Esta semana se conmemoró el Día Internacional de las y los Trabajadores, desgraciadamente esta fecha de vital importancia para el mundo del trabajo cada vez pierde más sentido para una fracción no menor de trabajadores y trabajadoras que se incorporan al mundo laboral.
Se explica esto, porque durante las últimas décadas ha sido brutal la campaña desde el poder, desde quienes controlan los medios de comunicación, por vaciar de todo contenido aquello que se vincule con la historia y la lucha del movimiento obrero.
Al poder dominante no le conviene que, en el presente, los trabajadores jóvenes asocien todos los derechos que tienen con las luchas que en el pasado dieron otros por lograr que esos derechos puedan ejercitarse hoy.
Por eso mismo, adquiere relevancia recordar la historia cada vez que sea preciso, de forma que se tenga conciencia que nada, absolutamente nada, ha sido concesión o dádivas del poder dominante. Todos los derechos laborales que se pueden exhibir en la actualidad son consecuencia de esa larga historia de confrontaciones del movimiento sindical con la clase patronal.
Desde las jornadas laborales, la seguridad social, la protección a la maternidad -incluidos los fueros maternales-, los descansos dominicales, la protección a las jornadas nocturnas y el trabajo pesado, todo es consecuencia del esfuerzo, de la organización, unidad y movilización que, en distintos lugares del país, y también en otras latitudes, desarrollaron los trabajadores como clase para poder alcanzar mejores niveles de vida.
Si de la clase patronal dependiera, no tendríamos salario mínimo, las jornadas superarían las 12 horas diarias -como ocurría no hace mucho-, el trabajo infantil estaría permitido y las mujeres carecerían de toda protección durante la maternidad, es decir, seguiríamos viviendo bajo el yugo de una clase social que se ha resistido y aún, en el siglo XXI, se resiste a entregar a los y las trabajadoras una parte importante de la riqueza que les pertenece.
Esa es la historia, a pesar de muchos.
Lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es muy grave. Cuando la derecha de nuestro país, aprovechando la coyuntura por la trágica muerte de tres carabineros, arremete intentando imponer una norma sobre “Reglas de uso de la fuerza” (RUF), lo que en realidad persigue es evitar sancionar los excesos que puedan cometer las fuerzas policiales en actuaciones propias de su cargo.
Lo lamentable es que el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza ha desaparecido en este proyecto de ley, lo que es muy grave.
Según especialistas, eliminar este principio expone a la ciudadanía a ser víctima de una violencia desmedida como ya ocurrió en el estallido de octubre [2019]. Otro aspecto sorprendente de esta iniciativa, “es la amplitud con la que se regula el uso de la fuerza letal respecto de la infraestructura critica”, según expertos, al no quedar claro qué se entiende por infraestructura crítica. Mañana, podría esgrimirse para la protección de cualquier bien privado que sea objeto de controversia.
Al no quedar claro estos aspectos de esta norma y aprobarse, no es descabellado pensar que, en el futuro, en una huelga, por ejemplo, los trabajadores decidieran hacer uso de una herramienta histórica, se tomaran el medio de producción para exigir soluciones, los patrones auxiliados por el poder judicial podrían considerar ese medio (fábrica) como “infraestructura critica” y, en consecuencia, la policía, en uso de la fuerza podría aplicar “fuerza letal” contra dirigentes y trabajadores.
De allí que resulte muy importante en estos días mantenerse alerta. Hay toda una ofensiva por criminalizar la legitima protesta social; aceptar eso es lisa y llanamente retroceder décadas de historia solo para saciar el interés inmoral de una derecha y una clase empresarial que se acostumbró, después del golpe de Estado de 1973, a contar con todas las ilegitimas prebendas y granjerías obtenidas de un modelo económico y político profundamente desigual.
Desgraciadamente, esta estrategia encuentra en el propio Gobierno aliados para estos objetivos. Las desafortunadas declaraciones del presidente Gabriel Boric, que ya se convierten en algo permanente, facilitan el camino para que la derecha avance cada vez más sobre sus objetivos.
El respaldo entregado al General Yáñez constituye un gravísimo acto de evasión de la justicia y, además, una afrenta a cientos de miles de chilenos que salieron a expresar su descontento en octubre de 2019 contra la corrupción y la impunidad y sufrieron por parte de la policía la más brutal represión.
Hoy, la derecha no se contenta con poco, exige amnistiar a todos los policías involucrados en actos vulnerativos de derechos humanos ocurridos antes y durante la revuelta, lo que es francamente inaceptable.
Recordar la historia no es baladí, es importante; tanto la historia de hace años, como la reciente.
La de 1886 librada en Chicago que estableció la jornada de ocho horas que, en Chile, incluso después de 138 años, aún no se cumple cabalmente; como la más reciente, la de octubre de 2019, que puso en el centro del debate la reconquista de los derechos sociales arrancados en dictadura y que, hasta ahora, ha sido imposible recuperarlos, justamente porque existe una de las derechas más soberbias e intransigentes del planeta.
Por Luis Mesina
Columna publicada originalmente el 5 de mayo de 2024 en Politika.
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