«La acumulación de fuerzas significa armar políticamente al pueblo»

Por El Irreverente

-A raíz de la derrota de los republicanos en el plebiscito de diciembre 2023, ¿cómo se puede leer ese resultado? ¿Derrota de la extrema derecha, pero también del centro político?

-Desde el punto de vista estrictamente electoral y de manera agregada, podemos verificar que en el corto plazo la “derecha política tradicional” (RN, UDI, Evopoli) más la “nueva derecha” (Republicanos y otras corrientes), disminuyen abruptamente su peso electoral absoluto (número de votos) y relativo (porcentaje de votación). Si consideramos el primer intento de cierre por arriba del período abierto en octubre de 2019, el conglomerado de la derecha obtuvo 7,9 millones de votos “rechazo” en el plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022, un 61,89% de los votos válidos, y luego en la elección de consejeros convencionales, si bien arrasó eligiendo 34 de 50 consejeros, su caudal de votos se redujo a 6,1 millones con un 61,96%. Y finalmente, en el segundo plebiscito de salida celebrado el 17 de diciembre de 2023, sus votos “a favor” cayeron a 5,5 millones equivalentes a un 44,24% sin considerar el efecto del llamado a votar “en contra” de parte de las facciones disidentes. Así, en 15 meses –de septiembre del 2022 a diciembre del 2023- con tres elecciones bajo régimen de voto obligatorio, esta derecha disminuyó su peso absoluto y relativo en la estructura electoral. Esta tendencia de corto plazo, incluso, aparece más aguda por cuanto luego de los sorprendentes triunfos del “apruebo” en septiembre de 2022 y de la captura de la mayoría calificada de 2/3 en consejeros convencionales en mayo de 2023, siete meses después súbitamente se derrumba al perder sin apelación el plebiscito de salida de diciembre del año pasado.

-Pero, ¿cuál es el significado de este declive? ¿Se trata de una derrota electoral convertida en derrota táctica?

-Para el Partido Republicano tal vez, pero para la derecha tradicional y la “otra derecha”, esto es, liberales, socialdemócratas, progresistas e inclasificables, claramente no. Para argumentar esto es necesario poner el cuadro completo.

Nuestro marco de análisis parte –lo hemos dicho en muchas ocasiones ⁽¹⁾– caracterizando la coyuntura de octubre del 2019 como un momento de apertura de un nuevo período político que puso a la vista una crisis del sistema político que venía incubándose desde hace años. Esta crisis política, manifestada en un quiebre del bloque en el poder y en el agotamiento de su régimen político, obligó a todas las fuerzas de la república del capital – derecha tradicional, nueva derecha y “otra derecha”- a consensuar una salida táctica: el “Acuerdo por la Paz social y la nueva constitución”, proclamado el 15 de noviembre de 2019 desde Piñera a Boric, incluido el apoyo cínico del PC [Partido Comunista] que a estas alturas y a pesar del sincero malestar de sus bases, ya no nos queda más que considerar un partido burgués. Este acuerdo definió los objetivos y el itinerario de la salida táctica por arriba. En lo inmediato, ganar tiempo y ordenar la capacidad de maniobra vía represión y/o cooptación institucional sobre los sectores populares, y en el mediato, intentar cerrar el período reconfigurando el bloque en el poder y ofreciendo un nuevo régimen institucional con capucha democrática.

Y como sabemos, desde noviembre la represión intensificó con incursiones militares lo que estaba en curso, pero en marzo de 2020, se vistió de blanco y bajo la forma de estado de excepción sanitario, legitimó el control poblacional ejercido con toques de queda, confinamientos, restricciones a la circulación, etc. ¡La autoridad médica al servicio del poder político! Notable. La cooptación, por su parte, se expresó en una rápida y sistemática reposición de los partidos políticos como actores -y no del pueblo movilizado-, del parlamento como escenario – y no de las plazas, barrios y calles-, y de la conversación selectiva, secreta, e intermediada institucionalmente como método de la política -y no del diálogo público masivo, abierto, autoorganizado, como manifestación directa de un poder popular en desarrollo. A reglón seguido, se pusieron las fechas de los plebiscitos de entrada y salida, las elecciones de convencionales, todo bajo la idea -machacada hasta el cansancio- de que el gran clamor del pueblo era una nueva Constitución para sustituir la de Pinochet. Las vacilaciones de la izquierda confiada, de los gremios tradicionales y de las nuevas organizaciones supuestamente autónomas como Modatima, la C8M, el MAT centro, No +AFP, etc., capitularon y se plegaron completamente a la salida y el itinerario puesto por la elite. Los Mundaca, las Carrillo, las Nohales, las Fernández y otros tantos, se transformaron en los pajes de los capitanes del PC y el FA, guaripolas de la nueva constitución y de la institucionalización de la Revuelta de Octubre. También se plegaron a la política de la histeria llamando a votar por Boric para parar el fascismo, y más tarde al “Apruebo”, para abrir las Alamedas cuyas llaves las tenía un Gabriel con lentes al estilo de Salvador Allende. Pero aun con el señorito en La Moneda, perdieron el plebiscito y afectados por una depresión endógena, las emprendieron contra el populacho culpándolo de la gran derrota de septiembre de 2022. Luego, a pocos meses, desorientados, insistieron y convocaron a un segundo proceso constituyente. Esta vez con un pueblo desmovilizado y golpeado, todo se negoció en secreto. En diciembre del mismo año se firmó por todos los partidos políticos -excepto los republicanos- el “Acuerdo por Chile”, que puso los bordes a los contenidos de la nueva carta constitucional e impuso un proceso constituyente con una Comisión de 24 expertos designados por el parlamento y que debía redactar la propuesta de carta magna, un Consejo Constitucional con 50 miembros elegidos por votación nacional y una Comisión de Admisibilidad con 14 vigilantes designados por el Congreso. Este entramado, un verdadero simulacro de democracia tecnificada y antipopular, implicaba la capitulación definitiva de los señoritos y señoritas de la “otra derecha”, esa que se dice de izquierda. En las elecciones de consejeros, el Partido Republicano arrasó y en las otras dos comisiones el peso y control lo tuvo, dada la composición del parlamento, la derecha tradicional y el mismo partido de Kast.

