Militar condenado por asesinato de Romario Veloz será trasladado de Colina I a batallón militar en Peñalolén

Lo sucedido se sitúa en el marco del estallido social cuando el capitán de Ejército, José Faúndez, dio las órdenes que, en manos de sus subalternos Milován Rojas, José Arenas y Carlos Robledo, terminaron en disparos en contra de un grupo de manifestantes a las afueras del Mall Plaza La Serena, señaló diario El Día.

Los disparos terminaron con la vida de Romario Veloz y graves lesiones a otros dos manifestantes.
El caso, judicialmente hablando, escaló hasta la Corte Suprema, terminando con una condena de prisión efectiva de 15 años para Faúndez, 10 años para Robledo y 5 años para Rojas y Arenas.

A juicio de Juan Manríquez, abogado de Faúndez, el fallo del tribunal introduce variaciones sustanciales que produjeron “sorpresa e indefensión para la defensa”.

“Hay que tener muy en cuenta que se trataba de una patrulla militar sin instrucción de control de orden público, algo que es propio de Carabineros o de la PDI, que salió a la calle en cumplimiento de órdenes de superiores y a su vez utilizando el material de cargo fiscal que tenían a su disposición”, explicó Manríquez.

El punto de inflexión, señala El Día, está en que terceras personas amunicionaron estas armas militares con munición de guerra real.

A juicio de la defensa, se debía configurar un cuasidelito por uso de arma de fuego, sin embargo, la corte estimó que se podía tratar de violencia innecesaria, cuyas penas son altísimas.

A través de un recurso de nulidad “la corte confirmó la sentencia que nosotros estimamos equívoca y por dejar de resolver ir más allá de asuntos propios de lo que ordenó la Corte Suprema al devolver nuestro acción a esa corte”, señaló el abogado de Faúndez.

Así, la Corte Suprema decretó orden de no innovar, es decir, la sentencia no se puede llevar a cabo mientras no se resuelva la queja, provocando así el traslado inmediato de Faúndez desde Colina I a un recinto castrense en Peñalolén.

“Esto se debe hacer ya no en calidad de condenado rematado, sino que, de imputado o procesado, todavía con sus derechos pendientes de revisión”, finalizó Manríquez.

Diario El Día conversó con Mery Cortéz, madre de Romario, quien aseguró no estar al tanto de la información.