Instamos a las autoridades para que se haga justicia en este caso, asegurando el esclarecimiento de lo ocurrido, el desarrollo de una investigación imparcial, y la determinación y sanción de las responsabilidades criminales en esta muerte. Exigimos, a su vez, el juzgamiento del caso en los tribunales civiles y no en la justicia militar, conforme a lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Palamara c. Estado de Chile)
Un joven mapuche de 24 años, identificado como José Facundo Mendoza Collio, resulto muerto hoy como consecuencia de disparos efectuados por un efectivo de carabineros. De acuerdo a las informaciones disponibles, el hecho habría ocurrido luego que integrantes de la comunidad Requén Pillán ocuparan el predio San Sebastián, ubicado a pocos kilómetros de Collipulli. El mismo se verificó en el marco de un desalojo de las familias que ocupaban el predio señalado por parte de Carabineros, acción que habría sido autorizada por el tribunal de Angol.
Los disparos, según reconoció el subsecretario Rosende, fueron hechos por un efectivo de fuerzas especiales de dotación de Santiago, quienes desde hace meses se encuentran en la zona en que se concentran los conflictos de tierras que involucran a propietarios particulares y a comunidades mapuche.
El Observatorio Ciudadano, junto con lamentar profundamente estos hechos, condena con la mayor energía este nuevo episodio de violencia y uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes policiales del estado que resulta en la muerte de personas mapuche involucradas en la defensa de sus tierras.
Este hecho cobra otra víctima al interior del pueblo mapuche, entre quienes se movilizan por la reivindicación de sus tierras y derechos. Recordemos que tres personas mapuche; Alex Lemun el 2002, José Domingo Collihuinca el 2006 y Matías Catrileo el 2008 han muerto como consecuencia de la acción represiva de la policía de carabineros.
El Observatorio Ciudadano reitera su condena al uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos interétnicos de larga data que existen en esta parte de Chile, en particular aquellos vinculados a la propiedad de la tierra. Como lo hemos señalado reiteradamente, tenemos la convicción que la represión no es conducente para dar una solución a este conflicto, sino que generalmente revierte en un aumento de la violencia generando mayor tensión social.
Pensamos que este nuevo hecho es la resultante natural de la opción asumida por las autoridades, privilegiando claramente la estrategia policial como mecanismo para invisibilizar las justas demandas territoriales mapuche y la ineficacia de la política pública. Esta nueva muerte ocurre en el marco de los anuncios realizados por el Ministro del Interior de reforzar la dotación policial en la zona, en particular de fuerzas especiales, asumiendo públicamente la fuerza y la represión como estrategia para contrarrestar las acciones de movilización mapuche en el sur del país y para garantizar la gobernabilidad.
Instamos a las autoridades para que se haga justicia en este caso, asegurando el esclarecimiento de lo ocurrido, el desarrollo de una investigación imparcial, y la determinación y sanción de las responsabilidades criminales en esta muerte. Exigimos, a su vez, el juzgamiento del caso en los tribunales civiles y no en la justicia militar, conforme a lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Palamara c. Estado de Chile)
Llamamos a las mismas autoridades a desarrollar acciones urgentes para establecer un diálogo efectivo con el pueblo mapuche en general y con las comunidades actualmente involucradas en los conflictos por tierras. Sin embargo, hacemos hincapié en que dicho diálogo debe estar inspirado en el respeto a la visión del otro, y orientarse por los lineamientos que sobre la materia han sido definidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, de no ser así será infructuoso.