Las maniobras de la elite habían dado sus frutos principales: no sólo habían recuperado la iniciativa política sino además habían cambiado los actores, los escenarios y los métodos, y con ello la correlación de fuerza completamente volcada a su favor. Así, el año 2022, por arriba, teníamos un gobierno cercado muy dispuesto a venderse al mejor postor y un parlamento controlado por las derechas, y por abajo, un pueblo llano desilusionado y convencido de que la política es y será una mierda, que todos son iguales, y que es mejor ocuparse de los problemas propios que “andar metido en hueás» ⁽²⁾. Por su parte, las organizaciones más avanzadas de ese pueblo estaban golpeadas, fraccionadas y muchas de ellas sordomudas respecto de las exigencias políticas del período (“no participamos en coyunturas puestas por los de arriba”) solo aspiraban a sobrevivir en el aislamiento, la confusión y la impotencia. En lo profundo, la patronal, la Iglesia y las FF.AA., lumpenizadas hasta la médula y carentes de un proyecto estratégico nacional, respiraban más tranquilas pues el mayor peligro se había conjurado. ¡Que panorámica esta! Toda una ingeniería social impuesta, desarrollada y realizada en 28 meses, los que median entre el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” de noviembre de 2019 y el “Acuerdo por Chile” de diciembre de 2022. Las clases dominantes con la complicidad de las tres derechas -incluido el PC-, con la obsecuencia de los gremios tradicionales y con las vacilaciones e ingenuidad de las dirigencias de las organizaciones político-sociales emergentes, habían ganado un tiempo precioso -poco más de dos años- para imponer su táctica para el período y recuperar la compostura.

¿Y el año 2023? Una casi extensión luctuosa del periodo con una gestión vergonzante del gobierno de Boric a favor de las elites y decididamente antipopular, con un despliegue represivo policiaco-militar sobre las franjas más activas de los pueblos chileno y mapuche. Paralelamente, la elite patronal con chipe libre acelera su política de pillaje mientras la tecno-burocracia civil y uniformada insiste en su camino de corrupción y las y los jóvenes republicanos, con salarios estatales, excitados redactan el novísimo testamento constitucional a su imagen y semejanza. Por abajo, el pueblo, sobreviviendo y mudo. Los advenedizos republicanos, es cierto, perderían el plebiscito de diciembre de 2023 arrastrando a la derecha tradicional, pero mal que mal reunirían 5,5 millones de votantes, es decir, un 44,24% de los 13 millones de votos válidamente emitidos (excluidos blancos y nulos).

