BUAP, el malestar salarial de la academia

En la última semana, de manera recurrente, hemos visto síntomas de un malestar que desde hace años invade a la academia y en general a los trabajadores universitarios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El deterioro y la precarización laboral de lo/as universitario/as no ha terminado con el arribo de un nuevo gobierno federal en 2018, pese a que tiene un signo posneoliberal. Puede arriesgarse la hipótesis de que en la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal el espíritu neoliberal no ha sido erradicado en determinadas políticas públicas dirigidas a la educación media superior y superior.

Una de ellas es en lo que se refiere a la cuestión salarial. Como lo expresamos en el transcurso de los treinta eventos que congregaron a más de 165 académicos que se plasmaron en el libro “Los Retos de una Nueva Agenda Universitaria en México en una época de cambios. Una perspectiva desde la BUAP” (Vélez y Figueroa, BUAP 2022): “el salario tabulado real de un profesor titular en 2019 era tan solo 42 por ciento respecto al existente en 1978. La precarización salarial de los trabajadores académicos de la BUAP comenzó en 1982 y resulta revelador que la caída libre de los salarios académicos coincide con la caída libre del salario mínimo en el país”: Esta situación constatada con datos de hace cinco años, continúa sin cambios como no sean los que empeoran la situación.

Hace unos días la dirigencia del Sindicato Unitarios de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP), emitió una declaración pública de malestar por considerar que el aumento de 4% a los salarios de los universitarios estipulado en el nuevo contrato colectivo es insuficiente, precarizante y fue acordado unilateral e inconsultamente. En el mismo sentido el pasado 15 de febrero un grupo de profesores de la Facultad de Economía se pronunció: el aumento de 4% fue acordado de manera inconsulta con dos sindicatos universitarios, el 4% de aumento está debajo de la tasa de inflación que es de 4.88% lo que se une al aumento en 2023 de 6% que estuvo debajo de la tasa inflacionaria de 2022 que fue de 7.91.

El memorial de lo/as académico/as de la Facultad de Economía señala una incongruencia de la política laboral federal que, por un lado, favorece la elevación de los salarios mínimos y por otro establece topes salariales a los trabajadores del Estado y de las instituciones universitarias. También ha circulado un memorial, publicado en el portal Mundo Nuestro, que resume la inconformidad de aproximadamente doscientos académicos y académicos contra el nuevo proyecto de reglamento del programa Estímulo al Desempeño al Personal Docente (ESDEPED).

La precarización laboral y salarial de la academia en la BUAP puede argumentarse con cifras. En primer lugar, hay un desnivel notorio entre lo que el presupuesto universitario asigna a los trabajadores administrativos y particularmente a la alta burocracia y lo que se dedica a los trabajadores universitarios. Para empezar, la BUAP en 2024 tiene 4,323 trabajadores administrativos de tiempo completo, mientras que solamente tiene 2,181 académicos de tiempo completo, lo que implica una proporción de 2 a 1 entre ambos tipos de trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores académicos de la BUAP son ese proletariado intelectual que lo constituyen los 5,163 profesores hora clase. Llama la atención también que los salarios de los académicos de tiempo completo oscilen entre 6,292.84 y 32,033.66 pesos, mientras que los salarios de los administrativos de tiempo completo oscilen entre 6,223.20 y 99,776.58 pesos. El salario más alto que puede percibir el funcionario universitario es el triple de lo que puede recibir el académico con el más alto salario. Este desbalance puede argumentarse todavía mejor si se revisa el tabulador de salarios de la BUAP, lo cual merece un artículo aparte.

