Tensión en San Antonio por orden de desalojo de 4 mil familias en campamentos: “Se ignora las demandas de los asentados”

Corte Suprema confirma desalojo de campamentos en comuna de San Antonio

«Todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de seis meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar (…)»se dispone, desde luego, el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición«. indica parte  del fallo del máximo tribunal emitido en la reciente semana.

Cabe consignar, que en agosto de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Chile) dio orden de desalojar 254 hectáreas del Sector Bellavista, donde llegaron a vivir unas 4,000 familias, y 1,000 familias más en el Sector Placilla, ambos en el área de conurbanización entre las ciudades de San Antonio y Cartagena, las que se han levantado de a lo menos hace 5 años.

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Reacciones

El abogado de la agrupación de pobladores, Felipe Olea, explicó a Radio Cooperativa, que «en este caso lo que se le está pidiendo es que el Estado haga uso de los miles de subsidios que existen y que efectivamente compre el terreno, porque las casas ya están construidas, esta es una población que ya existe, en donde sus calles, sus avenidas, locales comerciales, distintas urbanizaciones ya existen, lo que hoy falta es el timbre para que el Estado se haga cargo y entienda que acá en San Antonio ha nacido una nueva población».

«Mientras el Estado está ausente genera un riesgo latente de que cualquier emergencia las pueda hacer sucumbir. En su mayoría son familias, en este caso integradas por madres y sus hijos, personas que no han podido de otra forma buscar una solución habitacional, no es posible que el Gobierno siga tramitando», cerró el jurista.

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Por su parte, la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana (independiente), declaró a Radio Cooperativa que «los problemas sociales no se abordan con desalojos«, en referencia a la megatoma de la comuna, asegurando que la generación de barrios y el crecimiento de la ciudad «está dentro de los límites como para poder desarrollar ahí un proyecto importante». 

En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal indicó que «hay un problema enorme en San Antonio derivado de la crisis de las políticas de vivienda que no supieron dar respuesta a la necesidad de habitación de muchísimas familias, con una población por lo demás que también fue aumentando, sobre todo post pandemia. En esa línea, me parece que hoy día lo que tenemos que hacer el gobierno local, que es lo que hemos estado haciendo, con el Gobierno central, es determinar el estado de necesidad, determinar la cantidad de personas que requieren vivienda y aplicar políticas públicas sin que se abuse del estado de necesidad de las personas».

Sostuvo que el Estado tiene «todas las facultades para poder comprar, como para poder expropiar o ejercer otros mecanismos». En este contexto, aseguró que, pese a que esta toma no está urbanizada, «sí tiene una especie de ordenamiento que lo hace menos caótico que otros campamentos; tiene bastante bien determinadas sus vías de acceso, ha logrado llegar a acuerdo con la empresa que suministra electricidad».

«Desalojo de toma en San Antonio masacre desconocida en la historia urbana de Chile»

Compartimos una reciente columna publicado en diversos medios independientes, como la Revista de Frente, escrito por el arquitecto chileno Miguel Lawner, que por sus proyectos, tanto públicos como privados, ha recibido diversos reconocimientos nacionales, incluyendo el Premio Nacional de Arquitectura en 2019.

«Dejo en claro que, en la eventualidad de intentar consumar el desalojo en San Antonio, yo, con mis 95 años a cuestas, seré el primero en estar presente en el lugar, intentando impedir la consumación de una tragedia, y tengo la certeza que me acompañarán la mayoría de quienes suscribieron dicha adhesión.»

