El ministro de Justicia, Luis Cordero, tras reunirse este lunes con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, se refirió a la polémica generada a raíz de la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, de autorizar videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad a personas privadas de libertad que están vinculadas al Tren de Aragua.
“Nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal, las razones por las cuales son ilegales se han expresado en el escrito de gendarmería”, afirmó el secretario de Estado.
A juicio de Cordero, la medida autorizada por Urrutia “infringe las normas que regulan el derecho penitenciario y particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de máxima seguridad”.
“En esto el Ejecutivo ha sido muy enfático, las regulaciones de establecimientos de estas características, las características de las personas que están ahí y la condición procesal en la que se encuentran, exige que respecto de ellas las comunicaciones telemáticas estén completa y absolutamente restringidas, que no es lo mismo que estén restringidas sus visitas”, enfatizó.
Asimismo, sostuvo que al “Ejecutivo no le corresponde que le presente ni al presidente de la Suprema ni a ningún ministro de la Suprema, una cuestión que el Ejecutivo tiene una convicción jurídica, la ilegalidad, y que está discutiendo a través de gendarmería en la corte de apelaciones de Santiago”.
El titular de Justicia aclaró que el derecho de esas personas a recibir visitas “no está en discusión”. Sin embargo planteó que las visitas «deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asiste a un establecimiento penitenciario, entre otras, el enrolamiento».
Señaló, que la discusión sobre este caso en particular, se vincula a la «posibilidad de que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país».
Recordó que la mayoría de las personas que están imputadas, “corresponde a gente con una investigación de delitos muy graves, vinculadas a crimen organizado y Tren de Aragua”.
Además, destacó que, según la regulación vigente, “respecto de las comunicaciones de personas que están vinculadas a delitos de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, la legislación establece la obligación de gendarmería de tener especial vigilancia respecto de sus comunicaciones”.
“En la opinión de Gendarmería y del Gobierno, eso compromete la seguridad del establecimiento y la condición de máxima seguridad“, sentenció el ministro Cordero.
Razones del juez Urrutia para autorizar videollamadas
Cabe recordar, que desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago plantearon que los hijos de los padres encarcelados no pierden su derecho de verlos, ni tampoco sus parejas, tal y como consignó La Segunda.
También indicaron que una de las videollamadas autorizadas se realizaría en presencia de un gendarme y en ella participaría uno de los hijos (menor de edad) de un reo, así como la madre del niño (su pareja).
Además, señalaron que la visita conyugal se refiere al caso de una pareja, en la que tanto él como ella están presos.
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