Los trabajadores y trabajadoras de los dispositivos de Violencia Contra la Mujer (VCM) del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, denunciaron a través de un comunicado una serie de hechos que constatan las múltiples falencias laborales y abusos con las que deben convivir a diario.
Además de verse expuestas permanentemente a situaciones de maltrato, abuso, precarización e inestabilidad laboral, «donde nos contratan bajo la modalidad de honorarios, es decir, ‘boleteamos’ mes a mes para recibir nuestro salario, somos consideradas trabajadoras ‘independientes’, a pesar que cumplimos funciones que son habituales y permanentes, no somos reconocidos como funcionarios públicos», señalan.
Así, se ven expuestas a la enorme desprotección laboral que se manifiesta, principalmente, en la negación de derechos sociales y laborales básicos. «Al permitir la contratación a honorarios en el Estado, se perpetúa la precariedad laboral en el servicio público», manifiestan.
Por otro lado, exponen lo ocurrido en el Centro de la Mujer de Pudahuel, donde trabajan con víctimas y sobrevivientes de violencia en esa comuna, pero que sin embargo, no cuenta con equipo de atención especializado para trabajar con ellas.
En relación a lo anterior, tras una movilización por intentar conseguir mejorías en septiembre del 2023, sus trabajadoras han sido desvinculadas progresivamente, dicen. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, 4 de ellas fueron expulsadas del equipo «sin justificaciones ni argumentos válidos», traduciéndose en tener que trabajar con 3 de 8 profesionales quienes mantuvieron a flote las atenciones regulares.
Por otro lado, detallan que tras sumarse una antropóloga al equipo, cuyas funciones nunca estuvieron claras, las persecuciones y el acoso se agudizaron.
«Una falsa acusación de acoso laboral por parte de la nueva coordinadora a las cuatro profesionales que realizaban intervención, tres de ellas fueron interrogadas por funcionarias del municipio, aplicando un ‘sumario'» detallan.
Finalmente, desvincularon a todo el equipo de intervención, incluyendo a una psicóloga que había sido recientemente contratada, lo que genera una «preocupante victimización secundarios que perjudica los procesos reparatorios» de todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia de género de la comuna en cuestión.
Por otro lado, agregan que no es primera vez que ocurre algo de estas características, sucedió también en algunas Casas de Acogidas en Cañete y Puerto Natales.
Finalmente, hacen un llamado con suma urgencia al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para «mejorar las condiciones laborales y estructurales de nuestro trabajo, donde exista una presencia real y ética por parte del servicio»
Además, hacen un llamado a las autoridades pertinentes a responder las demandas históricas y generar un plan de trabajo que cuente con el compromiso real del SernamEG para la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Lee la declaración completa compartida por la Coordinadora Feminista 8M
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