Como un hecho «sin precedentes» calificó la familia del ejecutado político Vicente Blanco Ubilla la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel de anular la sentencia dictada en contra de los militares en retiro Hugo Medina Leiva y Alfonso Faúndez, quienes habían sido condenados a 10 años de presidio por secuestro calificado.
Fue en marzo de 2023 cuando la ministra en visita Marianela Cifuentes condenó a ambos oficiales del Ejército y a un oficial de Carabineros en retiro por su responsabilidad en el secuestro Vicente Blanco Ubilla, militante del Partido Comunista y dirigente vecinal que fue detenido y posteriormente asesinado el 20 de septiembre de 1973, durante la dictadura militar.
En dicho fallo, ambos oficiales fueron condenados a la pena efectiva de 10 años de presidio en calidad de autores del delito, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además del pago de las costas del proceso.
A pesar de esto, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó anular la sentencia y retrotraer todo el proceso a etapa de sumario, asegurando que la jueza Cifuentes «incurrió en un vicio que influye en lo dispositivo del fallo al calificar los hechos, además, como un crimen de lesa humanidad con una valoración jurídica más perjudicial para los sentenciados, sin que sus defensas hayan podido hacerse cargo de aquello».
Para el abogado querellante Francisco Bustos, la decisión de la Corte de Apelaciones es un hecho inédito, ya que contraviene la obligación que tiene el Estado de no obstaculizar la persecución de violaciones a los derechos humanos:
«Es una resolución sumamente preocupante (…) La familia está sumamente indignada, ellos no podían creer esto, porque ellos sabían que se podían modificar las condenas, pero que acá se obligue a hacer todo de nuevo, es algo muy violento», señaló el abogado.
«El Estado chileno ha suscrito todos los instrumentos internacionales e incluso ahora un tratado firmado por el ministro Cordero recientemente en La Haya. Entonces, aquí se están vulnerando diversas obligaciones internacionales y vamos a buscar revertir esta sentencia», agregó.
La familia de Vicente Blanco, por su parte, ya anunció sus intenciones de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, además de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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