Tres diputados argentinos de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron una denuncia contra el presidente Javier Milei y Francisco Sánchez, responsable de las relaciones con la Santa Sede, por el uso indebido de fondos públicos en un viaje estrictamente personal a España.
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La denuncia, interpuesta por los legisladores Fernando Carbajal, Pedro Jorge Galimberti y Manuel Ignacio Aguirre, acusa a Milei de malversación de caudales públicos, estafa y defraudación contra la administración pública.
Aguirre, uno de los denunciantes, señaló que «es inadmisible que se utilicen recursos del Estado para financiar viajes privados y actividades personales, desviando fondos que deberían destinarse al beneficio de la ciudadanía». La denuncia surge después de que Milei asistiera a un evento organizado por Vox y se reuniera con empresarios españoles en Madrid la semana pasada.
En un mensaje en su cuenta de la red social X, Aguirre subrayó la necesidad de una «investigación exhaustiva» para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Este caso se suma a una denuncia previa presentada el 17 de mayo por el diputado Gabriel Solano del Partido Obrero de Buenos Aires, quien también acusó a Milei y a su hermana, Karina Milei, secretaria general de Presidencia, por los mismos cargos.
El Gobierno de Argentina reconoció que la visita de Milei a España podría considerarse «privada» en términos diplomáticos, aunque aclaró que evita usar este término para evitar malentendidos, ya que la agenda del presidente incluyó reuniones de interés nacional con empresarios. Sin embargo, la denuncia sostiene que se utilizaron fondos públicos para pagar un pasaje en primera clase y otorgar dietas generosas a Francisco Sánchez, secretario de Culto, por una misión de seis días.
Este incidente generó una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en la administración de Milei.
Los diputados de la UCR han instado a las autoridades a investigar a fondo estos hechos y a tomar las medidas necesarias para prevenir futuros abusos de poder y malversación de recursos públicos.
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