Denuncian a gobernadora de Coquimbo por exigir dinero a funcionarios para «financiar campaña» bajo amenaza de despido

La gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo (independiente), fue denunciada ante la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional por presuntamente haber, extorsionado a funcionarios de confianza, a quienes les habría solicitado dinero bajo amenaza de despedirlos si no lo hacían.

La acción fue interpuesta por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), luego de que un grupo de trabajadores y extrabajadores del Gobierno Regional acudieran a él para relatarle que estos «aportes» -que salían de sus propios sueldos ypartían en 50 mil pesos mensuales- eran recaudados por la administradora Karina Aguirre y estaban destinados a financiar la campaña de Naranjo a la reelección.

«Los hechos denunciados por exfuncionarios y ratificados también por algunos funcionarios (actuales del GORE) me dieron cuenta de estas irregularidades, donde supuestamente se estaba solicitando parte de las remuneraciones para financiar eventuales campañas políticas», explicó Fuenzalida, citado por Radio Cooperativa.

«Revisando los antecedentes y respaldándolos, decidí poner en conocimiento de la Fiscalía Nacional Anticorrupción del Ministerio Público estas denuncias, que se me hicieron llegar en mi calidad de parlamentario y específicamente en mi calidad de fiscalizador de los actos (de autoridades públicas)», señaló.

El gremialista estimó que «los hechos denunciados son graves y tienen sustento», y valoró «que la Fiscalía haya iniciado la investigación de rigor».

«Espero que esta investigación sea rápida, expedita, de manera de tener resultados concretos lo antes posible, porque la situación denunciada es gravísima», enfatizó Fuenzalida, quien fue intendente de Coquimbo entre los años 2013 y 2014. durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

“No solicitaba los dineros directamente»

En conversación con Diario El Día, un trabajador que prefirió mantener en resguardo su identidad, relató que “si no pagas te amenaza con despedirte».

De acuerdo a otros testimonios protegidos, la situación se transformó en una presión constante para su equipo de confianza, quienes debían aportar dinero de su sueldo base o bonos, especialmente aquellos beneficiados con la Función Crítica.

“No solicitaba los dineros directamente, sino que lo hacía con terceros de confianza”, señalaron al medio citado.

De acuerdo con la denuncia presentada por el diputado Fuenzalida ante la Fiscalía, la gobernadora Naranjo habría extorsionado mediante el cobro de dineros a algunos funcionarios de su gabinete y a personal a honorarios, a cambio de mantenerlos trabajando en el gobierno regional. Esta situación se vendría registrando aproximadamente desde julio de 2023, cuando decidió ir a la reelección del cargo para lo cual dijo necesitar financiamiento. 

En esa oportunidad, la autoridad habría reunido al ahora ex jefe de Gabinete, a la Administradora Regional, al exjefe de Prensa y a los jefes de División de Administración y Finanzas; Desarrollo Social y Humano; Planificación y de Presupuestos, para informarles que, a partir de ese momento ella rotaría los cuatro bonos de asignación crítica de un millón de pesos cada uno, entre la Administradora Regional, el jefe de prensa y jefes de división, para lo cual debían de pagarle $500 mil mensuales cada uno para su campaña.

Según uno de los denunciantes, el ex jefe de gabinete, en calidad de honorarios, debía pagarle $50.000 mensuales, «ya que no tenía derecho al citado bono y el ingreso remuneracional era muy bajo comparado con el resto de las jefaturas”,

El documento ingresado a la Fiscalía plantea que este mecanismo se hizo extensible al entonces encargado de redes sociales (quien también recibiría el bono de asignación crítica) y a la jefatura de la Oficina del Agua y su equipo. Así como a la responsable de protocolo y otros funcionarios como, el jefe Jurídico, y jefes de Infraestructura y Transportes, y al jefe de Fomento e Innovación.

Como parte del «modus operandi», la gobernadora habría designado como “recaudadora” a una funcionaria de confianza, quien recolectaría los dineros por mano, para luego entregárselo en efectivo a la gobernadora, lo cual habría sucedido. tanto en la casa fiscal que utiliza, como en la oficina del GORE. 

“La mayor cifra responde a quienes reciben ‘función crítica’, de un millón de pesos adicionales al sueldo. Cifras menores corresponde a lo que exige especialmente a los funcionarios a honorarios. Si no pagas te amenaza con despedirte. Según dice, esa plata la ocupa en su campaña”, afirmó uno de los trabajadores contactados por el medio citado, estimando que por esta forma recibiría, al menos, unos 2,5 millones de pesos mensuales adicionales a su sueldo como gobernadora.

Represalias por no entregar la plata

Según la denuncia consignada por Diario El Día, la negativa a efectuar los pagos por parte de los funcionarios, habría implicado una rebaja en los sueldos a honorarios» (aludiendo que DIPRES no había financiado a estos trabajadores) y en una constante denostación, malos tratos, invisibilidad funcionaria, persecución política e impedimento para ejercer las funciones contratadas de quienes rechazaron ser parte de este ilícito», entre quienes figuran el ex jefe de Gabinete y la encargada de protocolo.

Hasta diciembre del año pasado, se estima que Naranjo habría recibido un mínimo de $10 millones, práctica que habría continuado utilizando con sus nuevas contrataciones para su equipo de gabinete.

Los antecedentes también fueron ingresados a la Contraloría Regional el pasado  1 de abril, de manera presencial, en la oficina de partes. 

En dicho escrito se da cuenta de un actuar que podría constituir graves faltas a la probidad, sin embargo, cabe señalar que la indagación aún está en etapa preliminar.

Diario El Día indicó que intentó contactarse con el equipo cercano de Krist Naranjo, pero hasta el momento de publicar el reportaje no habían emitido una declaración respecto a las denuncias.

Cabe recordar que en agosto de 2023, la Contraloría General de la República, sancionó a Naranjo, tras comprobar que en varias ocasiones del año 2021 y 2022, la autoridad regional hizo mal uso del vehículo fiscal.

En esa oportunidad fue suspendida durante tres meses del cargo, recibiendo además el  descuento del 50% de su remuneración.

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