Tras revelarse encuentros no registrados con industriales pesqueros gobierno dice que cumple la Ley de Transparencia

Parece que las reuniones de autoridades de gobierno para concordar políticas sectoriales con representantes empresariales o de gremios no se limitaban a la casa de Zalaquett. Según Ciper Chile, desde marzo de 2022 han habido 133 citas de ministros y subsecretarios que no fueron consideradas en el registro de lobby.

El medio de investigación a través de la Ley de Transparencia solicitó las agendas de 11 ministros y subsecretarios, pudiendo detectar encuentros con dirigentes gremiales y empresarios que no fueron registradas según ordena la normativa contra la corrupción en las instituciones públicas.

La Ley de Transparencia aprobada en 2014 exige declarar estas reuniones y los contenidos tratados entre las autoridades públicas y los representantes privados que buscó transparentar las gestiones del mundo privado sobre las autoridades públicas.

Ciper solicitó las agendas de ocho ministerios: Interior, Economía, Relaciones Exteriores, Trabajo, Minería, Energía, Obras Públicas, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile, además de la Subsecretaría de Pesca.

En donde hubo más reuniones sin registro fue en la Subsecretaría de Pesca, cuyo titular Julio Salas sostuvo 54 reuniones entre el 22 de enero de 2022 y el 29 de diciembre de 2023. Las primeras 6 de ellas fueron con representantes de la industria pesquera fueron realizadas el martes 22 y miércoles 23 de marzo de 2022, recién iniciado el gobierno de Boric.

Entre los visitantes de Salas estuvo la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), instancia que representa a las pesqueras más grandes del centro sur del país; Aspinor y representantes del Consejo del Salmón.

También llegaron a los encuentros con el subsecretario, representantes de empresas como Pacific Blu; Aqua Chile y Nova Austral, con procesos por fraude y daño ambiental esta última.

Pacific Blu es parte del conglomerado Blumar, cuyo directorio es dirigido por Rodrigo Sarquis Said, quien estuvo involucrado en los procesos por el financiamiento irregular de campañas políticas, además de ser primo de Pablo Zalaquett, acudiendo a su casa en noviembre de 2023 para una cena en la que también participaron los ministros de Economía, Nicolás Grau, y Maisa Rojas, de Medio Ambiente.

Las fechas coinciden con la tramitación de la actual Ley de Pesca, la que fue promulgada en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2013.

En el Ministerio de Energía se juntaron con representantes de Google y de la Fundación Chile. Y, según destacan en Ciper, la palabra “lobby” aparece en nueve reuniones, pero las autoridades consideraron que no fue necesario anotarlas.

La divulgación generó críticas en el sector político del mismo gobierno. La diputada Daniella Cicardini (PS), quien integra y fue presidenta de la Comisión de Pesca y Acuicultura, comentó que “me parece inconcebible que, a estas alturas, con una ley corrupta como es la Ley de Pesca vigente y con la posibilidad de enmendar el rumbo y corregir una mancha de corrupción que ha tenido este Congreso Nacional, se sigan haciendo estas malas prácticas”.

GOBIERNO RECONOCE ENCUENTROS PERO DICE QUE SON TRANSPARENTES

La primera respuesta de los funcionarios de gobierno a Ciper fue que no fueron consideradas para anotarlas como lobby al haber sido convocadas por las mismas autoridades, lo que exime su publicación. Sin embargo, según destacó Ciper, si bien esto es efectivo, en la práctica no dejan de ser encuentros entre autoridades y actores con algún grado de interés. “Con ello, el contenido, los participantes, la duración y el lugar de celebración de esas reuniones quedan fuera del escrutinio público”- destacan los periodistas.

Esta jornada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de las críticas diciendo que pese a no ser exigido por la ley del lobby, “varios ministros” aceptan la “publicación activa de su agenda”.

Sostuvo además que “hay subsecretarias muy activas en las conversaciones con grupos interesados, sean pescadores de la industria, pescadores artesanales o representantes de la misma industria. Y ahí hay otros casos donde, efectivamente, algunos no se transparentaron porque son solicitados proactivamente por la autoridad y la ley no exige esa transparencia”.

Pese a no concretarse en la práctica, como lo demostró el reportaje de Ciper, según Vallejo el gobierno de Boric tiene “una agenda de probidad y transparencia” ya presentada y que busca “reforzar los controles y las medidas o los estándares”.

“No sólo de transparencia activa del trabajo y la agenda de las autoridades públicas, sino que también de cómo evitar situaciones que de sentido común puedan ser consideradas lobby, pero que la ley no los considera lobby”, recalcó la vocera.

El Ciudadano