Mauricio Daza sobre formalización de Sergio Muñoz: «El director de la PDI era un soplón de Hermosilla»

POR BRUNO SOMMER

Hoy se conoció que Carabineros allanó el domicilio particular y la oficina de Sergio Muñoz Yáñez, hasta ayer director general de la PDI. Además se informó que el próximo martes va a ser formalizado a partir de información obtenida del celular de Luis Hermosilla en el contexto del “Caso Coimas”, rebautizado por algunos medios como “Caso Audios”, ¿Le sorprendió esta noticia?

-La verdad es que me impactó, pero no me sorprendió. Uno puede observar que en causas graves por corrupción en que aparecen involucradas altas autoridades y grandes empresarios, normalmente ocurren cosas raras, y al final terminan sin que se haya establecido la verdad de los hechos, y sin condenas. Son precisamente esos casos donde Luis Hermosilla habitualmente intervenía como abogado defensor. Uno obviamente sospecha que este círculo vicioso de impunidad se debe a algo más, sin embargo lo llamativo es que en este caso ocurrió una cosa poco habitual, que fue la incautación del teléfono de un abogado del perfil de Hermosilla. Esto le ha permitido a la fiscalía conseguir información relevante sobre la red que tendría en distintos órganos del Estado vinculados a la persecución criminal, sobre lo cual él mismo alardeó en el audio filtrado hace algunos meses. 

Lo llamativo es que Luis Hermosilla era reconocido como uno de los abogados más prestigiosos del país hasta antes que se revelaran sus audios.

-Eso hace que este caso tenga una mayor connotación y gravedad. Más allá de que probablemente le podría resultar muy fácil a alguien ser visto como un abogado de prestigio, exhibiendo públicamente resultados favorables en casos complejos, cuando en realidad eso se logra por debajo, a partir del pago de coimas o ejerciendo tráfico de influencias. 

El fundamento del allanamiento y la formalización sería un peritaje al celular incautado de Hermosilla donde constaría que Muñoz Yañez le habría informado sobre actuaciones y diligencias reservadas en casos a los que tuvo acceso como director de la PDI. ¿En qué consisten los delitos por los cuales la fiscalía anunció que va a formalizar a Sergio Muñoz Yáñez? 

-Por lo que ha informado fiscalía se trataría de dos delitos. El primero, que está en el código penal, castiga a los funcionarios públicos que revelen hechos que forman parte de un procedimiento judicial en que tengan que intervenir bajo un deber de reserva con una pena de reclusión de entre 61 días y 5 años. Además se les está imputando un delito especial consagrado en la ley sobre lavados de activos, donde se castiga la revelación de información de una causa por esos delitos de forma más grave, con una pena de presidio de entre 541 días a 5 años. 

¿Por qué se imputan dos delitos y no uno solo?

-Según se ha informado, Muñoz Yáñez habría informado a Hermosilla sobre antecedentes reservados de los que tenía conocimiento en su calidad de Director de la PDI y que corresponderían no solo a una causa, sino que a varias.  Una de esas causas sería la seguida en contra del antecesor de Muñoz Yánez, el ex director de la PDI Héctor Espinosa, imputado por delitos de malversación y lavado de activos, usando los gastos reservados. En esa causa  Hermosilla asumió como abogado defensor de Espinosa. Pero además Muñoz Yáñez le habría entregado información sobre otras causas donde Hermosilla intervenía, incluida una donde estaba siendo investigado el propio abogado.  

Antes de ser director general de la PDI, Muñoz Yañez estuvo a cargo del departamento de inteligencia de la institución bajo el mando de Héctor Espinosa. Tal como ud. dijo, después Hermosilla asumió la defensa penal de Espinoza por las causas  criminales que se abrieron en su contra. ¿Esto es un indicio de que esta filtración de información reservada desde la dirección general de la PDI podría venir desde más atrás?

-Sin ninguna duda que acá existen relaciones cercanas entre el ex director Espinoza con Muñoz Yánez, ya que el primero fue uno de los principales promotores para el nombramiento del segundo como su sucesor. Todo en un contexto donde la designación pasaba por la intervención del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la que depende administrativamente la PDI, a cargo en ese entonces de Andrés Chadwick, histórico socio de Luis Hermosilla. La revelación a partir de los antecedentes conocidos con la pericia que se hizo al telefónico de Hermosilla le permite a la Fiscalía investigar hacia atrás. Esto podría ser la punta de un enorme iceberg.

Se ha cuestionado que la información que funda la imputación sobre Muñoz Yañez se obtuvo a partir de una diligencia que corresponde a una causa donde no estaba siendo investigado, y que se tratan de hechos que no se relacionan con la causa original vinculado al audio de Hermosilla con Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. ¿Puede tener esto alguna importancia en la causa contra el director de la PDI? 

-Se ha planteado por algunas personas cercanas a Hermosilla que la investigación que realiza la Fiscalía solo debía centrarse en los hechos relacionados con el audio revelado hace unos meses atrás vinculado con el caso Factop, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos. De esta forma, los antecedentes descubiertos  respecto de otras aristas, como los antecedentes que le entregaba Muñoz Yáñez a Hermosilla por otros casos distintos, no podrían dar pie a una nueva causa, ni menos formalizaciones o cautelares en contra de una persona que no se vincula con los hechos de la investigación original, en cuyo contexto se ordenó y procedió a la incautación y revisión del teléfono del abogado. La verdad es que se trata de un asunto sobre el cual ha existido mucho debate, el cual se encuentra meridianamente superado en varios aspectos. Si por ejemplo ud en una investigación sobre robo, obtiene una orden de allanamiento para entrar a una casa y encuentra un cadáver en su interior y además hay una persona que tiene el arma homicida, no se puede sostener razonablemente a esta altura que esa persona no puede ser investigado por homicidio porque la causa original era por robo, y no tiene nada que ver con ese delito. Esto se denomina “descubrimiento inevitable” o “hallazgo casual”, y  hay muchos textos y fallos que lo avalan. En todo caso no me extrañaría que la defensa de Muñoz Yáñez lo invoque. Y quien sabe, en Chile se han visto “muertos cargando adobe”, especialmente en casos donde hay altas autoridades imputadas por delitos graves de corrupción.

