y 12 a favor, este miércoles la comisión mixta de Constitución y Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones dio portazo a los 28 puntos del veto presidencial interpuestos al proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre. Nadie descarta que éste vuelva a ser presionado desde el ejecutivo en la Sala de la Cámara.
Mucha tramitación y poco debate, sea quizás la consigna que ha marcado el dificultoso camino del proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre. Es que si bien la discusión ha sido ardua desde las organizaciones ciudadanas, ésta poco y nada se replica en las salas del Congreso que han tenido por cinco años circulando la iniciativa que podría permitir un nuevo modelo de Televisión más justo, democrático, culto y diverso, como explica la Mesa de Ciudadanía y TV Digital.
La situación no es fácil, dado que tampoco sería llegar y aprobar un proyecto que aún no está en condiciones de cumplir todos estos objetivos, y aún menos de aprobarse el veto del ejecutivo -ya rechazado en la instancia de comisión mixta- que propone entre otras cosas:
-Minimización de la protección a los derechos laborales de los artistas en favor de los canales.
-Eliminación de la paridad de género en el Consejo Nacional de TV.
-Simplificación de los contenidos definidos como programación cultural y reducción a las horas de obligatoriedad de ésta materia de “al menos cuatro horas” a “cuatro horas”.
-Restricción de la iniciativa de las campañas de interés público, modificando a que éstas sólo correspondan en casos de catástrofes y epidemias, excluyendo así la idea de promoción de derechos de las personas. Al mismo tiempo el veto dejaría a criterio de los canales la decisión de los contenidos (libre albedrío).
Para hacer notar todavía más lo errado de las observaciones del Gobierno, basta con contextualizar su veto posterior al rechazo del Tribunal Constitucional al determinado grupo de parlamentarios UDI que se quejó respecto a varios puntos del proyecto, mismos ahora pulidos por la facultad del ejecutivo. “Lo interesante es que los puntos objetados por el gremialismo, eran de los pocos que se podían considerar avances en la ley. Así también lo creyó el TC, que escuchando a las organizaciones ciudadanas, rechazó la petición de la UDI, que además era apoyada por ANATEL”, asegura la Mesa de Ciudadanía y TV Digital.
Por María Jesús Ibáñez Canelo
El Ciudadano