Ecuador y el estado de excepción de Noboa: Asesinato de alcaldesa opositora y represión a comunidades antimineras

El estado de excepción del presidente de Ecuador Daniel Noboa, cuya excusa fue el combate contra el crimen organizado, ha estado lejos de tal propósito, por el contrario, durante su aplicación, han asesinado a autoridades municipales opositoras a su régimen y hay una serie de denuncias por represión y criminalización militar a comunidades defensoras de los territorios ante la invasión de empresas mineras

Seguel Alfredo

25/03/2024 1:17pm

Ecuador: ¿Para quién está dirigido el estado de excepción del presidente Noboa?

Una publicación que realizaba el analista uruguayo Raúl Zibechi en enero de este año, a través de Desinformémonos, ya ponía en alerta lo que realmente sería el estado de excepción anunciado por el gobierno de Daniel Noboa para, supuestamente, combatir el crimen organizado.

En dicho artículo, titulado: “Ecuador: una guerra contra el movimiento indígena”, se analizaba la declaración de Conflicto Armado Interno en Ecuador por el gobierno de Daniel Noboa. Se sugiere que esta medida se alinea con la Doctrina del Shock para planes económicos transnacionales.

Asimismo, se destaca la conexión entre el narcotráfico y la guerra contra los pueblos, así como el papel del gobierno anterior en permitir la consolidación del crimen organizado en su ingreso al país.

Zibechi, también hace referencia de las medidas restrictivas impuestas, como el toque de queda y la militarización del país, las que, más allá de la lucha contra el crimen organizado, pretenderían limitar la reacción social.

Además, se plantea que la dolarización facilita el lavado de dinero y beneficia tanto al narcotráfico como a las grandes corporaciones. Se destaca la importancia del movimiento indígena como obstáculo para las clases dominantes, recordando el levantamiento de 2019 y señalando un cambio en la dirección del movimiento hacia líderes más autónomos.

Por otro lado, un análisis de Pablo Dávalos en Desinformémonos, se explora el concepto del «Plan Ecuador» y “El Estado Fallido”,como una estrategia geopolítica impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso desde su llegada al poder en 2021. Se plantea que este plan busca alinear los intereses del país con los transnacionales, en especial del poder político económico en Estados Unidos en un contexto de conflictos internacionales.

Se sugiere que la crisis de seguridad y la declaración de conflicto armado son parte de esta estrategia. Se mencionan los momentos clave en la construcción del plan, incluyendo acuerdos militares con Estados Unidos y reformas legales que facilitan el lavado de dinero. Se señala cómo el gobierno de Lasso debilitó las instituciones públicas y permitió la infiltración del crimen organizado. Se destaca la conexión entre la política económica y la estrategia neocolonial, con el objetivo de subordinar al país a intereses extranjeros. Se plantea que el Plan Ecuador busca perpetuarse en el tiempo, incluso más allá del mandato de Noboa.

Ambos textos enfatizan la complejidad de la situación en Ecuador, donde se entrelazan intereses económicos, políticos y geopolíticos, con consecuencias significativas para la sociedad ecuatoriana, especialmente para el movimiento indígena y los sectores populares.

Estos análisis presentados en los inicios del gobierno de Noboa, han tenido confirmaciones en estos meses. El estado de excepción y la militarización anunciada por Noboa, ha estado lejos de controlar el crimen organizado, muy por el contrario, se han gatillado crímenes selectivos de líderes y autoridades opositoras al régimen y se ha desplegado una fuerte ofensiva contra comunidades en resistencia que defienden los territorios del extractivismo.

Asesinan a tiros a joven alcaldesa de Ecuador

La Policía de Ecuador anunció este domingo (24.03.2025) que Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, en la provincia de Manabí, fue asesinada, mientras todavía rige el estado de excepción decretado por el Gobierno.

«Esta madrugada en el sector San Vicente, Manabí, se identificó en el interior de un vehículo a dos personas sin signos vitales, con heridas por impacto de arma de fuego, que corresponden a Jairo L. y Brigitte G. (alcaldesa del cantón San Vicente)», informó la Policía a través de su cuenta de la red X. Según informaciones de medios digitales, la otra persona encontrada sin vida corresponde a Jairo Loor, director de Comunicación del Municipio de San Vicente, difundían las agencias informativas.

