Por Jorge Molina Araneda
Desde que retornó a Chile en 2011 —tras permanecer por muchos años en Inglaterra, donde estudio Historia del Arte en Sotheby’s—, María Gabriela Luksic, la menor de los hermanos que integran el grupo Luksic, se volcó con fuerza a invertir en el mercado inmobiliario chileno. En 2019 sumó nuevos activos a su ya extensa lista de 11 sociedades ligadas al sector, todas controladas a través de su holding inmobiliario Petra SpA., desde el cual administra un capital de US$25 millones.
Así, durante el primer trimestre del año 2019 conformó Inmobiliaria ltahue SpA e Itahue Raíces SpA. Además, implementó cambios en Inmobiliaria Candelaria Goyenechea SpA y en su relacionada Puerto + Arquitectura SpA., todas vinculadas al desarrollo y administración de proyectos, las inversiones en general o la explotación de todo tipo de predios.
Una apuesta en la que esta historiadora del arte no está sola, ya que su hombre de confianza en la administración —desde abril de 2011— es José Antonio Weiffenbach, ingeniero civil industrial de la PUC que anteriormente fue gerente general de Jucosa y gerente comercial de Patagoniafresh. Una labor donde Weiffenbach es apoyado y supervisado por los abogados Sven Herlin Kaiser y Rafael Valdivieso Ruiz Tagle del estudio Jara del Favero, que asesora a la empresaria en todos sus pasos.
De esta forma, a través de sus sociedades, Gabriela Luksic participa en varios proyectos de condominio en Zapallar y diversas áreas de Vitacura, entre ellas en el sector de Lo Curro. Conjunto de activos en Chile que esta empresaria ha forjado utilizando a Petra SpA como vehículo y a la sociedad Benares Limited, que en diversos reportes extranjeros figura como constituida en las islas Jersey, un paraíso fiscal dependiente de la Corona Británica.
Las huellas de los negocios de Gabriela Luksic en Chile se pueden seguir a través de Petra, formada en un comienzo como una sociedad anónima cerrada. El día de su creación, el 3 de diciembre 2003, quedaron como únicos accionistas –con 500 títulos cada uno– los abogados Gabriel José del Favero Valdés y Sven Herlin Kaiser. Seis años después, el 25 de mayo de 2009, durante una junta de accionistas se modificó su naturaleza y pasó a ser una sociedad por acciones (SpA). Para ese entonces, su controlador ya era Benares Limited.
Los paraísos fiscales han sido observados por distintas entidades a nivel internacional, que los sindican como los lugares perfectos para eludir impuestos. Así lo sugirió un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado en conjunto con la Universidad de Copenhage, que revisó la inversión fantasma desde el extranjero que poseen paraísos fiscales, y que no se relacionan con aumento de empleo o mayor actividad industrial, sino que con transferencias monetarias que realizan las medianas y grandes corporaciones para efectos de elusión tributaria.
En Chile, la operación de Petra que más reportó la prensa fue la que llevó a cabo en el barrio El Golf, en pleno Sanhattan, donde se ubicaba la casa de la Unicef. En 2015, y en conjunto con la gestora Patagon Land –ligada a José Luis Délano, hijo de Carlos Alberto Délano, condenado por delitos relacionados al financiamiento ilegal de la política–, adquirieron ese terreno por cerca de 8,3 millones de dólares de la época para construir viviendas de lujo. Ambos actores participan en otros proyectos a través del Fondo de Inversión Privado Patagon Land Desarrollo Viviendas.
Las iniciativas inmobiliarias de Petra llevan también a la calle Candelaria Goyenechea, en Vitacura, donde construyen un edificio con 27 departamentos simples y duplex, y cuyos precios van desde los $256 millones a los $910 millones. En la comuna de Zapallar, además de Tortugas de Cachagua, han construido los condominios Casa Pueblo (Cachagua), Punta Ballena (Cachagua), La Pedrera (Zapallar) y Bosque de Zapallar.
En Puerto + Arquitectura, Gabriela Luksic tiene como accionista minoritario al publicista Álvaro Gómez Carrasco. Y a pesar de que los proyectos se exhiben en el sitio web de esta última empresa, lo usual es que cada uno de los desarrollos cuente con su propia sociedad. Para levantar Tortugas de Cachagua, por ejemplo, se constituyó Ia sociedad Inmobiliaria Las Frutillas SpA el 12 de diciembre de 2012, en la que Luksic Fontbona quedó con el 70% de propiedad y Gómez Carrasco y sus socios con el restante 30%. Así, el 25 de enero de 2013, Inmobiliaria Las Frutillas compró dos lotes –de 25 mil metros cuadrados en total– a Inmobiliaria El Golf de Zapallar S.A., representada por el empresario Jorge Tadeo Eblen Kadis, para construir el recinto residencial a los pies del océano Pacífico. El precio que pagaron en esa compraventa fue de $3.396 millones.
