El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se sumó al llamado de los otros 31 mandatarios de todo el país para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no elimine la prisión preventiva oficiosa, pues advierten que esto representaría riesgos para la seguridad en México.
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Como parte de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario poblano incluyó su firma en la petición hecha por los mandatarios, incluyendo al jefe de gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, donde se dirigen a la ministra presidenta, Norma Piña, para que detenga su iniciativa.
En el texto, los mandatarios expusieron que víctimas de la delincuencia se verían afectadas, toda vez que la iniciativa contempla delitos de alto impacto, lo que quiere decir que se dejaría en libertad a personas denunciadas por homicidio, secuestro, violación y hasta narcomenudeo.
Defendieron la prisión preventiva oficiosa al asegurar que esta medida ayuda a garantizar el correcto desarrollo del proceso penal y el esclarecimiento de los hechos, por lo que consideraron que también se trata de una herramienta para combatir la delincuencia.
El documento, enviado al buzón judicial de la SCJN en calidad de Amicus Curiae (documentos que presentan personas ajenas a un litigio), indica que los gobernadores hacen la petición porque temen que esto tenga un impacto negativo a las entidades que gobiernan.
Afirmaron además que la decisión podría traer un colapso a los tribunales federales, ya que si se aprueba la iniciativa, se verían obligados a analizar todas las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La iniciativa para eliminar la prisión preventiva oficiosa deriva de un llamado hecho a México desde el año pasado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde pide al Poder Judicial del país suprimir esta figura por violar el derecho de presunción de inocencia y la libertad personal.
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación federal, Luisa María Alcalde Luján, la iniciativa que pretende eliminar la Suprema Corte no atiende otros problemas del sistema judicial de México, como la emisión de sentencias.
Foto: Agencia Enfoque
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