El Servicio Médico Legal (SML) anunció este miércoles que abrirá un sumario sobre el peritaje realizado por la psiquiatra y ex senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en el Caso de la Matanza de San Rosendo y Laja, en la Región del Biobío.
En concreto Van Rysselberghe efectuó informe psiquiátrico a un condenado por este crimen ocurrido en septiembre de 1973 en las comunas de Laja y San Rosendo durante la dictadura.
Se trata del sargento en retiro de Carabineros, José Otárola Sanhueza, de 82 años de edad, quien en marzo pasado fue condenado 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los delitos de homicidio calificado de 19 personas.
La polémica se suscitó luego de que el ministro en visita, Carlos Andana, solicitara al SML de Concepción realizar un examen psiquiátrico sobre el estado mental del ex uniformado, tras una petición de su defensa, que pide bajar su condena-que cumple en la cárcel El Manzano- por presentar una patología mental.
Sin embargo, el abogado querellante, Patricio Robles, cuestionó el peritaje realizado por Van Rysselberghe, en el que declararía imposibilitado mentalmente a Otárola para cumplir su condena, argumentando que la psiquiatra no fue contrada para causas de Derechos Humanos (DDHH).
A través de un comunicado, la Dirección Nacional del SML indicó que Van Rysselberghe fue contratada el pasado 18 de julio, con el propósito de realizar peritajes considerados como brechas entre el 2018 y el 2022 para casos criminales.
Sin embargo, ratificó que «los peritajes vinculados a violaciones de DD.HH. en dictadura no corresponden a dicho Plan de Brechas».
Por ello, confirmó que «esta Dirección Nacional ha instruido la realización de un sumario administrativo para esclarecer las razones por la que fue asignado este peritaje a la mencionada profesional, y para determinar las posibles responsabilidades en esta situación».
Asimismo, anunció que a partir de esta fecha, todas las investigaciones sobre causas de violaciones a los Derechos Humanos y los peritajes solicitados serán coordinados desde el nivel central de la institución a través de subdirección médica.
Con estas medidas, el Servicio Médico Legal indicó busca asegurar la transparencia y la adecuada asignación de responsabilidades en los casos de violaciones a los Derechos Humanos.
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