Hasta el 31 de marzo las manifestaciones han derivado en la ocurrencia de 40 muertes. Según un informe de la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez –dado a conocer el 8 de marzo- de las 21 muertes ocurridas hasta entonces en el marco de dichas protestas, cuatro fueron provocadas “por funcionarios de organismos de seguridad, que están privados de libertad y con investigaciones en curso”. La casi totalidad de las restantes fueron atribuidas a manifestantes violentos que dejaron trampas mortales en las calles o que balearon a personas que retiraban barricadas.
Es lo que ocurrió con la chilena Giselle Rubilar –hija de partidarios de Allende que vivieron (y viven) su exilio en Venezuela– quien la noche del 8 de marzo fue herida de muerte por manifestantes opositores mientras, junto a un grupo de vecinos, retiraba escombros y basura en la Avenida Los Próceres, de la andina ciudad de Mérida.
El miércoles 19 un miembro de la guardia nacional bolivariana fue baleado mientras intentaba disolver una manifestación en San Cristóbal (estado de Táchira), y un trabajador municipal de Caracas recibió un disparo mientras limpiaba una barricada en un barrio de clase media. Hasta ahora ya son cinco los miembros de la guardia nacional asesinados por “manifestantes”, si es que puede llamarse de esa manera a quien comete este tipo de crímenes.
Las protestas fueron lideradas en sus orígenes por el exalcalde de Chacao (zona acomodada de Caracas) y jefe del partido Voluntad Popular Leopoldo López. Según este mismo reconoció, estas buscaban derrocar al presidente constitucionalmente electo, Nicolás Maduro. Hoy López está detenido por la justicia venezolana quien lo investiga por “complot” e instigación a la violencia.
El accionar golpista de la oposición venezolana tiene lugar menos de un año después que el pueblo venezolano eligiera a Maduro como presidente y a sólo dos meses que el oficialista Gran Polo Patriótico alcanzara un amplio triunfo en las elecciones municipales, en las que obtuvo el 55% de los votos.
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Como en Chile
Es adecuado apuntar que el libreto desestabilizador utilizado hoy contra la patria de Bolívar es similar al usado contra la Unidad Popular, de Chile. En nuestro país, el golpismo se desenfrenó después de las parlamentarias de marzo de 1973. Entonces las fuerzas reaccionarias –de Chile y Estados Unidos- constataron que por la vía institucional no podrían destituir al gobierno del presidente Salvador Allende. Esto, porque los partidos de oposición (Nacional y Democratacristiano) no obtuvieron los dos tercios de congresistas necesarios para hacerlo.
En Venezuela -como antes ocurriera en Chile- los grandes empresarios que manejan la distribución de alimentos generaron desabastecimiento, con el fin de desencadenar malestar social.
Por otra parte, abusando de la libertad de expresión existente, los medios derechistas se han sumado a la sublevación. Han mentido sobre la real situación de los derechos humanos intentando aislar, nacional e internacionalmente, al Gobierno del presidente Maduro. Ha sido común que informen de supuestos abusos de la Guardia Nacional Bolivariana utilizando para ello imágenes de la represión en otros países, fundamentalmente de Chile. Pero han ido más allá: abierta y continuamente han llamado a derrocar al Gobierno constitucional. El 11 de febrero el diario El Nacional tituló en portada: “Nos mantendremos en la calle hasta el final del Gobierno”. Esto no es la excepción sino la regla.
La oposición venezolana cuenta con muchos otros medios escritos de circulación nacional –como El Universal– además de varios canales de Televisión, entre ellos el norteamericano CNN. Sin embargo, ha puesto el grito en el cielo por la expulsión de un canal colombiano que abiertamente apoyaba la tentativa golpista de la derecha fascista venezolana. Afirman que no hay libertad de expresión en circunstancias que en el país de Bolívar y Andrés Bello hay tres mil radios comunitarias -de todos los signos- las que cuentan con financiamiento estatal.
Ya quisiéramos en Chile la libertad de expresión que hay en Venezuela. Como nos gustaría tener al menos un diario y un canal que divulgaran con transparencia las injusticias del modelo neoliberal, que fuera de oposición a este sistema de injusticia en que se convirtió Chile tras el golpe militar.
El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano tiene una frase que grafica muy bien el proceder de las derechas respecto de lo que ocurre en Venezuela con la prensa: “¡Qué extraño resulta utilizar la libertad de expresión para denunciar que no hay libertad de expresión!”.
