FNE denuncia a empresas de gases industriales y medicinales de haberse coludido en tiempos de pandemia

A los pollos, el confort y las farmacias, se les suma un nuevo caso de colusión. En esta oportunidad, las empresas involucradas son Indura y Linde, quienes se dedican al rubro de los gases industriales y medicinales.

Según informó el Diario Financiero, las empresas que concentran un 77% del mercado nacional de gases industriales, medicinales y especiales, habrían firmado un «pacto de no agresión», y así mantener los clientes que ya abastecían con el compromiso de no disputarle estos a su principal competidora.

Así, según detalló la Fiscalía, se buscaba aumentar los precios cobrados a los clientes en pro de la política de rentabilización que ambas empresas perseguían.

Colusión en tiempos de pandemia

La Fiscalía detalla que el acuerdo entre ambas empresas tuvo su origen en noviembre del 2019, luego que Marcelo Torres, gerente general de Indura y Sergio Novelli de Linde, agendaran una reunión celebrada en el tradicional Café Tavelli de avenida Las Condes.

Entre los afectados figura todo el mercado que compromete tanto a aquellos que «se abastecen comprando cilindros a granel como a los que dependen de plantas situadas cerca de sus faenas», indica el medio, incluyendo el área medicinal.

Respecto a lo último, para el ente persecutor, esto «reviste una especial gravedad» debido a que coincidió con la pandemia del Covi-19 desatada en marzo del 2020 «donde el oxígeno medicinal jugó un rol clave en el tratamiento de dicha enfermedad y fue un insumo de primera necesidad para el correcto funcionamiento del sistema sanitario del país«.

La investigación de la Fiscalía comenzó en julio del 2019, logró interceptar llamadas y obtuvo registro de los llamados de los implicados, finalizando con el allanamiento de los domicilios de Torres y Novelli en enero del 2021.

Tras ello, Linde y sus gerentes se acogieron al programa de delación compensada, la cual «permite eximir o reducir las sanciones que establece la ley para quienes, habiendo intervenido en un cartel, entreguen antecedentes que conduzcan a acreditar la conducta y a determinar a sus responsables», señala la FNE.

En cuanto a las sanciones, la Fiscalía Nacional Económica solicitó una multa 37.860 UTA, es decir, poco más de US$31 millones para Indura, mientras que para su exgerente Marcelo Torres, asciende a 139 UTA, o sea, US$114.392.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, señaló que «la FNE puede afirmar con satisfacción que desbarató un cartel el pleno funcionamiento, utilizando todas y cada una de las herramientas que le confió el legislador«.