La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud de desafuero de la diputada Ericka Ñanco, en el marco de la querella por injurias con publicidad presentada su contra por el gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas.
Rivas acusó a la parlamentaria de haber proferido al menos en tres oportunidades y contextos distintos, acusaciones difamatorias con el ánimo de injuriarlo al vincularlo directamente con presuntas irregularidades.
Sin embargo, el tribunal de alzada resolvió que los dichos de la diputada se dieron en su rol parlamentario, desestimando la apertura de una investigación en su contra.
La decisión se basó en un detallado análisis de los hechos y legalidades involucradas en el caso, concluyendo que, en el ejercicio de su cargo parlamentario, la diputada Ñanco actuó conforme a sus responsabilidades y que las expresiones vertidas por ella no constituyen injurias ni calumnias según la normativa vigente.
Tras el rechazo del desafuero, la parlamentaria agradeció «la transparencia y diligencia con la que se ha llevado a cabo dicho proceso legal, reafirmando el respeto por la independencia y libertad de opinión de los representantes electos por la ciudadanía».
A través de un comunicado, hizo un llamado al gobernador Luciano Rivas para no hacer perder el tiempo a los ministros de la corte de Apelaciones y a ella misma «mal utilizando el poder judicial para instalar sus puntos políticos».
«(Ojalá) demostrara estar ocupado y preocupado de esclarecer a la ciudadanía qué pasó con esa enorme suma de dinero que actualmente está siendo investigada y que presuntamente vendría de convenios que él habría firmado con distintas instituciones. Todas materias que están siendo investigadas por la Justicia en el marco del caso Convenios», planteó Ñanco.
Asimismo, compartió un video en sus redes sociales en el que señaló que el “el gobernador (Rivas) fue por lana y salió trasquilado”.
“La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó su solicitud de desaforarme por haberlo fiscalizado en la investigación del supuesto mal uso de $44.500 millones por parte del Gobierno Regional de La Araucanía”, enfatizó.
“Seguiré ejerciendo mi rol de fiscalización mientras existan indicios de irregularidades en las instituciones públicas, porque para eso me ha mandatado la ciudadanía y la Constitución me lo ampara”, aseguró.
Por su parte, el abogado de la parlamentaria, Jaime Winter, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y destacó que el alto tribunal “no solo rechaza el desafuero, sino que reconoce expresamente la falta de fundamento de la acción, estableciéndose que todos los dichos fueron emitidos en el marco de la labor parlamentaria de la diputada y que estaba basado en fuentes públicas reconocidas”.
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