A través de un comunicado público, la Corporación Santiago 2023 detalló un hecho que no dejó a nadie indiferente. En el documento, la Corporación señala que “hemos detectado en los últimos días una grave irregularidad interna que decidimos denunciar a Tribunales este lunes 12 de febrero”, dice.
Corporación Santiago 2023 y COPEC mantenían un contrato por el canje de combustible equivalente a un monto total de $575.400.000. A raíz de lo anterior, la Corporación debía supervisar “el kilometraje recorrido y el consumo de combustible de todos los vehículos institucionales usados durante los Juegos”.
A poco de terminar el 2023, la Corporación solicita a la empresa la base de datos con la información de las cargas, documentación que llegó el pasado 4 de enero.
Con la información sobre la mesa, Santiago 2023 detectó que, de los más de siete mil registros de carga, se encontraron con 150 placas patentes que no correspondían al listado oficial de los vehículos institucionales.
Considerando aquello, solicitan a COPEC que envíe “la información de las personas o del usuario que incluyó estas patentes en el sistema y de quién autorizó las cargas de combustible”, señala el documento.
Finalmente, concluyeron que el consumo de combustible por parte de los 150 vehículos no oficiales alcanzó los $55.241.929 entre octubre y diciembre de 2023.
La funcionaria en cuestión dejó de trabajar en la Corporación en diciembre pasado.
A raíz de lo anterior, Santiago 2023 presentó una denuncia judicial ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago “aportando la información disponible a esa fecha y solicitando, entre otras diligencias, las citaciones a declarar a todos quienes se estime necesario”.
Además, conforme a lo que arrojen las diligencias investigativas de la Fiscalía y la Corporación, no descartan presentar una querella criminal.
Finalmente, el comunicado cierra aclarando que “al tratarse de un canje publicitación con una empresa privada, no están involucrados en este hecho dineros aportados por el Estado de Chile”.