Entonces, volviendo a su pregunta original sobre el significado de la derrota electoral de los republicanos en diciembre de 2023, creo, si se sigue con atención la trayectoria descrita más arriba, que lo importante es que tal revés electoral – incluso de republicanos y derecha tradicional sumados- es casi un detalle, una coyuntura sin trascendencia. Lo importante, por el contrario, es que las dos derechas – la tradicional y la nueva- impusieron su táctica cooptando a la “otra derecha” –la compuesta por liberales, socialdemócratas, progresistas e inclasificables-, logrando derrotar transitoriamente a las franjas más avanzadas del pueblo chileno y mapuche, recurriendo a la fuerza material, judicial y carcelaria. Simultáneamente también lograron retomar el control sobre la subjetividad de las capas más atrasadas apelando a los miedos -a la delincuencia, la migración, el terrorismo- machacando insistentemente desde los matinales a los noticiarios de cierre nocturno. Todo ello, por cierto, con la activa participación de la tecno-burocracia pública y privada: funcionarios estatales civiles y uniformados, jueces, periodistas, rectores, dirigentes de partidos, dirigentes gremiales, intelectuales rentados por think tanks u ONG, etc., que, de buena o mala fe, contribuyeron a recuperar el orden y la “amistad cívica” tan caras a la Republica. Y, dicho sea de paso, manteniendo la misma constitución Pinochet-Lagos cuyo cambio se suponía era la gran demanda popular y que toda la elite estaba dispuesta a cambiar. Hoy, marzo de 2024, a poco más de cuatro años, todo sigue igual, salvo que los muertos, mutilados y encarcelados los puso el pueblo. En algún momento habrá que pasar la cuenta a los de arriba, a los del medio y a los entreguistas y vacilantes enquistados en los de abajo.

Pero bueno, creo que esto responde, por lo menos aproximadamente, a su pregunta original, y también en buena parte, a aquellas sobre la derecha y el gobierno de Boric.

-Pareciera entonces que la crisis política institucional del sistema y de las castas políticas, a pesar de los intentos para resolverla no tienen solución en el corto plazo. ¿Como visualiza esta situación?

-Efectivamente. En mi opinión la táctica elaborada por la elite para enfrentar la Revuelta –por cierto, con matices respecto de las salidas “por arriba”- enfrentaba una limitación crucial: las clases dominantes no contaban ni cuentan hasta hoy con un proyecto de desarrollo nacional capaz de informar y prefigurar la forma institucional que debía tomar un régimen político nuevo. Por ello, la resolución de la crisis política -expresada en una nueva constitución y en una recomposición del bloque en el poder- sería totalmente frágil; solo se trataba de postergar la crisis que había estallado de súbito y a espaldas del sistema político y sus partidos. Esa fragilidad, insistí en varias ocasiones, quedaba graficada muy bien en el proceso de institucionalización de la dictadura. La Constitución de 1980, la de Pinochet, se sancionó siete años después del golpe y se puso en circulación a 10 años de firmada, en 1989-1990. Es decir, comenzó a operar cuando estaban ya echadas las bases del nuevo patrón de acumulación –el neoliberal- concordado por una nueva alianza patronal (bloque en el poder) que había ejercido su dominio, primero, bajo un régimen político dictatorial, y luego, bajo la forma de una democracia restringida. Dicho de otro modo, la Constitución de Pinochet y luego de Pinochet-Lagos, respondió a un proyecto de dominación jurídico-político coherente y necesario para consolidar un modelo económico específico y en desarrollo. Por ello en los años 2020 a 2023 no era inútil preguntarse ¿Qué patrón de acumulación orienta y exige una nueva estructura jurídico-política fundamental para el país? O políticamente hablando ¿Cuál es el nuevo bloque patronal que requiere un nuevo ordenamiento constitucional para consolidar un nuevo modelo económico? No había ningún nuevo modelo económico y por tanto las clases dominantes no necesitan un nuevo orden constitucional. Era, pues, evidente que firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” sólo por la paz –la paz de los cementerios- y no por la nueva constitución; se trataba de ganar tiempo para conjurar lo que estaba en potencia: la posibilidad que el pueblo avanzara en su constitución como sujeto político autónomo.

Pero lo anterior no implicaba que no se requiriera de un cambio en el patrón de acumulación. De hecho, era evidente que, desde hace al menos un lustro, el modelo económico estaba en una fase de agotamiento y requería al menos unas reformas. Sin embargo, nuestra hipótesis –que la mantenemos hasta hoy- era que no había consenso de una alternativa burguesa de cambio porque no estaba resuelta la disputa geopolítica en torno al nuevo orden económico mundial. En 2019 era evidente que la lucha entre el imperialismo estadunidense en decadencia y los nuevos centros imperialistas emergentes como China, estaba en pleno auge. Ni qué decir respecto de hoy en que la lucha ha escalado a formas militares de conflicto. El punto es que para América Latina y en especialmente para Chile, cuyas burguesías han sido históricamente dependientes del capital transnacional, las opciones dependen con mucho de la resolución de tal conflicto geopolítico. Por ejemplo, podríamos sintetizarlo en dos preguntas válidas tanto para América Latina como a Chile: ¿Qué tipo de ordenamiento político-jurídico requiere Estados Unidos implantar en América Latina para frenar o ralentizar su declive como potencia imperialista? ¿Qué tipo de ordenamiento político-jurídico requiere impulsar China en América Latina para acelerar su dinámica como potencia imperialista emergente? Las declaraciones directas de la comandante del Comando Sur de los EE.UU., Laura Richardson, dan una respuesta; lo mismo, con la política de Xi Jinping respecto de Venezuela, Bolivia o Argentina.  Ahora bien, frente a tales definiciones ¿cómo se reordenan las burguesías criollas y sus fracciones internas? En nuestro caso, ¿están de acuerdo los Luksic, los Matte, los Calderón o los Paulmann respecto a qué polo de integración seguir y por tanto qué orden constitucional construir acorde a esa línea de alianza mundial? Nada sabíamos y nada sabemos aún al respecto, y por eso mismo, la nueva constitución que supuestamente saldría de la Convención Constitucional o del Consejo Constitucional, no sería más que letra muerta desde el punto de los intereses estratégicos de la patronal y, por tanto, un somnífero táctico para engatusar al pueblo, al que se le convenció –con ayuda de vacilantes y entreguistas– de que su verdadera demanda era una nueva constitución.

