¿Justicia civil o militar?: Corte Suprema tiene la última palabra en Caso Franco Vargas

Durante la jornada de hoy, el Juzgado de Garantía de Arica decidió rechazar la petición presentada por la ministra en visita, Jenny Book, quien solicitó la inhabilitación del tribunal civil sobre la causa de Franco Vargas y los conscriptos afectados en la marcha de Putre.

Al no haber claridad sobre quién debe continuar con las diligencias, los antecedentes fueron remitidos a la Corte Suprema, quien deberá pronunciarse al respecto sobre si la causa continúa en la justicia civil o en la militar.

Palabras del juez

Según informó CNN Chile, el juez Juan Araya, expresó que  «no nos inhibiremos de seguir conociendo este asunto. En virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico Tribunal, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar«.

Además, agregó que «hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido, de que, por tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no son castrenses, sino que distintos y de mayor amplitud, como la dignidad de la persona humana, la dignidad y la vida, exceden el ámbito de la jurisdicción militar común».

Por otra parte, señaló que «hay una víctima que no es militar y la jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la fiscalía para proteger a las víctimas». Araya se refiere a Romy Vargas, madre del joven conscripto Franco Vargas, quien resultara muerto tras la fatídica marcha.

Una vez conocida la decisión, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, señaló que “estamos muy conformes con la resolución del tribunal. Hoy día ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país. Cuando la gente pregunta ‘¿los uniformados tienen derechos humanos?’, la respuesta es sí. Este es el mejor ejemplo. Estos jóvenes vieron gravemente vulnerados sus DD.HH. por una autoridad que cometió delitos contra ellos.