Luego que el fiscal nacional confirmara durante la noche de ayer la solicitud de aplazamiento de la audiencia de formalización contra el general Yáñez y los otros dos imputados. Pese a los intentos de la defensa por postergar esta audiencia pactada para el próximo 7 de mayo, el jefe del Ministerio Público, señaló que la acción judicial responde a las reiteradas peticiones de la defensa de Yáñez de contar con más tiempo para analizar los antecedentes que se le imputan.
En relación a lo anterior, el abogado Luis Mariano Rendón expresó que «esto es una vergüenza para Chile. Demuestra que nuestro Estado de derecho es de cartón, que la política lo manipula a su antojo y que la igualdad ante la ley no existe».
Además, señala que el crimen contra los carabineros, debió tener consecuencias políticas inmediatas, como la renuncia de algunas autoridades.
«El crimen contra los tres carabineros en Cañete debiese haber significado la renuncia de la ministra del interior y del general director de Carabineros, por su incapacidad para asegurar condiciones operativas adecuadas para los policías en esa zona de alto riesgo, pese a los significativos recursos públicos destinados, incluyendo el despliegue de importantes fuerzas militares».
Además, señala que «no ocurre nada de eso y por el contrario, asistimos a un verdadero blindaje entre los responsables, que ha incluido esta posposición de la formalización del general Yáñez».
En relación a los argumentos otorgados por el fiscal nacional, Rendón tilda el motivo de «vergonzoso», pues «las defensas han tenido más de cuatro años para ir asimilando el contenido de la carpeta investigativa y el tribunal podía darle todavía un plazo adicional, después del acto de formalización, para que se prepararan para la discusión de cautelares. Por esa razón es que todos los intentos de las defensas de posponer la formalización fueron rechazados por el tribunal de garantía, por la Corte de Apelaciones y en dos oportunidades por el Tribunal Constitucional. No pudieron lograrlo con las armas legítimas del derecho. Tuvieron que hacerlo recurriendo a la manipulación política de un órgano constitucional supuestamente autónomo, como la Constitución dice que debiese ser Fiscalía», expresó.