La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la gestión que la Municipalidad de Mostazal hizo de los fondos recibidos de Casino Monticello, un enorme recinto de juegos de azar y entretenimiento que se ha transformado en la principal fuente de ingresos tanto para el municipio como para el Gobierno Regional de O’Higgins.
Según reveló The Clinic, el casino aportó $37.043 millones en impuestos a entidades públicas solo en el año 2022, una cifra que fue cuestionada por el organismo contralor debido que no se habría gastado de acuerdo a lo que establece la ley.
La fiscalización realizada por Contraloría reveló que la municipalidad de Mostazal transfirió un total de $300.250.000 a la Corporación Cultural de la comuna. Sin embargo, se constató que $122 millones de este total no se ajustaron a la ley y «no se aviene al principio de legalidad del gasto», por lo que deberán ser restituidos.
En paralelo, Contraloría detectó que se traspasaron $415.940.000 al Departamento de Administración de Educación Municipal de Mostazal, los cuales habrían ido a parar a seis proyectos de los cuales no existe rendición de gastos alguna y se desconoce en qué fueron aplicados. «Existen a lo menos $60.940.000 que fueron transferidos sin que conste si su destino corresponde o no a obras de desarrollo», señala el informe de Contraloría.
Además de lo anterior, existen $381.594.000 que fueron transferidos al Departamento de Salud, los cuales no fueron utilizados ni se pudo determinar si su destino correspondió a obras de desarrollo.
Otra irregularidad se detectó en las transferencias de $220.962.006 para «mejoramiento, conservación y reparación de todas las plazas y áreas verdes, jardines de edificios municipales, espacios de calles y avenidas» y en el traspaso de $651.812.040 para «recolección y transporte de residuos domiciliarios, limpieza de calles y veredas y el aseo de ferias libres». Según constató la fiscalización, ninguno de estos gastos se ajustó a derecho.
Finalmente, la Contraloría impugnó gastos de más de $130 millones en ayudas sociales como vales de gas: «No se encontraba acreditada la recepción conforme por parte de los beneficiarios», señala el informe.
Por todo lo anterior, la Contraloría General de la República abrió un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, a la vez que se ofició al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para alertarlos de la situación.
El alcalde de Mostazal, Santiago Gárate (IND-exRadical), no ha emitido declaraciones al respecto.
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