Pero la realidad pudo más que todas nuestras pesimistas estimaciones: el período abierto en octubre de 2019 fue cerrado a lo gato pardo: cambiar todo para no cambiar nada. En efecto, la primera propuesta del 2022 fue rechazada, y la segunda de 2023 no fue aprobada. O sea, como dijimos, todo sigue igual, salvo los pueblos más golpeados y desmovilizados.

Ahora bien ¿significa esto que la crisis política fue definitivamente conjurada? No. En eso coincido plenamente con usted: no hay solución, al menos en el corto plazo. Por tanto, el punto es si las fuerzas de las franjas populares más activas pueden recuperar en un horizonte razonable cierta iniciativa política. Y esto nos lleva preguntarnos por las exigencias que esa tarea nos impone.

-Sin duda, hay que analizar la situación actual del movimiento popular. ¿Pueden los esfuerzos de algunas vertientes avanzar en una acción común que nos muestre esperanzas en la construcción de una alternativa popular?

-Responder esto requiere de varios pasos, pues, es necesario compartir algunas ideas y conceptos que no todos conocemos y entendemos del mismo modo. Le responderé recurriendo a una presentación que hice en otro lugar ⁽³⁾; y disculpe que me extienda, pero una cuestión de este tipo lo amerita.

Ahondemos un poco sobre lo queremos decir con “popular” o “de clase”. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en lo popular refiere a los contenidos programáticos que levanta una organización política o político-social, o bien, atendemos al origen de clase de sus integrantes. Por ejemplo, decimos que es reformista o que es pequeño burguesa, o ambas cosas, atendiendo a esas dimensiones. Pero a esta altura de la historia los contenidos programáticos o la composición de clase, sabemos, no son siempre suficientes para definir el carácter de un movimiento; requerimos algún otro criterio. Por ejemplo, los métodos de formulación de la política, sus métodos de trabajo y funcionamiento marcan un punto muy importante respecto a la lucha contra la dominación burguesa pues, lo queramos o no, ésta también penetra en la militancia y por tanto en la organización. Por ello, si consideramos solo un programa “revolucionario” y una militancia obrera y popular pero la organización reproduce en su interior la división burguesa del trabajo con sus jerarquías y reglas de autoridad, de poco sirve calificar a esa organización de revolucionaria: su programa y composición pueden no ser más que referencias formales. Cuando una organización política o masa crítica practica métodos de formulación de la política y de trabajo propios de la gestión burguesa, lentamente comenzará a validar la idea de la “representación”, es decir, de un partido que busca “representar” a los pobres, operar en su nombre, en vez de constituirlos en sujetos políticos autónomos. Esta separación entre “lo social” y “lo político”, claramente se opone a la idea de Marx de que “la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores” y, por el contrario, gremializa a los trabajadores y clienteliza a los sectores populares. En el extremo, la orgánica puede hasta sustituirlos. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en las sociedades socialistas reales donde se sustituyeron los órganos de Poder Popular por el Estado socialista, y luego con su derrumbe, la burocracia se convirtió en la clase empresarial dominante de un nuevo capitalismo estatalista.

Así, uno de los grandes aprendizajes de este largo proceso de luchas es que es necesario un tercer criterio que, combinado con los otros dos, resulta clave para caracterizar el potencial revolucionario de los movimientos. Si los métodos de la formulación de la política, de trabajo y de funcionamiento, estimulan la participación, si son radicalmente democráticos, si son participativos, y permiten que el propio pueblo vaya elaborando la política, entonces la posibilidad de que los contenidos revolucionarios del programa y las posibilidades que esa clase popular se convierta en sujeto político son bastante más plausibles. Se trata de un combate menos visible, más difícil de realizar, contra la hegemonía y valores burgueses que nosotros mismos portamos, y la mayoría de las veces, sin saberlo, reproducimos; es la lucha no solo por lograr los fines sino por ir construyendo al propio sujeto que se va constituyendo como un actor capaz de ir definiendo los perfiles de ese fin. Y de esta lucha necesaria no se libran ni los partidos reformistas ni revolucionarios.

