«Trasladaba al alcalde y candidatos afines a él»: Exchofer demandó a Germán Codina (RN) por no pago de cotizaciones previsionales

El Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a la demanda en contra de Germán Codina por despido injustificado y no pago de cotizaciones previsionales, acción judicial que fue presentada ante el Juzgado de Letras y Trabajo de la comuna el 28 de febrero de este año. Pero, eso no es lo único que revela revela la acción judicial.

«Trasladaba al alcalde y candidatos afines a él»: Exchofer demandó a Germán Codina (RN) por no pago de cotizaciones previsionales

Autor: El Ciudadano

Jueves por la tarde, y en la esquina de Concha y Toro con Gabriela Poniente, se daba inicio al banderazo por la candidata a alcaldesa por la comuna de Puente Alto, Karla Rubilar, quien también fue ministra durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, en los afiches entregados a los transeúntes, se divisaba una fotografía del actual alcalde Germán Codina (RN) en compañía de Rubilar, haciendo énfasis en su apoyo a la candidata; lo cual ha generado cuestionamientos al interior del municipio debido a que Codina contrató a honorarios a Rubilar -abril de 2022- como coordinadora social, generando un gasto fiscal de más de 50 millones de pesos.

Pero, lo anterior no es lo único que ha generado polémica al interior de la Municipalidad de Puente Alto, puesto que, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a la demanda en contra de Germán Codina por despido injustificado y no pago de cotizaciones previsionales, acción judicial que fue presentada ante el Juzgado de Letras y Trabajo de la comuna el 28 de febrero de este año.

Según se lee en el documento, Waldo Henríquez comenzó a trabajar en el municipio el 1 de junio de 2011, quien fue contratado para ser «conductor», pero teniendo como funciones transportar, trasladar beneficios e inscribir a programas sociales a los habitantes de la comuna, debiendo cumplir con las actividades encomendadas por el alcalde u otras personas; cambiando sus funciones a jefe de la bodega municipal en el año 2023.

«La relación se estructuró bajo la modalidad a «honorarios», la verdad es que mi contratación jamás obedeció a una mera prestación de servicios de carácter civil ni tampoco a un servicio esporádico u ocasional (…) terminó por decisión de la demandada (municipio), por despido carente de causa legal, el 31 de diciembre de 2023. Es decir, se trata de una relación que se mantuvo por casi 13 años (…) Adicionalmente, se me encargaba como parte de mis servicios realizar todo tipo de traslados o movilización que requiriera el alcalde y los candidatos políticos a fines a éste», se lee en la demanda, en donde Henríquez también relató que en el 2023 cambiaron sus funciones unilateralmente, bajó el argumento de «sobresueldos», en el que no está involucrado.

En la acción judicial también se menciona que el horario laboral del exchofer era desde las 8:20 hasta las 17:20 horas, pero le exigían estar a las 7:00 horas, pidiéndole que en el libro de asistencia no debía indicar horario de entrada. Pero lo anterior, no era la única irregularidad en el caso de Waldo Henríquez.

«La Municipalidad demandada jamás pagó las imposiciones previsionales correspondientes al ahorro previsional (AFP), salud (Fonasa o Isapre) y seguro de cesantía por las remuneraciones que pagó durante estos casi 13 años, por concepto de la relación que nos vinculó (…) jamás pagó mis imposiciones previsionales», detalla el documento.

Respecto a esto, el pasado 4 de abril, la Dirección de Asesoría Jurídica envió un Memorándum Interno a Germán Codina, en la que le comentaron que el demandante solicita al tribunal la nulidad del despido, y que se paguen las prestaciones adeudadas por la suma de $39.641.472. No obstante, las partes exploraron la posibilidad de un avenimiento, en términos de considerar la base propuesta por el tribunal, por la suma única de $14.500.000, con el ánimo de terminar el proceso judicial, sin reconocer los hechos constitutivos de la demanda ni la relación laboral alegada.

Finalmente, la decisión del cierre de este proceso judicial recaía en el Concejo Municipal, quienes en su mayoría aprobaron, excepto el concejal Felipe Ossandón, quien consideró de suma preocupación las declaraciones del demandante respecto de su relación con el alcalde.


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