La sucia despedida de Piñera

La más polémica de las medidas se conoció el 10 de marzo, un día antes que Michelle Bachelet asumiera por segunda vez la primera magistratura del país. Aquel día el diario electrónico El Mostrador reveló que Piñera firmó –el 15 de enero- el Decreto Supremo (N° 14 de 2014) que, en lo sustancial, deroga el Decreto Supremo N° 77 (2004) que obligaba a todos los funcionarios públicos a conservar sus correos electrónicos por un periodo de 6 años, con el fin de “asegurar la constancia de la transmisión y recepción de información”.

El senador del izquierdista Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, expresó el 10 de marzo -mediante comunicado público- que la medida tomada por Piñera “es un hecho gravísimo” que “equivale a que se realice una fogón con los papeles. Pero en este caso es como si fuera una hoguera digital”.

Navarro señaló que como consecuencia del decreto de Piñera “los correos institucionales, documentos y oficios que forman parte de la historia de la gestión administrativa de las instituciones públicas podrán ser borrados, y esto podría ocurrir en todos los servicios y ministerios”.

Este parlamentario –que representa a la centrosureña Región del Bío Bío– aseguró que la decisión de eliminar información de gestión de gobierno no solo es una medida antidemocrática, sino que también es un delito”.

Pocas horas después que El Mostrador informara sobre el mencionado decreto, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Centro-Norte (Santiago), José Morales Opazo, envió un oficio a la Subsecretaría de Interior ordenando detener el borrado de correos.

Mediante comunicado público, la citada la Fiscalía Centro Norte informó que dicho oficio ratificaba la obligatoriedad que tienen los funcionarios de los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Urbanismo de preservar sus mails. El motivo: actualmente se realizan diversas investigaciones judiciales en dichas secretarías de Estado que podrían verse afectadas en el caso de aplicarse la comentada medida.

{destacado-1}

El presidente Piñera salió el mismo 10 de marzo a bajarle el perfil al alcance de su decreto al sostener –a periodistas congregados en La Moneda- que “los correos personales son personales, pero todo lo oficial naturalmente queda”. A pesar de sus explicaciones, el cuestionado decreto de Piñera empañó su salida de La Moneda al dejar abierta una interrogante: ¿Qué quería ocultar?

Medioambiente: el más perjudicado
Aunque la “hoguera digital” fue la medida de despedida que más llamó la atención no es la única y probablemente tampoco sea la más importante. Un día antes del cambio de mando la web de la corporación ecológica Ecoceanos, dio a conocer que Piñera, junto al ministro de Economía Félix de Amesti y al viceministro de Pesca Pablo Galilea, firmaron el Decreto Supremo N° 171, que autoriza a las empresas salmoneras a trasladar sus centros de cultivos de salmones –en zonas que fueron saturadas de contaminación por su accionar- a otros lugares sanitariamente limpios.

Esta medida venía siendo demandada desde hace meses por la patronal salmonera Salmon Chile, puesto que -desde su perspectiva- era necesaria para “disminuir los costos de producción y recuperar competitividad en el mercado internacional”. En entrevista con Apro el biólogo especialista en salmonicultura Héctor Kol señaló que la relocalización de salmoneras “responde a una urgencia de la industria por buscar sitios que estén libres de caligus, que comúnmente se conoce como ‘piojo de mar’, que es el vector que está generando gran dispersión de enfermedades altamente letales”.

Este biólogo –que se desempeña profesionalmente en la ecologista Fundación Pumalín– afirma que la “subsecretaría (viceministerio) de Pesca, con la irresponsabilidad que la caracteriza, diseñó este plan de relocalización que no es más que un fast track para que los centros salmoneros salgan de los sitios que ya contaminaron, facilitando la propagación de todo tipo de enfermedades y plagas, y ocupen nuevos sistemas ecológicos marinos que supuestamente están libres de caligus”.

No cabe ninguna duda que esta medida de Piñera implica dar un nuevo aire a una industria que ha destruido los sistemas ecológicos de vastas zonas del sur de Chile, dejando miseria y contaminación. Es importante subrayar, en este sentido, que de acuerdo al Informe Sanitario de la Industria Salmonera (Fundación Pumalín, 2012), las enfermedades en el mar “están fuera de control”, como señala el biólogo Kol, uno de los autores de este informe.

Este científico afirma que la situación en los cursos de agua dulce afectados por la salmonicultura también es desastrosa: “las aguas dulces con las que se abastecen las comunidades (humanas) que viven en las regiones australes del país, están contaminadas con virus y bacterias de la industria salmonera”.

Dice que son cientos los lagos y ríos infectados y contaminados debido a la instalación de pisciculturas de salmoneras. Entre estos menciona a los lagos Ranco, Rupanco, Natri y Tarahuín, todos de la Región de los Ríos.

Cabe señalar que, además de la plaga de piojos de mar, a la industria salmonera –que factura sobre los tres mil millones de dólares al año- le afectan brotes de la anemia infecciosa del salmón –mejor conocido como virus ISA-; y la enfermedad piscirickettsiosis que provoca gigantescas mortalidades.