¿Existe alguna posibilidad realista que en caso que sea condenado,Muñoz Yáñez sea condenado a una pena efectiva?

-Es difícil anticiparlo. De partida, para poder obtener beneficios que impliquen cumplir una condena en libertad, se requiere que la pena que se aplique en concreto sea igual o inferior a 5 años. En este caso, la pena asignada por ley a los delitos que le imputan están dentro de ese rango. Pero si se considera que los delitos fueron reiterados, esto es que no lo cometió una, sino varias veces, entonces el rango de pena aumenta. Después de todo eso hay que ver el juego de atenuantes y agravantes, que también inciden. No resulta claro en esta etapa si en vaso de condena Muñoz Yáñez va a cumplir en libertad o en cárcel efectiva, pero hay toda una investigación por delante, y esto sin duda se puede agravar sustantivamente para el imputado durante el desarrollo de la causa.  

¿Por qué formalizan a Muñoz Yáñez y no a Hermosilla, a pesar de todos los antecedentes que existen respecto al abogado?

-Los delitos que se están imputando a Muñoz Yáñez corresponden a diversas formas de violación de secreto, que solo los pueden cometer funcionarios públicos. Hermosilla no tiene esa calidad. En todo caso, al abogado lo están investigando por los hechos revelados en el audio filtrado hace algunos meses, vinculados a delitos de cohecho, falsificación y estafa. Se trata de una investigación más compleja, ya que en el caso de Muñoz Yáñez el delito estaría básicamente probado con la existencia de mensajes enviados desde su teléfono o correo donde le entrega a Hermosilla antecedentes reservados de causas penales a los que accedió en su calidad de Director de la PDI. 

¿Hay alguna posibilidad que Muñoz Yáñez quede en prisión preventiva?

-Primero va a depender si el Ministerio Público lo solicita. Todo indica que por la gravedad de los delitos que se imputan y sus circunstancias, van a solicitar una cautelar de alta intensidad. Si se abre debate sobre cautelares en la audiencia del martes, habrá que ver cuales son los antecedentes que exhibirá la fiscalía para justificar que hay indicios sobre la existencia de los delitos que se imputan y la participación de Muñoz Yáñez. Además deberán acreditar la llamada “necesidad de cautela”, lo que significa establecer que la cautelar de prisión preventiva o aquella otra que se pida, se justifica según las causales contempladas por la ley 

¿Se puede considerar que Muñoz Yáñez es un “peligro para la seguridad de la sociedad”?

-Eso va a depender del criterio del juez que tome la audiencia, más allá que la ley define ciertos elementos como referencias para determinar si ese peligro existe, tales como la gravedad de la pena probable en caso que fuese condenado por los delitos que se le imputan; si en caso de condena se darían los requisitos para cumplir las penas en libertad; las circunstancias concretas en que se ha dado los hechos que fundan la imputación; la naturaleza de los delitos que se imputan, entre otros. Pero son solo guías, y al final el juez define cual cautelar, en caso de que proceda alguna, es la que se aplica. En todo caso esa decisión es revisable por la Corte de Apelaciones. Es por esto que podrían pasar varios días antes de que se defina la cautelar. 

Pero estamos frente a delitos de corrupción cometidos por el Director General de la PDI. ¿Eso no es suficientemente grave?

-Sin duda. Pero las medidas cautelares no son condenas anticipadas. Eso se define en un eventual juicio después que se cierre la investigación. Sin embargo, el panorama que enfrenta Muñoz Yáñez es complicado. Además hay que considerar que también podría argumentarse otro de los fundamentos que establece la ley para considerar que sí corresponde aplicar una cautelar de gran intensidad, como la prisión preventiva. El que un director de la PDI sea imputado por la filtración de información reservada en investigaciones vigentes por delitos graves podría dar pie a considerar que es un peligro a la seguridad de la investigación, y que su libertad pudiera afectar diligencias precisas y concretas. También habría que analizar el peligro de fuga asociado al imputado. La verdad que los factores son muchos, y no vale la pena especular demasiado sobre cautelares, más allá que lo conocido hasta este momento es extremadamente. 

¿Cómo proyecta que esta causa va a seguir? 

-Todo indica que se está abriendo una caja de pandora donde pueden surgir antecedentes de una red de tráfico de influencias y corrupción de una extensión insospechada. La hipótesis de imputación que está levantando la fiscalía, a partir de la evidencia recolectada, es clara y grave: el director de la PDI era un soplón de Hermosilla. En ese contexto, si el abogado logró capturar en los hechos a quien encabeza una de las policías, es razonable suponer que ese fenómeno de corrupción se pudo extender a otras autoridades y actores del sistema de persecución penal. Ojalá que en este caso, a diferencia de lo que pasó con las causas sobre financiamiento ilegal de la política, se llegue hasta el final, se persiga hasta las últimas consecuencias a todos los responsables; y se obtengan condenas proporcionales a la gravedad de los delitos que se imputen a partir de esclarecer la verdad de lo sucedido. Espero sinceramente que estas causas nuevamente con clases de ética o una nueva operación transversal de impunidad. Nunca hay que perder la esperanza, a pesar de todo.