Lo/as académico/as tienen dos vías para mejorar sus ingresos, los cuales son el Estímulo al Desempeño al Personal Docente (ESDEPED) y el estímulo que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Estos son sucedáneos del salario y no originan prestaciones. Recientemente se ha sabido que, desde noviembre de 2023, las autoridades universitarias de la BUAP acordaron modificaciones al reglamento del ESDEPED (lo que involucra cambios lesivos para los académicos en la tabla de puntajes) y entregaron a la SEP este nuevo reglamento, dependencia que les otorgó el sello de recibido. Este procedimiento se revela como una medida interna que no necesariamente es una dictada por la SEP. Tampoco tiene validez este reglamento porque el mismo no ha sido sometido a las comisiones específicas del Consejo Universitario, no ha sido sometido a consulta y no ha sido aprobado por el referido Consejo.

El nuevo reglamento propuesto establece entre otras medidas lesivas, el establecer una antigüedad de más de 15 años para obtener el más alto puntaje en los estímulos; reducir a 200 puntos los puntajes para investigación; tener una antigüedad de 9 años en una acreditación de calidad académica (sobre todo publicaciones indexadas) llamada Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); obligar a los investigadores a tener 16 horas de docencia a la semana (lo que entra en contradicción con las restricciones que impone el CONAHCYT). También estipula la obligación de impartir docencia en licenciatura, lo que implica considerar secundaria la que se imparte en maestría y doctorado. En el presupuesto universitario, que asciende a 10,259,745 millones de pesos, el monto destinado al ESDEPED y bonos que entrega la BUAP a integrantes del SNI alcanza poco más de 337 millones de los cuales el subsidio federal y estatal comprenden casi 250 millones de pesos.

En suma, con el nuevo reglamento, las autoridades universitarias sólo lograrían ahorrarse una parte de los poco más de 67 millones de pesos que aporta para el ESDEPED. Castigan a los profesores que recién ingresan a la universidad (los cuales tienen que trabajar cinco años antes de tener derecho a concursar por los estímulos); a los que no han acumulado una antigüedad de 15 años (o sea a los académicos más jóvenes); a los docentes que no publican; a los que publican, pero no dan 16 horas de clase a la semana o no dan clases en la licenciatura. Con el nuevo reglamento, la BUAP volvería a ser una universidad dedicada a la docencia y de manera muy secundaria a la investigación.

Los investigadores de los institutos tendrán que dar cuatro horas de clase de lunes a jueves y hacerlo también en licenciatura. Aparte de ello publicar libros, artículos en revistas internacionales indexadas y arbitradas, graduar maestros y doctores. Siendo tan poco el ahorro en el gasto universitario que tendrían las autoridades universitarias, no cabe sino preguntarse sobre el motivo de ese castigo a los salarios de lo/as académico/as. De lo/as académico/as, porque el alto funcionariado tiene una escala salarial elevada que no tiene que refrendar periódicamente para mantenerla.

Durante el sexenio de Peña Nieto, el gobierno federal criminalizó a los maestros y los desprestigió retratándolos como ausentistas, poco calificados, haraganes y revoltosos. Hoy Javier Milei efectúa una operación similar en Argentina pintando a los trabajadores formales y sindicalizados como una élite acomodada e indolente que resulta una carga para la sociedad. Esta es la narrativa para legitimar sus lesivos Ley Omnibús y Decreto de Necesidad y Urgencia. He escuchado en la BUAP una narrativa similar: los que se están oponiendo al nuevo reglamento del ESDEPED forman parte de una casta académica privilegiada, perezosa y que le rehúye a la docencia. Esta narrativa omite que el proyectado nuevo reglamento castigará a todos y todas por igual: a quienes tienen los más altos puntajes y a quienes no los obtienen. Será extremadamente difícil que alguien obtenga el máximo puntaje.

Las anteriores consideraciones no olvidan otra de las conclusiones a las que llegaron los eventos Los Retos de la Educación Pública Superior en México en una época de cambios y Los Retos de la Nueva Agenda Universitaria celebrados en 2020 y 2021: para tratar estos problemas las autoridades universitarias y la comunidad universitaria deben mantener un diálogo y una sinergia porque buena parte de la problemática universitaria, entre ella la de la dignificación salarial, termina en la ventanilla de la Secretaría de Hacienda. No es otro el espíritu con el que se han escrito estas líneas.

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