Para combatir estas enfermedades las empresas salmoneras han recurrido a todo tipo de elementos químicos algunos de ellos prohibidos todo el mundo en salmonicultura como es el caso del cancerígeno cristal violeta y del antibiótico flumequina.

En la actualidad las empresas salmoneras se proponen –en un programa que se ha manejado con extremo sigilo- irradiar en los canales y fiordos marinos del sur de Chile rayos gama con el fin de detener la plaga de caligus. “El problema –señala Kol- es que estos rayos no son específicos para las larvas de caligus y van a generar muertes y mutaciones en el plancton y en la fauna marina”.
Cabe señalar que el daño ambiental provocado por la acuicultura intensiva de salmones ha sido tan grave que en muchas zonas –como ocurrió hace un lustro en el Estuario de Reloncaví (Región de Los Lagos)- casi desapareció el oxígeno del agua, y para mantener la producción salmonera fue necesario introducir artificialmente oxígeno.

Aunque grave, la relocalización de salmoneras no fue la única medida que atenta contra el medioambiente que dictó Piñera poco antes de partir.

Termoeléctricas
El presidente Piñera durante su campaña presidencial e incluso luego de asumir el poder fue sumamente crítico de las termoeléctricas. En su primera cuenta presidencial -realizada el 21 de mayo de 2010- llamó la atención sobre la creación de zonas de sacrificio en las comunas de Huasco (Región de Atacama), Tocopilla (Región de Antofagasta) y Puchuncaví (Región de Valparaíso) debido a la instalación de este tipo de centrales. “Las tragedias allí provocadas hablan mejor que mil palabras”, dijo.
Sin embargo, siendo completamente inconsecuente con este planteamiento, poco antes de abandonar el poder abrió un proceso de licitaciones que se plantea la venta o entrega en concesión de inmensas porciones del territorio nacional para diversos fines, entre ellos, para el desarrollo de proyectos termoeléctricos.

El 24 de diciembre se abrió una licitación para la entrega gratuita por parte del Estado de terrenos fiscales con el fin que se construyan centrales termoeléctricas.

Según se detalla en el documento Plan de Licitaciones 2014 del Ministerio de Bienes Nacionales, entre los sitios que se licitarán para el desarrollo de termoeléctricas se encuentra uno de 457 hectáreas ubicado junto a la costa en la comuna de Huara (Región de Tarapacá).

En el límite de las comunas de Tocopilla y Mejillones (Región de Antofagasta) se planifica la entrega en concesión de dos terrenos en el borde costero para el desarrollo de un megaproyecto termoeléctrico en superficies que totalizan 1141 hectáreas. “Se trata de planicies costeras que no superan los 20 msnm (metros sobre el nivel del mar), de baja pendiente, muy bien conectadas a través de la Ruta 1 y que enfrentan bahías abrigadas aptas para la construcción de infraestructura portuaria por extensión y batimetría”.

Sin que se haya hecho estudio ambiental alguno que respalde la siguiente aseveración, se señala que estos terrenos “son aptos para el desarrollo de proyectos energéticos convencionales integrados al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)”. Claramente se refiere a termoeléctricas. Los planes termoeléctricos son particularmente duros con la Región de Atacama, zona donde se desarrollan numerosos megaproyectos mineros –como Pascua Lama y El Morro– que no tienen garantizada la provisión de energía en caso que logren salir adelante.

En la costa de la comuna de Caldera el Gobierno abrió la licitación para concesionar tres terrenos que en total suman 1509 hectáreas. También se encuentran cerca de bahías aptas parta el desarrollo de puertos y –según lo planteado en las bases- serían aptos para el desarrollo de proyectos energéticos convencionales.

Cabe señalar que el plan de licitaciones del Gobierno considera la entrega en concesión o la venta de cientos de otros terrenos fiscales, ya sea para proyectos turísticos, inmobiliarios o industriales, además de los destinados a desarrollos energéticos.

En esta misma línea de favorecer los intereses empresariales antes de partir, el 12 de diciembre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó en el Diario Oficial, el Decreto N° 1 que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, permitiendo la construcción de grandes centros comerciales en barrios residenciales.

Hasta ahora la norma exigía que este tipo de proyectos se emplazaran frente a vías “estructurantes”, esto es: que tuvieran al menos 50 metros de ancho y ocho kilómetros de extensión. Con este decreto del Gobierno de Piñera, esta exigencia se elimina.

Según denunció el Colegio de Arquitectos de Valparaíso (según consta en nota publicada por el periódico La Otra Voz, el 21 de marzo) este decreto fue “un traje a la medida” de los mall’s de Castro y Valparaíso.

Estos centros comerciales se emplazaron en zonas contiguas a lugares que son Patrimonio Mundial de la Humanidad (la catedral de Castro y el casco histórico de Valparaíso) y motivaron la intervención de la Unesco que ha rechazado fuertemente su construcción.

Sin embargo, el 21 de marzo de 2013 la nueva ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, anunció que decidió dejar sin efecto este decreto.

Por Francisco Marín
El Ciudadano
* Esta nota fue publicada también por Agencia Proceso (Apro) de México.