Durante las últimas semanas, nuevos antecedentes han surgido del denominado Caso Hermosilla y que relacionan directamente al cuestionado abogado con el gobierno de Sebastián Piñera, como el contrato suscrito entre el Ministerio de Salud y Luis Hermosilla en junio de 2022, por el monto de 10 millones 778 mil pesos, a costas de que el abogado defendiera al exministro Enrique Paris en una acción judicial que había sido presentada en su contra, y los pagos avaluados en $239 millones por asesorías vía trato directo (sin licitación), tanto por honorarios profesionales individuales como por convenios que se suscribieron entre la administración de Piñera y el estudio jurídico de Hermosilla.
Sin embargo, estas no serían las únicas contrataciones entre Luis Hermosilla y el gobierno de Sebastián Piñera, puesto que, el Equipo de Investigación a través de una solicitud de Transparencia, tuvo acceso al contrato suscrito entre Hermosilla y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas -que data del 26 de enero de 2022-, debido a que el Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, requería la contratación de los servicios especializados de un abogado, para su representación judicial y defensa penal.
«La presente contratación tiene por objeto la prestación de servicios especializados de representación judicial y defensa penal, en la causa Iniciada por querella interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago (caso Rafael Harvey/Milicogate), lo que incluirá la revisión de los antecedentes que ha reunido el Ministerio Público durante la investigación penal, a fin de poder exponer al ministro (Baldo Prokurica) los cursos de acción posibles y definir la mejor estrategia de defensa, control periódico del estado de la investigación (…) intervención, apoyo integral y representación del ministro en todas las audiencias judiciales que se originen en la causa penal anteriormente mencionada, y que se realicen ante un Juzgado de Garantía o un Tribunal Oral en lo Penal», se lee en el contrato firmado entre Luis Hermosilla y el subsecretario de la época, Alfonso Vargas.
Es importante mencionar que el exsubsecretario Alfonso Vargas (RN), es reconocido por ser designado por Augusto Pinochet como alcalde de la comuna de Nogales durante los años 1983 y 1987.
No obstante, un detalle en el contrato llama la atención y es que la forma de pago fue a través de 325 Unidades de Fomento (UF), equivalente a $10.254.608, y que fueron documentados mediante una orden de compra del 10 de marzo de 2022, es decir, un día antes de que asumiera la Presidencia, Gabriel Boric.
Finalmente, según antecedentes recabados por El Ciudadano, el pago se ejecutó el 14 de marzo de 2022, dos días hábiles después de finalizar el gobierno de Sebastián Piñera (autorizado por orden de pago del 10 de marzo). Además, en el año 2021, se contrató al abogado Eduardo Riquelme Portilla, exsubsecretario de Pesca y Acuicultura del segundo gobierno de Piñera, para defender en tribunales al subsecretario para las Fuerzas Armadas Alfonso Vargas, por una querella también interpuesta por el capitán Rafael Harvey.