Propuesta legal: pleno reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos

Adelfo Regino Montes, líder del INPI, consideró la reforma propuesta por el presidente López Obrador como una "acción de justicia social"

Lizzette Vela

21/02/2024 1:06pm

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) respalda la propuesta de reforma constitucional que busca otorgar pleno reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, en lugar de ser considerados objetos de interés público, como ocurre actualmente.

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Adelfo Regino Montes, titular del INPI, durante la conferencia de prensa presidencial, calificó esta iniciativa como un «acto de justicia social» durante una conferencia de prensa donde se presentaron los detalles de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.

La reforma, que coincide con el Día Internacional de la Lengua Materna, tiene como objetivo central asegurar que estas comunidades sean reconocidas como sujetos plenos de derechos, permitiéndoles ejercer su autonomía y tomar decisiones en sus asambleas, las cuales serán respetadas tanto por el gobierno como por la sociedad en general.

Actualmente, en el artículo 2 de la Constitución, los habitantes indígenas y afromexicanos son considerados sujetos de interés público, lo que implica un trato de objeto, sujeto a la protección, tutela y asistencia gubernamental. La iniciativa pretende cambiar esto, reconociéndolos como sujetos de derecho público con plena capacidad para ejercer sus derechos y establecer relaciones de respeto y coordinación con todas las instancias.

La reforma también busca fortalecer la participación de estas comunidades en la toma de decisiones, permitiéndoles elegir y nombrar autoridades en sus asambleas, así como recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades.

Además, se establecen medidas para proteger y preservar su patrimonio cultural y lingüístico, así como para impulsar su desarrollo comunitario y regional, garantizar el acceso a la educación y la medicina tradicional, y reconocer su derecho a la consulta en asuntos que les conciernen.

Según Regino Montes, esta reforma representa un paso fundamental hacia la justicia social y la inclusión, cumpliendo con el compromiso de la actual administración de priorizar a los sectores más vulnerables de la sociedad, en particular los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.