La derecha chilena, olvidando la participación culposa que tuvieron en el golpe que derrocó al presidente Allende e instauró una dictadura genocida, se ha mostrado solidaria con la desestabilización golpista que hoy ocurre en Venezuela. Afortunadamente la realidad quiso que esta postura –que en el fondo es la de la elite gobernante de Estados Unidos a la que sirven desvergonzadamente- hoy sea minoritaria en el hemisferio americano.
El viernes 7 de marzo el Consejo Permanente de la OEA aprobó una declaración conjunta en que “reconoce y respalda” el diálogo iniciado por el gobierno de Venezuela, solicitando su continuación. También llamó al respeto de los derechos humanos y expresó su posición contraria a la intervención en los asuntos internos del país.
Resulta revelador del cambio de los equilibrios políticos regionales, el hecho que 29 países respaldaron esta posición solidaria con Venezuela y sólo tres estuvieron en contra: Canadá, Panamá y Estados Unidos. Es decir, Washington -que buscaba aislar políticamente a Venezuela en la perspectiva de abrir paso a una intervención en sus asuntos- obtuvo un brutal portazo en sus narices. De esta manera pudo constatar que su voluntad imperialista ya no encuentra respaldo en América Latina y el Caribe, ni siquiera en la OEA, organismo que otrora manejaba a su antojo.
Reforzando la posición de Caracas, los países de UNASUR también apoyaron al Gobierno del presidente Maduro. En un consejo extraordinario realizado en Santiago el 12 de marzo, los cancilleres de los países sudamericanos acordaron crear una comisión integrada por ellos mismos, que se apersonaría en Caracas con el fin de contribuir con las autoridades y el pueblo venezolano a facilitar un diálogo pacífico y constructivo. Esto ya se concretó.
En este sentido cabe destacar que, a diferencia de la posición crítica con el gobierno venezolano expresada por Chile cuando gobernaba Piñera, la presidenta Michelle Bachelet ha sido clara en condenar los esfuerzos desestabilizadores. Esta es la primera gran muestra del giro latinoamericanista que está tomando la política exterior chilena bajo el nuevo Gobierno.
El codiciado petróleo
Al constatar el nivel de la conspiración existente contra el gobierno democráticamente constituido en Venezuela, cabe preguntarse el por qué de todo esto. Y, aunque pueden haber muchas explicaciones, sin duda que la principal razón debe encontrarse en el hecho que la República Bolivariana de Venezuela puso el petróleo (gestionado por la estatal PDVSA) al servicio del desarrollo económico de su pueblo y no de las empresas trasnacionales que estaban a punto de apropiárselo.
Cuando Chávez llegó al poder -en 1999- “el oro negro” se vendía “regalado” a 7 dólares. No se puede olvidar que una de las primeras tareas de Chávez fue recorrer las capitales de los países miembros de la OPEP, consiguiendo regular la producción de este hidrocarburo lo que derivó en un aumento casi inmediato de los precios.
Cabe tener presente que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Según estadísticas de la OPEP estas alcanzan 297 mil millones de barriles. Venezuela produce al día 3 millones de barriles, cuyo precio en la actualidad bordea los 100 dólares.
La hipótesis de una intervención de Estados Unidos en Venezuela con fines bélicos no es antojadiza. Allende y la revolución chilena fueron masacradas fundamentalmente por atreverse a nacionalizar el cobre. Washington inició hace una década una guerra contra Irak con el aparente objetivo de combatir el terrorismo. Pero como ha quedado establecido la principal finalidad fue controlar la inmensa riqueza hidrocarburífera de este país asiático.
Sin embargo, tenemos la convicción que la potencia del norte esta vez no podrá derrotar los sueños de verdadera independencia como hizo en Chile hace cuatro décadas. El pueblo venezolano vencerá, entre otras razones, porque sus fuerzas armadas se encuentran comprometidas con el proceso revolucionario.
Chile puede hacer mucho por evitar que el sueño bolivariano sea aplastado. Debemos apostar por la amistad y la integración. No olvidemos que por mantenernos alejados de la Venezuela de Chávez, hemos gastado innecesariamente cientos y quizás miles de millones de dólares, al ir a buscar gas y petróleo a lejanos países como Arabia Saudita. Hasta ahora no se ha entendido que una relación integradora con Venezuela nos traería muchos beneficios energéticos justo en momentos en que los valores de los combustibles se hacen insoportables para nuestra población. Por supuesto, Chile también mucho que aportar a Venezuela para favorecer esta integración.
Defender a Venezuela y su desarrollo democrático no es defender la figura de Chávez o la de Maduro, sino sostener la opción que tiene un país hermano de forjar su propio camino, de apostar por un desarrollo independiente y no subordinado.
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