Otra participación que registra Petra en el mercado inmobiliario guarda relación con Panal SpA, donde comparte con la Inmobiliaria Algeciras, ligada al empresario viñamarino Eduardo Elberg. No hay muchas huellas de este negocio, pero el 4 de abril de 2019, el Diario Financiero informó que Panal SpA le había comprado un terreno a La Polar en Renca por casi 14 millones de dólares.
Pero el sector inmobiliario no es el único que interesa a esta empresaria, ya que una de las áreas que más le atrajo a su llegada a Chile fue la producción de aceite de oliva. Así, tras analizar las mejores opciones, en 2012 aterrizó en la zona de Ovalle, donde adquirió un terreno de más de 450 hectáreas cercano a los predios que en la zona tiene la Viña Tabalí, fundada por su fallecido (2013) hermano Guillermo Luksic. Ahí, Gabriela Luksic tiene en operaciones el Campo El Olivar de Manantiales, que destaca por su buena infraestructura y acceso a aguas, la calidad de su plantación y alto rendimiento de aceite por hectárea,.
En el grupo Luksic encontramos a Andrónico, Jean-Paul, María Paola y María Gabriela, y mantienen intereses en Banco de Chile, CCU, Enex, Vapores, Saam y cadenas hoteleras en Croacia, entre otras sociedades. Pero a nivel personal, cada uno de los hermanos tiene sus propias inversiones, como es el caso de Andrónico Luksic y Canal 13.
-Subsidio estatal para pymes forestales
De acuerdo a Interferencia, la hermanastra de Andrónico Luksic obtuvo el beneficio para asegurar un negocio conducido desde un paraíso fiscal; el cultivo de 374 hectáreas de olivos en la cuenca del río Limarí. Entre los beneficiados hay otros nombres de la elite, como Stefan Krause, director de Cencosud Shoppings, Patricio Phillips Saenz, cercano a Julio Ponce Lerou en SQM o Felipe Ibáñez Scott, expropietario de supermercado Líder, entre otros.
El medio Interferencia ya publicó que la política pública denominada Seguro Forestal -financiada con presupuesto del Ministerio de Agricultura- ha significado que el Estado de Chile ha desembolsado más de $1.100 millones para subsidiar el pago de seguros para predios forestales pequeños y medianos contratados por privados.
Además, políticos como Felipe Kast (Evópoli) y Cristóbal Urruticoechea (Republicanos), han sido objeto de millonarios subsidios para financiar el pago de seguros para sus predios.
Gabriela Luksic Fontbona recibió un total de $2.509.201 en diciembre de 2021, según los datos entregados por Agroseguros.
En concreto, el beneficio para el pago de seguros forestales fue obtenido por la sociedad denominada El Olivar de Manantiales SpA, para asegurar terrenos por 374 hectáreas en la cuenca del río Limarí en la Región de Coquimbo.
En esta línea, El Olivar de Manantiales SpA se diferencia de las sociedades inmobiliarias controladas por Gabriela Luksic a través de Benares Limited, pues se trata de una empresa dedicada a la producción y venta de aceite de oliva. Es más, se trata de la única beneficiaria del subsidio forestal cuyo giro no es forestal, sino que por cultivo de frutas, y que se ubica en una región del norte del país.
Posteriormente, Agroseguros consultó a la compañía aseguradora los datos de la póliza, corrigiendo que se trataba de un seguro en caso de incendio de frutales, “y que fue erróneamente informada por la compañía de seguros como de seguro forestal”. De todas formas, el organismo afirma que “los parámetros de aseguramiento de la póliza también cumplían con las normas de suscripción para acceder al subsidio en el seguro de incendio para frutales”.
Esta empresa de Gabriela Luksic, como ya señalamos, se ubica al norte del río Limarí y tiene una superficie de 450 hectáreas. Además, cuenta con derechos de agua por 710.122 metros cúbicos anuales, o 33 litros por segundo, así como con acciones en el Embalse Recoleta, río arriba.
En términos económicos, El Olivar de Manantiales ha aumentado periódicamente su capital desde su creación, pasando de $5.851 millones en 2010 a $20.124 millones en noviembre de 2022.
-Lonquimay
En octubre de 2020 se dio a conocer la denuncia de que en el fundo La Fusta de la familia Luksic, en la cordillera de Lonquimay, guardias privados armados amenazan a las comunidades pehuenches. Al respecto la abogada del lof Lonquimay, Manuela Royo, señaló que están utilizando sicarios y que se les permite cometer el delito de porte ilegal de armas de fuego.