Brigitte García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y era militante del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

El asesinato de García se dio menos de dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero. Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.

El asesinato de Carnero, que era también militante correísta, se sumó a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Represión a comunidades defensoras de territorios

Diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos de Ecuador, denuncian la represión militar y policial contra comunidades indígenas y campesinas defensoras de los territorios ante las amenazas mineras, como ocurre en la provincia de Cotopaxi, mientras la violencia vuelve a las calles del país.

“Hoy, tres camiones de militares, dos camionetas y un helicóptero ¿Para combatir a la delincuencia? No. Para reprimir a comunidades de Cotopaxi ¿Cuáles son los impactos psicológicos de esta militarización?”, denunció el Frente nacional Antiminero a través de su red social X.

Ese movimiento también lamentó que, en los últimos días, numerosos campesinos de esos territorios han sido denunciados como «terroristas» por parte de la minera canadiense Atico Mining, “en complicidad con el gobierno de Daniel Noboa”, reiteró el Frente.

Mientras tienen lugar esos hechos en las comunidades antimineras, la ola de violencia se acrecienta en esta nación sudamericana.

Un comunicado urgente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denuncia que “la represión ejercida por la Policía Nacional del Ecuador y Fuerzas Armadas ha tenido un impacto devastador en #PaloQuemado, incluyendo niñas, adolescentes y adultos mayores. (…) Esta acción se dirige contra familias campesinas y comuneros que mantienen la defensa de su territorio frente a la invasión de la minera canadiense Proyecto La Plata Esta es la respuesta del Gobierno para imponer con violencia la megaminería en Ecuador”, destacó el medio Presenza.

Los comuneros declaran: “la Policía y militares nos lanzaron bombas, nos persiguieron como si fuéramos delincuentes, pero a los delincuentes no les pueden seguir así, les tienen miedo, a la gente campesina que lucha por la tierra sí nos atacan». El 11 de marzo pasado, los habitantes de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas del cantón, Sigchos, denunciaron la llegada de varios vehículos con decenas de civiles armados que estarían montando retenes ilegales.

Las Compañía Minera La Plata S.A. es subsidiaria de la empresa canadiense Atico Mining Corporation, que en enero de 2024, apenas inaugurado el gobierno actual del presidente Noboa, recibió luz verde para extender la concesión minera La Plata hasta 2049. |Hace pocas semanas el gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo de inversión con Atico Mining Corporation en el marco de la cumbre mundial de la minería (#PDAC2024), en Canadá, “mostrando su compromiso con el desarrollo de la minería responsable en el Ecuador”. Marzo marca el inicio de una escalada agresiva del Gobierno de Ecuador para impulsar la explotación minera. Efectivamente, en la primera semana de marzo pasado el Presidente de Ecuador acudió a la PDAC2024 para ‘vender’ el Ecuador minero, destacó el diario Expreso.

La minería vuelve a imponerse a sangre y fuego en Ecuador, señala la agencia local Cotopaxi Noticias. El Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, por su parte, ha informado que hoy presentarán a la Corte Constitucional un recurso de inconstitucionalidad frente a la militarización y criminalización en Palo Quemado y las Pampas.

Asesinato de líderes indígenas en Esmeralda

En medio del estado de excepción, dos líderes de la nacionalidad indígena Chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El 20 de febrero de 2024, Alberto Quiñónez, de 46 años, y Didson De la Cruz Quiñónez, de tan sólo 12 años, ambos de la comunidad Tsejpi, murieron en extrañas circunstancias en un accidente que no ha sido investigado, informaban así medios.

Los comuneros Chachi, una de las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, viajaban, junto a un conductor, en una camioneta cuando unas personas no identificadas, dispararon hacia el carro.

Las balas hirieron al conductor quien se bajó del auto y se lanzó al suelo. El vehículo, ocupado por Quiñónez y De la Cruz —quienes eran tío y sobrino— se resbaló y cayó en la quebrada del estero, ubicado en el sector de Camarones de la comunidad Juan Montalvo, parroquia Borbón, del cantón Eloy Alfaro. Poco antes de que esto ocurriera, habían cruzado un puente sobre ese estero.