Desde este punto de vista no tiene ningún sentido la propuesta de “democratizar la democracia burguesa”, democratizar el estado burgués. En rigor no hay que democratizarla, ni radicalizarla “usando a nuestro favor” las instituciones políticas liberales, porque esas instituciones se fundan en la jerarquía y división social burguesa del trabajo, y en la separación entre representantes y representados que escinde lo social de lo político. Además, como sabemos desde Allende, en el mejor de los casos, el propio capital las respetará hasta el punto en que le sean útiles, luego las cancelará y con ello también a los ilusos que pretendían hacer cambios radicales a partir de aquellas.

Para la burguesía, lo social es lo gremial. En el mejor de los casos, cuando domina bajo la forma democrática admite la lucha por intereses económicos, pero sólo si se trata de una lucha “razonable”, una lucha al amparo del “Estado de derecho” que es el derecho del capital. Lo ideal para ella es que no nos inmiscuyamos directamente en la disputa por el destino del país, y, si lo hacemos, lo hagamos indirectamente eligiendo a los representantes que “saben de esas cosas”: diputados, senadores que participan en el parlamento, y los presidentes. Y si algún trabajador logra ser electo, salvo excepciones, la presión y la seducción del sistema se lo tragará, poniéndolo en un estatus que lo diferenciará del pueblo. Es su hegemonía psico-cultural la que a la larga se impone y que produce, por una parte, un “pueblo masa”, y, por otra, una burocracia de origen popular profesionalizada -los profesionales de la política- que legitiman el verdadero poder del capital.

Oponerse radicalmente a esta escisión entre lo político y lo social es una cuestión crucial en la lucha contra la hegemonía burguesa y sus prácticas de cooptación. Y es también clave como elemento que tenemos que superar desde el punto de vista de nuestras propias concepciones de la nueva sociedad, pues, a fin de cuentas, de lo que se trata es contribuir a que el pueblo se constituya como sujeto político. Esto implica “politizar lo social”, cuya expresión es el poder popular genuino; no construir un partido por fuera, ajeno, aparte o por arriba del propio pueblo, sino construir una masa crítica, una primera línea, capaz de afanarse en la tarea de levantar al pueblo, para que se constituya en sujeto capaz de ejercer soberanía sobre su propia vida colectiva y su destino.

Una perspectiva más práctica de mirar esto mismo, es plantearse las dificultades que hemos tenido para resolver las fricciones que se dan entre la micropolítica -que toma formas democráticas, participativas horizontales, de debate entre iguales- y a macro política que exige centralización de fuerzas, estructuras organizacionales con distribución de funciones y tareas, compartimentación, rapidez en las decisiones, etc. Para todos es claro que no es lo mismo enfrentar una lucha en un barrio, empresa o liceo, bajo circunstancias o condiciones locales, que enfrentar luchas nacionales que requieren alianzas políticas y niveles de organización y coordinación mucho mayores. No sólo se trata de contextos político-sociales diferentes a los que hay que atender, sino incluso, en muchas ocasiones, luchas nacionales que, por razones objetivas o subjetivas, no son fácilmente articulables con demandas propiamente locales. Por ejemplo, la lucha contra la debacle ambiental generada por el patrón de acumulación y de consumo mundiales, no es fácilmente articulable con una lucha local contra una empresa contaminante que pretende instalarse en un barrio o comuna. Los intereses, la conciencia y voluntad de las fuerzas locales, muchas veces son refractarias a dar un salto hacia demandas universales y actuar en consecuencia. Si dejamos de lado la dimensión territorial –nacional vs local- esto mismo sucederá cuando se trate de pasar de una lucha por una mejora salarial en una empresa específica a una lucha general contra el capital y la explotación de la fuerza de trabajo.

Es decir, uno de los problemas clave es cómo transitar de la lucha micro política a la lucha macro política sin perder las prácticas de protagonismo y participación propias de las organizaciones de base, pero a la vez, impidiendo que dichas prácticas tranquen el paso con un localismo o ‘basismo’ estériles, pues más bien se trata de que sirvan como instrumentos de constitución del pueblo como sujeto político, como sujeto colectivo capaz de afrontar la lucha contra el capital en general por su propia emancipación. Por ello, los contextos, las formas de organización, las prácticas, las voluntades y el nivel de desarrollo de la conciencia, son variables cruciales que deben ser estudiadas y discutidas concienzudamente si se pretende que el trabajo de construcción político-social implique el rearme de las fuerzas populares.