“No es posible que existan guardias armados, que existan guardias que estén ejerciendo un delito de porte ilegal de armas de fuego, delitos de amenazas, por lo cual vamos a presentar denuncias”, señaló Manuela Royo a Radio Kurruf, abogada del lof de Lonquimay que se encuentra en litigio en la Conadi de recuperación territorial de los terrenos dentro del fundo La Fusta.
En registros publicados en redes sociales se ven sujetos fuertemente armados que intentan evitar una recuperación territorial del Lof Adkintue que reclama como tierras ancestrales los terrenos que legalmente pertenecen a este grupo empresarial. En el lugar se han provocado enfrentamientos entre guardias privados armados, con comuneros que han utilizado palos y piedras para defenderse.
La denuncia apunta a que se están utilizando de manera ilegal hombres armados como guardias privados en el fundo “ejerciendo funciones que no tienen”, señala la abogada.
El fundo en disputa tendría concesiones mineras en esas tierras, y cientos de litros de agua por segundo para uso hidroeléctrico.
La representante del grupo que administra el fundo es Gabriela Luksic.
-Vitacura
De acuerdo a Patricio Herman (2024):
La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Vitacura otorgó el 1 de agosto de 2023 el permiso de edificación N° 57 del 2023 a la Inmobiliaria Camoens SpA relacionada con Gabriela Luksic, hermana del conocido empresario Andrónico Luksic, con el cual se intenta construir un edificio en un barrio residencial de densidad baja. Sin embargo, utilizándose el pícaro artículo 6.1.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el proyecto, a ejecutarse en un predio de 4.100 m2, solo contempla 4 pisos, violándose algunas disposiciones del respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) que permite una altura de 5 pisos. Asimismo, ese permiso se acogió al artículo 165 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), otro arreglín, que permite la construcción de locales comerciales y oficinas en los grupos de viviendas económicas DFL2.
Para posibilitarse este lucrativo negocio, consistente en 54 departamentos de lujo, pero calificados como viviendas económicas DFL2 con quinchos de uso exclusivo en la azotea para los 18 departamentos del 4° piso, y otro de uso común, además de 7 exclusivas oficinas comerciales, se tuvieron que demoler 6 viviendas unifamiliares de 1 piso c/u, con las consecuencias negativas ya asumidas por el vecindario, de plagas de roedores, contaminación acústica y de intensa polución. Está claro que, con la aplicación del bondadoso artículo 6.1.8 de la OGUC, se sobrepasó la densidad habitacional y los coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo de dicho PRC, lo que es irrelevante para “los que mandan”.
La Junta de Vecinos más otros 57 residentes del sector, haciendo valer sus legítimos derechos urbanos protegidos por el instrumento normativo comunal, interpusieron un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia judicial que lo declaró extemporáneo porque desconocía que, según la Ley N° 19.880, el plazo de 15 días para reclamar un acto administrativo municipal contempla que los días hábiles son de lunes a viernes, cerciorándose entonces que los distinguidos magistrados se confundieron, creyendo ellos que los sábados también son días laborales para estos efectos y por ello esta causa está radicada en la Corte Suprema, la que, al conocer las razones de fondo planteadas por la comunidad organizada, debería anular el mentado permiso de edificación.
Un exjefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, ante el despropósito del acomodaticio artículo 6.1.8 de la OGUC existente para mejorar la actividad de la construcción, se había comprometido a derogarlo, pero al referirnos a este episodio, observamos que algunos personeros de mayor jerarquía en el organigrama de ese ministerio se lo impidieron.
Por lo relatado, y esto es lo determinante del conflicto, se deduce que la ingeniosa inversionista optó por no regirse por el PRC de Vitacura que le permitía edificar 5 pisos de altura, pero solo 40 viviendas, conforme a la densidad habitacional del mismo para el terreno, sin que pudiera construir oficinas y por ello hizo valer el artículo 165 de la LGUC, constatándose que el artículo 6.1.8 de la OGUC le posibilita construir 54 viviendas.
Así se concluye que, si por estas cosas curiosas de la vida, llegara a prosperar esta operación comercial, enfrente de la angosta vía local Camoens de Vitacura, se habrán reemplazado 6 viviendas ya demolidas por 7 oficinas, 54 viviendas y 134 estacionamientos para vehículos motorizados, lo que, a todas luces, genera un espectacular aumento patrimonial para doña Gabriela Luksic.
Corolario: los ricos y potentados de este país atropellan constantemente el estado de derecho ya que creen ser, como señaló en 1892 Eduardo Matte, los dueños de Chile, del capital y del suelo… Con la clara connivencia y beneplácito, huelga decirlo, del poder político, en general, y judicial.
Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)
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