En marzo pasado, el alcalde de la comuna de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave (UDI), recibió diversas criticas por participar de un «mujerazo», show que contó con la participación de un vedetto. Pero eso no es todo, a través de videos que circularon por redes sociales, se evidenció al jefe comunal bailando a las asistentes, mientras le gritaban «mijito rico» o «en pelota», lo que fue desmentido por Olave aunque refutó que tenía permiso de su «señora».
No obstante, esto no es lo único que complicaría al alcalde, puesto que, el 22 de abril de este año, la Contraloría General de la Republica emitió un Informe Final, que tuvo como objetivo investigar las contrataciones a honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria «Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios», y que hayan sido efectivamente devengadas y pagadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.
En dicho documento se verificó el pago a 56 prestadores de servicios por $213.523.353, quienes presentaron informes de actividades que no resultaron suficientes para acreditar fehacientemente el trabajo desarrollado, y la existencia de 19 erogaciones (reparticiones), por el monto de $12.480.665 de pagos por servicios que no contaban con los respaldos suficientes, que permitieran acreditar la efectiva ejecución de las labores.
«Se constató que la entidad edilicia presenta una diferencia de $363.630.416, entre los saldos de la conciliación bancaria y el mayor contable de la cuenta corriente (…) Se determinó la omisión de la suscripción del contrato a honorarios y el respectivo acto administrativo de aprobación, respecto de 12 prestadores de servicios (…) En relación a lo planteado en el punto cheques caducados, esa entidad comunal deber· acreditar la realización de los ajustes contables por la caducidad de los cheques observados en el anexo restituyendo la suma de $1.717.600», se lee en el informe al que el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso.
Es importante aclarar que esta fiscalización surgió a raíz de denuncias sobre posible sueldos ficticios y pagos de honorarios, a personas que presuntamente no cumplían con sus responsabilidades laborales o funciones, puesto que, los informes presentados estaban con errores e inconsistencias por parte de varios funcionarios, quienes no lograban justificar las labores por las cuales se les estaba pagando.
Finalmente, la entidad fiscalizadora en vista de los resultados de esta auditoría, remitió copia de este informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para su conocimiento y fines que en derecho correspondan.