Este es uno de déficits estratégicos que se hizo patente en el período abierto en octubre de 2019, y lo digo por nuestra experiencia reciente en el Referente Político Social, RPS (⁴). Este déficit en términos prácticos se tradujo en la carencia de una masa crítica capaz de comprender en profundidad el rol específico de la política en este período específico de la crisis nacional. La acción política pública, abierta, clara, era imprescindible para intentar catalizar ese gran manotazo popular que precipitó con la revuelta, para intentar desatar lo que estaba en potencia y que asomó en octubre. En nuestro caso, la acumulación de fuerzas significa armar políticamente al pueblo, bregar para que se constituya en una fuerza autoconsciente dispuesta a luchar soberanamente por sus propias condiciones –qué producir, para quién y cómo producir, en fin, como organizar la vida-; es decir, dar cauce al malestar sobre la base del instinto anti-elite que el mismo pueblo tiene por propia experiencia. En los meses más álgidos de la Revuelta había que pensar en grande, no solo en el barrio, en la cuadra o en su pedazo de tierra; existían condiciones favorables para pensar en el país completo, con todas las clases, con todas las complejidades…. Ahí, precisamente, se hizo patente la ausencia de esa masa crítica que, aunque fuera muy minoritaria –no era un problema de número, sino de cualidad- comprendiera el rol específico de la política y asumiera la función de orientación política sobre los aspectos más generales de la lucha que a nivel micro solo se percibían difusa y episódicamente, o simplemente no se percibían. Restringir la lucha solamente a demandas locales y el alcance organizativo al barrio, tiene ventajas, pero también límites. Hay franjas de la población urbana que, por decir algo, no tienen idea de la creciente desescolarización, del origen e impacto de los incendios, de los aluviones, de la falta de agua o de la permanente represión en el Wallmapu, ni están en condiciones de vincular estos problemas con el patrón de producción y consumo neoliberal al que ellas mismas aspiran. Ahí hay un vacío: se requiere una masa crítica que hilvane los problemas de uno con los del otro y con los de todos y por esa vía oriente políticamente intentando universalizar los problemas y las formas de acción, de tal manera que el pueblo avance más allá de sus luchas inmediatas. En este sentido, la política tiene un rol pedagógico, de enseñar; la política disputa las conciencias, la política educa. Incluso en detalles prácticos como en los métodos de trabajo que se miran con desdén: desde organizar bien una reunión –con tabla previa, horario de entrada y salida, evaluaciones si hay asignaciones previas, actas, etc., todas medidas que se consideran burocráticas-, hasta el análisis concienzudo de la situación local o nacional donde se interviene, pasando por el estudio de los comunicados propios, pues allí está la línea política, las ideas que fijan las posiciones propias, esas con las que se pretende influir.

Adicionalmente, cuando hoy día tenemos un capitalismo decadente que tiene a las masas intoxicadas, violentadas, embrutecidas, cuando es ya conocido el deterioro creciente de las capacidades cognitivas –compresión lectora, de razonamiento, memoria causal-, y de la salud mental –expresada, entre otras, en violencia intrafamiliar, inmediatez pulsional, violencia y suicidios de adolescentes y jóvenes, etc.- la política, la acción política, enfrenta serias limitaciones para su función pedagógica. La pedagogía supone interlocutores dispuestos y capaces de escuchar y razonar, pero ¿qué pasa si una masa creciente no está en condiciones de escuchar comprensivamente, de razonar, no tiene el ánimo ni la voluntad porque está cognitiva y psicológicamente mutilada, deteriorada? Esto plantea un problema nuevo, pues, si se trata de constituir el pueblo como sujeto político, la política concebida como hasta ahora, nos queda corta. Habrá que discutir si es posible o no que la política, nuestra acción política, cumpla además una función reconstitutiva de lo humano, de los afectos y de lo racional, al menos en algunos de los sectores menos dañados del pueblo. Aunque puede sonar un poco exagerado, los métodos de organización, de trabajo y formación, en algún sentido deben hacerse cargo –o al menos tener en consideración- esa función “sanadora”, terapéutica –no clínica por supuesto- que la praxis política colectiva puede y que deberá afrontar. Las prácticas feministas que afloraron fuertemente en las asambleas locales bregando por espacios protegidos y de contención para mujeres, niños y niñas violentadas, son un ejemplo de ello. No se trata de exagerar reproduciendo la lógica punitivista del dominio burgués-patriarcal, e instalar una policía feminista persecutoria. No. De lo que se trata es de retomar el viejo hilo que viene de las organizaciones comunitarias y obreras que se propusieron construir en medio de masas muy dañadas. Recabarren luchó contra el alcoholismo, el garito y la prostitución, y la izquierda, en las tomas de terreno de fines de los sesenta, desarrolló prácticas colectivas en un esfuerzo por controlar las violencias familiares y, a la vez, estimular los talentos y la ética entre los pobladores. Un emblema de esas prácticas fue, entre otras, la Nueva Habana.

