Autorizan exhumación del cuerpo de Pablo Marchant para una segunda autopsia
El homicidio contra Pablo Marchant Gutiérrez, quien fuese integrante de la CAM, ocurrió en el mes de julio del año 2021 en la comuna de Carahue, región de la Araucanía, al interior de un fundo de Forestal Mininco, en una presunta acción de sabotaje contra la empresa.
Los informes peritajes iniciales del Servicio Médico Legal (SML) señalaron que la causa de muerte de Marchat fue un «traumatismo encéfalo craneano (…) por herida con arma de fuego, escopeta», descartándose que fuese herido a corta distancia, sin embargo, nuevos informes periciales independientes, indicaron que, aproximadamente a las 17:30 horas del día 09 de julio del 2021, el agente de carabineros responsable de los disparos, “presumiblemente percutó su arma de servicio, con apoyo en la cabeza, ocasionándole su instantánea muerte, no sin antes haber recibido en contra de su cuerpo, previo al disparo que le causó la muerte, otro disparo en su hombro derecho, señalándose que Marchant fue ejecutado de rodillas”.
En medio de diligencias judiciales por parte de la abogada querellante en representación de la la madre del joven, finalmente el Juez de Garantía de Carahue concedió la autorización de la exhumación del cuerpo de Pablo Marchant Gutiérrez.
Ver video con testimonio de Patricia Cuevas Suárez
La abogada, señaló: “El día de hoy en el Juzgado de Garantía de Carahue, se llevó a efecto audiencia de autorización de la exhumación del cuerpo de Pablo Marchant Gutiérrez, quién fue asesinado a manos de agentes estatales en julio del año 2021, hace casi 3 años. La solicitud fue motivada por la querellante en representación de la familia de Pablo, en virtud a las múltiples contradicciones que existen entre lo referido por el SML en la primera autopsia, y lo afirmado por otros dos médicos forenses con amplias credenciales y experiencia en la materia: Los puntos clave están constituidos por la distancia del disparo efectuado al cráneo (y por la espalda) a la víctima, así como el origen de las otras lesiones de perdigones que presenta el lado derecho del cuerpo de Marchant, las cuales, según pericia del médico Ravanal Zepeda, necesariamente son producto de un disparo distinto al que le da la muerte a la víctima, de hecho, fueron provocadas por un disparo efectuado de frente a la víctima, lo que hace suponer que Pablo estaba herido, junto con ello, imposibilitado de utilizar la supuesta arma que cargaba el día de los hechos, y, finalmente fue ejecutado con el disparo en la nuca, que le provoca estallido craneal”.
Agrega la abogada querellante: “Todo lo anterior se suma a otras falencias de la investigación, como por ejemplo, que se lavó lo que quedó de cráneo, antes de efectuar las pericias correspondientes y se omitieron pruebas periciales indispensables en las vestimentas de la víctima, ello sumado a que quienes resguardaron el sitio del suceso fueron los mismos funcionarios imputados y múltiples otras circunstancias que hacen indispensable el desarrollo de esta segunda autopsia”.
Indica asimismo Patricia Cuevas: “El Estado de Chile, debió aplicar el protocolo de Minessota en la autopsia e investigación de la muerte de Pablo, lo que no ocurrió y lo solicitado por su madre se enmarca en el derecho a las víctimas al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, solicitando nada más y nada menos que se asegure que la investigación sea seria, objetiva, imparcial, eficiente y con la mayor diligencia que impone la ocurrencia de hechos tan graves como los mencionados, de lo contrario, el Estado Chileno incurre en responsabilidad internacional, más aún si lo que se investiga es una presunta ejecución extrajudicial”.
“Pese a que se autorizó la exhumación, existe resquemor por parte de la querellante, toda vez que esta quedó supeditada a un informe de factibilidad favorable, que deberá elaborar la PDI, sin embargo, no existen antecedentes concretos que se hayan aportado en cuanto a la sospecha de que vayan a ocurrir actos tendientes a evitar la realización de la misma, en ese sentido, se debe tener en consideración que no debiera tratarse a la víctima como un imputado, y que, no existen razones lógicas para pensar que se dificultará la diligencia, si es la misma familia la que necesita poder llegar a la verdad de lo ocurrido la noche del 09 de julio de 2021”, advirtió Cuevas Suárez.
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