Millonarios pagos improcedentes y una contratación no ajustada a derecho, la cual además superó la disponibilidad presupuestaria informada, detectó la Contraloría General de la República en la Municipalidad de Hijuelas, región de Valparaíso.
La ex alcaldesa y actual concejala de Hijuelas, Verónica Rossat (UDI), acudió al ente contralor para presentar una denuncia, luego de que el alcalde José Saavedra (Independiente), autorizara –vía trato directo– por medio de los decretos 61 y 123 del 10 y 17 de enero de 202, la contratación de la empresa Sociedad Consultores AYR SpAa para que prestara servicios de asesoría jurídica-administrativa interna y externa.
Rossat acusó una serie irregularidades que –a su juicio– presentaría la contratación, entre las que figuran que dicha empresa no estaría inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces; que no constaría la existencia de la escritura de su constitución ni la vigencia de la sociedad o la de su representante legal; que las funciones contratadas le corresponderían a la labor municipal; y que la contratación cuestionada habría excedido la disponibilidad presupuestaria prevista.
En consecuencia, el 14 de marzo de 2024, el alcalde Saavedra fue puesto en conocimiento que la Contraloría había iniciado una investigación especial sobre estos hechos y le solicitó formular los alcances y precisiones que procedieran. Esto se concretó por escrito el 5 de abril de 2024, lo que permitió elaborar un Informe Final de investigación, documento de 16 páginas al que accedió Puranoticia.cl.
La investigación desarrollada por la Contraloría comprobó que la Municipalidad de Hijuelas pagó $7,5 millones de forma improcedente a la empresa Consultora AYR SpA por servicios que les son propios, habituales y genéricos, y que deben llevar a cabo funcionarios municipales, específicamente de la Unidad de Asesoría Jurídica de la casa edilicia hijuelense.
Frente a las irregularidades detectadas, la administración del alcalde José Saavedra procedió a iniciar un sumario en la Municipalidad, lo que a juicio de la Contraloría fue insuficiente, ya que anunció que procedería a formular el reparo respectivo por los $7,5 millones; esto, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.
El ente contralor, también determinó que la contratación con la empresa Consultora AYR SpA «no se ajustó a derecho», debido a que las funciones convenidas en el contrato debieran ser efectuadas por el propio personal municipal de la Unidad de Asesoría Jurídica.
Asimismo, constató la contratación superó la disponibilidad presupuestaria que había informado inicialmente el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Hijuelas y que el trato directo utilizado en este vínculo contractual no estuvo debidamente justificado.
Como consecuencia de todas estas irregularidades –que también están siendo investigadas por el sumario en el Municipio– la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó adoptar las medidas pertinentes para evitar la reiteración de situaciones similares.
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