Antes disputábamos la influencia burguesa –y del reformismo- por medio de una lucha política centrada en el ejemplo y la razón argumentativa; ahora disputar a la derecha su ascendencia en el pueblo, ese que cree en Kast, que está en contra de los inmigrantes, que es racista o que es homofóbico, apelando a esos mismos recursos, es muy difícil. Sabemos que en muchos casos no bastan los argumentos porque, como se dijo, enfrentamos un pueblo dañado y mutilado más allá de que, a veces, como ocurrió en la Revuelta, aflore la ruptura espontánea con el sistema y las elites. Y que conste que este problema afecta también a la propia militancia, que no es inmune al modo de vida basura impuesto por el capital. En el mejor de los casos, cunde el “liberalismo” y la flojera intelectual, la desidia por el análisis y estudio de las experiencias de lucha; y en el peor, el narcisismo y manifestaciones frecuentes de cuadros depresivos y otras afectaciones.

Así, si entendemos el rearme en el sentido, no de la representación burocratizada del pueblo, sino del pueblo mismo como sujeto soberano, entonces la acción política en tanto ejercicio y acumulación de fuerza teórica, de fuerza social organizada y de despliegue de capacidades de orientación y dirección, hoy, en las condiciones actuales, implica también, por una parte, reforzar su dimensión como arma pedagógica, y en algún sentido, discutir y contextualizar su dimensión como praxis reconstitutiva  –regeneradora, decía Recabarren- del pueblo.

Pero en este empeño de constitución y regenerador, vale la pena distinguir entre ética y moral. Creo que a la larga el camino más adecuado no es -sobre todo respecto de los jóvenes y adolescentes, más aún cuando la izquierda ha carecido de una política infanto-juvenil-, llegar con valores desde fuera, que se deben adoptar porque son los valores que consideramos correctos, aunque se trate de la solidaridad, la generosidad, la honestidad. Si esto es así, entonces tales valores se reducen a preceptos morales que se colocan como reglas disciplinarias que el pueblo debe asumir porque son lo aceptable, lo recto y lo justo. Este camino de la imposición como mero reglamento o código de conducta –al estilo de los protocolos feministas implantados en las universidades- finalmente son letra muerta: operan durante un tiempo como medio de castigo -nunca como medio de formación- y terminan burocratizando las relaciones, impidiendo el desarrollo más pleno de los individuos y las propias comunidades. Con lo anterior, no digo que las reglas no sean necesarias, pero al menos para lo que estamos tratando, son de segundo orden.

Por el contrario, la ética abre otra perspectiva: privilegia la intención de comprender a los otros, la comunión con los semejantes, y si bien requiere reglas mínimas de respeto, el acento no está puesto en la imposición de valores para establecer un orden. Se orienta más bien a la generación de una atmosfera, de espacios sociales, que estimulen la posibilidad de una praxis y diálogo a través de los cuales producir la comprensión más profunda de la colectividad y sus individuos. Las voluntades, intereses, deseos, que inevitablemente van aflorando en la vida colectiva, pueden consensuarse y codificarse por medio del debate argumentado e integrándose en definiciones más generales respecto de la realidad inmediata y del mundo. Existe así al menos la posibilidad de que, por ejemplo, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, emerjan como valores genuinos –y no como reglas- en la medida en que resultan de una praxis colectiva, racionalmente asumida, que va configurando al propio sujeto colectivo. Por cierto, este proceso de emergencia de los valores no termina y se prolonga incluso más allá de la emancipación política, por lo cual no tiene sentido colocarlo como precondición para desplegar la lucha. Tampoco este proceso se reduce a puro diálogo ni se pretende afirmar que los valores emanan de la conversación –típica falacia implícita en la afirmación de moda: “el lenguaje crea realidad”- o que éstos emanan de una revolución interior y personal, como pregonan una variedad de predicadores de todo tipo, desde los religiosos a los místicos del New Age, pasando por los anarquistas ultraliberales. No. Lo que quiero resaltar es el carácter práctico y colectivo de este proceso; práctico no sólo porque se conversa sino porque se actúa poniendo el cuerpo y la razón, y colectivo no sólo porque se compromete la individualidad sino porque el compromiso sólo tiene sentido en conexión con el compromiso práctico colectivo, con los otros y otras.

Oponerse a la intoxicación, a la involución cognitiva, a la animalización que reserva este sistema capitalista para las grandes masas, es la gran tarea estratégica. Como horizonte estratégico señala que en el mismo proceso en que se va construyendo esa atmósfera que estimula el libre fluir de la subjetividad en el seno de la vida social comunitaria, deben impulsarse las ideas y los argumentos que sustenten la voluntad de recuperar el dominio sobre las condiciones de vida y sobre la propia vida. Y eso, qué duda cabe, es ultra político en un momento en que el capitalismo niega la vida y que hace que los propios seres vivientes marchen al suicidio cuando consumen productos basura, cuando se entontecen mirando televisión o viendo matinales, cuando traicionan… La lucha por la vida y contra el capital, por la autodefensa de la vida, es el contexto histórico en cual es necesario y posible configurar -como práctica y como razón- nuevos valores colectivos.

