La Contraloría constató una serie de irregularidades en los convenios suscritos entre el Gobierno Regional del Biobío (GORE) y diversas fundaciones.
Según reveló un preinforrme del ente contralor, se evidenció un modus operandi similar al mecanismo empleado en el caso «Democracia Viva», en Antofagasta, ya que funcionarios que prestaban servicios al interior de la gobernación habrían recibido sus sueldos de parte de la Fundación Educación Financiera (Fundef), financiada por el propio GORE con un fondo de 380 millones de pesos.
En el documento, la Contraloría explicó que obtuvo la declaración de dos funcionarios de la gobernación, quienes reconocieron haber sido contratados por una fundación para ejercer labores dentro del Gobierno Regional.
Vínculos entre Fundef y el GORE Biobío
Cabe recordar que en diciembre de 2022, Fundef firmó un convenio con el Gobierno Regional del Biobío por $380 millones para el programa Impulsa Voluntariado, cuyo propósito era realizar capacitaciones y talleres a organizaciones sociales para fortalecer los voluntariados en la región.
Según los términos del convenio, la fundación -constituida en 2015- debía rendir sus gastos ante el Gore para que éste evaluara si eran procedentes. Una de las personas a cargo de revisar esas rendiciones era Simón Acuña, quien en ese momento ejercía el cargo de jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore del Biobío, un área encargada de recibir los informes trimestrales de gestión de la fundación.
Sin embargo, Acuña habría conocido desde antes a los representantes de Fundef. El ingeniero en administración Carlos Careaga, presidente de la organización, y el psicólogo Felipe Muñoz, secretario del directorio, trabajaron en el Instituto de Formación y Capacitación Popular (Infocap), de donde Acuña fue director entre 2018 y 2022.
En julio de 2023, un consejero regional denunció el caso ante la Contraloría y otros dos lo hicieron ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se investigara si existen eventuales irregularidades.
Democracia Viva 2
Tras conocerse las conclusiones del preinforme, un grupo de consejeros del Biobío cuestionaron la falta de controles por parte del Gobierno Regional.
«Es el mismo caso que vimos en el norte con Democracia Viva, la contratación de esa forma de las personas, aquí habría un Democracia Viva 2, con la misma forma o modus operandi. La verdad es que la desprolijidad es salvaje», planteó el consejero regional Gabriel Torres, citado por Cooperativa.
En la misma línea, su par Piero Blas señaló que «la arbitrariedad y la desprolijidad de los hechos que ocurren en este gobierno regional subyacen en la negligencia completa del gobernador regional, que solo intenta demostrar que cumple con la ley cuando es descubierto».
«Esperamos, a través de la Comisión de Fiscalización, poder sesionar y analizar las cláusulas expresas que puedan justificar y dar lugar al término anticipado del convenio con Fundef», dijo por su parte el consejero Javier Sandoval.
Gobernador Díaz: «Es extremadamente difícil poder hablar de estas materias»
El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner (ex DC) fue consultado sobre las irregularidades detectadas por el órgano contralor, y señaló que «es extremadamente difícil poder hablar de estas materias, porque yo tengo una prohibición que viene en el preinforme de la Contraloría».
«Sin embargo, otras personas que consiguen esa información de una manera claramente ilegal, no proviene del Gobierno Regional, no sé de qué manera consiguen esa información, opinan y hacen juicios sin esperar que esto sea debidamente resuelto con el informe que debe hacer la Contraloría en base a las respuestas que el Gobierno Regional ha emitido», dijo a Cooperativa.
Planteó que al no poder responder sobre este asunto, «quedan instaladas las cosas que algunas personas dicen».
«Cuando esas situaciones son desvirtuadas, nadie hace ninguna pregunta de cómo fue desvirtuado, la verdad es que no ocurre, es una situación extremadamente incómoda», cerró Díaz.
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