El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra quienes resulten responsables al interior de Codelco por el presunto delito de fraude al fisco. La acción judicial responde a una auditoría realizada por la Comisión Chilena del Cobre, la cual acreditó un daño al patrimonio de la empresa de $12.800 millones debido a «un entramado de conductas dolosas» por parte de altos funcionarios.
Según reveló Interferencia, la querella ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago apunta a irregularidades ocurridas en 2017, cuando Nelson Pizarro era el presidente de la estatal. En aquel entonces, se llamó a licitación para realizar el enfriamiento, limpieza y puesta en marcha del «horno flash» de la División Chuqicamata.
El libelo detalla que a la licitación postularon tres empresas: Hatch, Steel y Outotec (hoy fusionada con la multinacional china Metso). Sin embargo, Outotec ingresó su documentación dos horas antes de que finalizara el plazo y su propuesta no fue verificada hasta el día siguiente. A pesar de esto, Codelco modificó las bases de la licitación para permitir que Outotec se adjudicara el proyecto. Las otras compañías no fueron informadas de la extensión del plazo.
El Consejo de Defensa del Estado también denunció que, una vez adjudicado el proyecto, Outotec no prestó los servicios comprometidos y Codelco tuvo que poner recursos propios para lograr el enfriamiento, limpieza y puesta en marcha del horno: «Codelco debió realizar el enfriamiento acelerado del horno con recursos propios (…) el proceso de enfriamiento acelerado duró desde el 16 al 20 de julio, de manera que la empresa adjudicataria participó solamente en tres de los cinco días», señala la querella.
Pese a todo lo anterior, Outotec recibió un pago de más de $5 mil millones sin ningún tipo de documentación que respaldara el trabajo realizado.
Durante el proceso de auditoría se reveló además que uno de los miembros de la comisión evaluadora del proyecto tenía «serios conflictos de interés» con al menos uno de los oferentes en la licitación. Irónicamente, mientras se desarrollaba la investigación interna, Outotec presentó un reclamo a Codelco por «interferencia al desarrollo de los servicios» y la empresa estatal terminó pagando un finiquito adicional de $8.150 millones.
Por todo lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado solicitó a la Fiscalía Centro Norte recabar los documentos que expliquen la irregular conducta de los funcionarios de Codelco que participaron en el cuestionado proyecto.
El organismo señala que la investigación deberá establecer «si el beneficio pecuniario correlativo al respectivo perjuicio fiscal, fue solamente para la empresa adjudicataria, o también para los empleados de Codelco que intervinieron en dicha contratación en razón de su cargo».