Cada grupo tiene sus especificidades. Pero, suponiendo que ya hay una mínima cercanía y disposición a unirse, a construir juntos, creo que es más útil –antes que elaborar un protocolo moral- desarrollar, esforzarse por crear un ambiente en que puedan circular libremente los pensamientos argumentados (la razón) y los pensamientos espontáneos, impulsivos (las emociones). Algo así como desarrollar una subjetividad colectiva, un sujeto colectivo, a partir de la propia condición personal subjetiva y la condición social objetiva y universal de la cual no siempre los individuos son plenamente conscientes o pueden verbalizar. Se trata de avanzar progresivamente en la comprensión de que cada individuo, además de ser único, es también un ejemplar, una manifestación de una situación histórica común: del grupo, de la etnia, del género, de la clase y, en suma, de la misma humanidad. Comprender que la experiencia de cada uno es propia pero que está ineludiblemente ligada -y repetida en los demás-, permite dar paso a la razón política sobre la base de la universalización; ahí, la solidaridad, la generosidad, la honestidad, van haciéndose un modo de vida, una práctica cotidiana. Esta perspectiva, creo, es crucial, pues no queremos construir feligreses de una iglesia, acólitos de una religión o militantes sectarios de un partido, susceptibles de ser obligados y extorsionados moralmente. No. Se trata de anticipar los perfiles de hombres y mujeres que en relación y con los demás, sean capaces de tomar el destino colectivo e individual en sus manos, es decir, constituirlos en sujetos políticos y ojalá en sujetos humanos emancipados.

Como se dará cuenta, con todo esto he esquivado los problemas prácticos e inmediatos de la convergencia, de la convocatoria a la unificación de voluntades y fuerzas. Y ha sido así porque esos llamados, usted y todos, los hemos hecho una y otra vez y en cada ocasión hemos chocado con barreras hasta ahora insalvables. No sólo sectarismo, lo cual es inevitable, sino también indolencia y sordera, pero tal vez lo más grave, una carencia de sentido histórico que nos habilite para comprender el momento en que nos tiene sumido el capital, como si el ayer se nos pasara más rápido que el presente, que lo olvidamos tan veloz y completamente que una y otra vez volvemos a empezar como si no tuviéramos historia: nuevamente desde cero.

Por El Irreverente

Santiago, 20 de marzo de 2024. 

NOTAS

1. Véase, por ejemplo: “Análisis crítico de la coyuntura y los desafíos del pueblo frente al proceso constituyente”, publicado el 11 de mayo de 2021 en: https://edicioncero.cl/2021/05/analisis-critico-de-la-coyuntura-y-los-desafios-del-pueblo-frente-al-proceso-constituyente/ ↩︎
2. Voz chilena para referirse de forma despectiva a cualquier asunto. ↩︎
3. Ver Varios autores (2023): Narrativas de lucha y resistencia. Protagonistas del movimiento popular en el marco de los 50 años. Santiago: Editorial La Pajarilla. ↩︎
4. El Referente Político Social, RPS, fue fundado en febrero de 2021 en Concepción por un conjunto de organizaciones populares y asambleas autoconvocadas con el propósito de oponer una táctica popular autónoma al intento de salida por arriba a la crisis política precipitada en octubre de 2019. Esta táctica se planteó resistir activamente el desarme ideológico, la cooptación y la domesticación de las rebeldías desplegadas en la revuelta de octubre, que implicaba plegarse al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y su itinerario, maquinado por la elite y sus representaciones políticas. En una carrera contra el tiempo, el RPS enfrentó el período, cuyo momento cúlmine sería el plebiscito de salida de septiembre de 2022, desplegando a lo largo del país múltiples actividades de AGP, movilizaciones callejeras nacionales y barriales, debates populares, actividades formativas y de autogestión. En su Tercer Encuentro nacional realizado en Santiago el 1 y 2 de octubre de 2022, se tomó la decisión de cesar su funcionamiento en consideración a que su táctica, su militancia, su estructura orgánica y sus medios, útiles para afrontar el periodo anterior, resultaban insuficientes para el apuntalamiento de las tareas que se venían por delante. Véase Balance Público del Referente Político Social. 19 Meses de Lucha Popular (feb. 2021 – sept. 2022) en https://elporteno.cl/tag/referente-politico-social/ o alternativamente: https://cctt.cl/2022/10/07/chile-popular-el-rps-publicita-balance-y-anuncia-cierre-como-articulacion-politica-social/. ↩︎

Fuente: Contrahegemonía

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