 Por: Miguel Lawner

Hace ya más de cinco años, que comenzaron a poblarse los cerros de San Antonio, dando lugar, en definitiva, a la que es hoy día la mayor toma de terrenos existente en Chile. Se estiman en 4.000 las familias instaladas en esta situación durante los últimos cinco años.
La prensa publica hoy día una sentencia definitiva de la Corte Suprema, confirmando el desalojo de todas las familias y dando un plazo de seis meses para concretarlo. ([ El Mercurio.24.03,2024, Cuerpo C. Pg. 9. ])
Hablando con autoridades de la zona, estamos enterados que carabineros ha manifestado su imposibilidad para hacer efectivo dicho desalojo. No vivimos los tiempos de la dictadura militar, que desalojó en forma vil y violenta a mil familias de la Población Villa San Luis de Las Condes, las cuales habían adquirido sus departamentos conforme a todas las normas vigentes en la época.
El desalojo en San Antonio, hoy día, solo sería posible, perpetrando una masacre desconocida hasta ahora en la historia urbana de Chile.
Pero es verdad. El Parlamento chileno aprobó el año pasado una Ley de Usurpaciones, autorizando el desalojo de familias instaladas en campamentos e incluso penándolas con cárcel, disposición, esta última, eliminada sólo gracias al veto presidencial. Se trata de una nueva Ley Maldita, análoga a la aprobada el Siglo pasado, durante el mandato del Presidente González Videla, que significó enviar a miles de dirigentes sindicales y políticos a un Campo de Concentración en Pisagua, borrar de los Registros electorales a 20.000 ciudadanos y exonerar de la administración pública a un número análogo de funcionarios.
Nunca en la historia de Chile, los campamentos, llamados originalmente poblaciones callampas ya que surgían de la noche a la mañana, fueron prohibidas judicialmente. Jamás.
Gran parte del territorio que hoy integran las comunas de San Miguel y La Granja, tuvieron sus orígenes, en tomas de terreno que más tarde, gracias a su organización y al apoyo de profesionales comprometidos, se transformaron, todas, sin excepción, en asentamientos normales. Esto ocurrió con gobiernos de centro, izquierda o derecha.
Desde la dictadura hasta ahora se ha impuesto una política que ignora las demandas de los campamentos, en el sentido de transformarlos en un asentamiento normal y solo les ofrece la opción de optar a un departamento ubicado en cualquier otro lugar. Aceptan esta oferta algunas familias de este o varios otros campamentos y el mismo día que se mudan, son substituidas por nuevas familias que ocupan los sitios abandonados.
De esta manera, los campamentos se perpetúan. Se mantienen por años, con una u otra mejora, ofrecida en tiempos de campaña electoral, por políticos de distinto color político.
Yo he discutido este asunto en varias oportunidades con Carlos Montes, el actual Ministro de la Vivienda, quién, invariablemente me responde: “recuerda que los campamentos de hoy no son como los de ayer”.
Según el artículo publicado en El Mercurio, el Ministro Montes insiste en su punto de vista: “se trata de un catastro ya concluido que están procesando”. “Varias de estas familias ya tienen otras viviendas, hay distintas realidades que se están trabajando”.([ El Mercurio.24.03.2024, Cuerpo C Pg.9.]) El Ministro no dice una palabra de comprensión sobre una realidad indiscutible
Es cierto: hoy carecemos de la conciencia social y la fraternidad que teníamos ayer, tras más de 50 años de promover el personalismo y el consumismo, introducido por la dictadura y escasamente modificado en los regímenes posteriores.
Pero, caramba, me consta que, en su inmensa mayoría, los campamentos de hoy, como numerosos asentamientos irregulares, responden a la legítima necesidad de toda familia, por tener un techo bajo el cual cobijarse y que les niegan las políticas vigentes de vivienda.
Meses atrás, visitamos las tomas de San Antonio, junto con Constanza Lizana, alcaldesa de la zona y los colegas Anita Sugranies y Alfredo Rodríguez. Nos recibió una dirigente excepcional: Gabriela Almuna, presidenta del Comité Las Lomas, con quién recorrimos el sector. Es impresionante la obra que realizan teniendo presente la difícil situación en que viven. Conocimos un centro social levantado por ellas mismas, donde se llevan a cabo eventos sociales, artísticos o culturales. Incluso cursos de alfabetización. Gabriela niega que en dicha toma haya una sola familia que no esté verdaderamente necesitada de tener vivienda. Admite que puede haber en la zona, algún sector dominado por traficantes de droga, pero eso dista bastante de reflejar la realidad del conjunto de la toma.
Descalificar a personas honorables como Gabriela, es un agravio demasiado injusto.
Teniendo presente los compromisos contraídos en el Plan de Emergencia Habitacional, por el propio Ministro de la Vivienda en materia de solución a los campamentos, he publicado en estos días varias columnas relativas a la inacción en este tema, incluida una carta abierta enviada al propio ministro Carlos Montes.
Veo con un alto grado de preocupación, su actitud respecto a la posibilidad del lanzamiento de las 4.000 familias instaladas en las tomas de San Antonio.
Cuando lanzamos la candidatura de Gabriel Boric a la Presidencia de la República, durante un histórico acto con dirigentes de campamentos, que colmaron el anfiteatro de San Joaquín, le hice entrega a Boric, de un documento adhiriendo a su candidatura, suscrito por 1.016 arquitectos. Un hecho histórico.
Dejo en claro que, en la eventualidad de intentar consumar el desalojo en San Antonio, yo, con mis 95 años a cuestas, seré el primero en estar presente en el lugar, intentando impedir la consumación de una tragedia, y tengo la certeza que me acompañarán la mayoría de quienes suscribieron dicha adhesión.

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